Gobiernos panistas manipularon cifras de inseguridad en Puebla
José Luis García Parra, coordinador del Gabinete Estatal, señaló que durante las administraciones panistas, particularmente en el gobierno de Rafael Moreno Valle entre 2013 y 2018, se implementaron medidas que afectaron el registro de denuncias delictivas. Según las declaraciones, se procedió al cierre paulatino de agencias del Ministerio Público en diferentes puntos del estado. Esta acción limitó los espacios físicos disponibles para que la ciudadanía presentara carpetas de investigación.Como resultado, se generó una reducción artificial en las estadísticas oficiales de incidencia delictiva, al dificultar el acceso de los poblanos a los servicios de procuración de justicia. García Parra indicó que cada año durante ese periodo se eliminaron lugares destinados a la recepción de denuncias, lo que impactó directamente en los indicadores reportados.El funcionario presentó esta información durante una rueda de prensa posterior al informe de la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt. En contraste con las prácticas anteriores, se destacó la apertura actual de más puntos de atención para denuncias, incluyendo las Casas Carmen Serdán, donde operan agentes del Ministerio Público especializados en atención a mujeres víctimas de violencia.En el primer cuatrimestre de 2026 se registró una disminución de 2.1 por ciento en 17 delitos de alto impacto, lo que equivale a 601 casos menos en comparación con el mismo periodo de 2025. Entre las reducciones más notables figuran el feminicidio, que pasó de nueve a tres casos, y el homicidio doloso, con una baja de 18.4 por ciento. También se reportaron disminuciones en robo de vehículo y robo a transportista.García Parra enfatizó que estos resultados forman parte de los mejores registros de los últimos cinco años y consolidan los avances en materia de seguridad. La estrategia actual mantiene la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF y la Secretaría de Gobernación para continuar con la reducción de la incidencia delictiva.Las acciones de las administraciones pasadas se describieron como limitantes para el registro real de los delitos, mientras que el enfoque presente busca facilitar el acceso a la justicia y reflejar con mayor precisión la situación en la entidad.Este panorama muestra diferencias en el manejo de los indicadores de seguridad entre periodos de gobierno. La información presentada por José Luis García Parra subraya el impacto de la infraestructura de procuración de justicia en las cifras oficiales y la importancia de mantener espacios accesibles para las denuncias ciudadanas.La coordinación institucional se posiciona como elemento clave para los resultados reportados en 2026, con énfasis en el trabajo operativo permanente entre dependencias. Las declaraciones se enmarcan en el contexto de avances en delitos prioritarios y en la atención especializada a víctimas.
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