Ex comandante de zona militar en Puebla señalado en acusación de EU por nexos con el Cártel de Sinaloa
El general Gerardo Mérida Sánchez, quien ocupó el cargo de jefe de la XXV Zona Militar en Puebla entre 2021 y 2022 durante el inicio del gobierno estatal, figura entre las personas acusadas por autoridades de Estados Unidos en una causa relacionada con el narcotráfico. La imputación, presentada en una corte federal de Nueva York, vincula a Mérida Sánchez con una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. De acuerdo con los cargos, se le señala por haber aceptado sobornos y proporcionado información sobre operaciones de seguridad que habrían permitido el traslado de drogas y evitado detenciones.
Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una trayectoria en el Ejército Mexicano que incluye comandancias en diversas zonas militares del país, como Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca, además de haber dirigido la Escuela Militar de Inteligencia. Posteriormente, asumió el puesto de secretario de Seguridad Pública en Sinaloa en octubre de 2023, cargo que ocupó hasta finales de 2024. En la acusación estadounidense se menciona que, en su rol de funcionario de seguridad, habría filtrado rutas de patrullaje y horarios de operativos a integrantes del grupo criminal, recibiendo pagos mensuales a cambio de esa colaboración.
La imputación forma parte de un expediente más amplio que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales. Las autoridades de Estados Unidos señalan que los acusados habrían participado en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, así como en delitos relacionados con armas. Hasta el momento, no se han registrado detenciones derivadas de esta causa en México y las autoridades mexicanas han indicado que analizarán la información proporcionada por el gobierno estadounidense.
Este caso ha generado atención en el ámbito de la cooperación bilateral en materia de seguridad, al involucrar a un exmando militar con experiencia en zonas de alta incidencia delictiva. La XXV Zona Militar, con sede en Puebla, cubre regiones del centro del país donde se han implementado estrategias de contención al crimen organizado durante el periodo en que Mérida Sánchez estuvo al frente. Las investigaciones continúan en ambos países sin que se hayan emitido resoluciones definitivas sobre las acusaciones.
El general Gerardo Mérida Sánchez, quien ocupó el cargo de jefe de la XXV Zona Militar en Puebla entre 2021 y 2022 durante el inicio del gobierno estatal, figura entre las personas acusadas por autoridades de Estados Unidos en una causa relacionada con el narcotráfico. La imputación, presentada en una corte federal de Nueva York, vincula a Mérida Sánchez con una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. De acuerdo con los cargos, se le señala por haber aceptado sobornos y proporcionado información sobre operaciones de seguridad que habrían permitido el traslado de drogas y evitado detenciones.
Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una trayectoria en el Ejército Mexicano que incluye comandancias en diversas zonas militares del país, como Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca, además de haber dirigido la Escuela Militar de Inteligencia. Posteriormente, asumió el puesto de secretario de Seguridad Pública en Sinaloa en octubre de 2023, cargo que ocupó hasta finales de 2024. En la acusación estadounidense se menciona que, en su rol de funcionario de seguridad, habría filtrado rutas de patrullaje y horarios de operativos a integrantes del grupo criminal, recibiendo pagos mensuales a cambio de esa colaboración.
La imputación forma parte de un expediente más amplio que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales. Las autoridades de Estados Unidos señalan que los acusados habrían participado en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, así como en delitos relacionados con armas. Hasta el momento, no se han registrado detenciones derivadas de esta causa en México y las autoridades mexicanas han indicado que analizarán la información proporcionada por el gobierno estadounidense.
Este caso ha generado atención en el ámbito de la cooperación bilateral en materia de seguridad, al involucrar a un exmando militar con experiencia en zonas de alta incidencia delictiva. La XXV Zona Militar, con sede en Puebla, cubre regiones del centro del país donde se han implementado estrategias de contención al crimen organizado durante el periodo en que Mérida Sánchez estuvo al frente. Las investigaciones continúan en ambos países sin que se hayan emitido resoluciones definitivas sobre las acusaciones.
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