Jueza Suspendida Gana Amparo y Obliga al Pago de Salarios Pendientes
Sandra Lucía Perea Iturriaga, quien se desempeñaba como jueza de lo Civil y lo Penal en el distrito judicial de Tecamachalco, obtuvo un amparo que ordena el pago completo de los salarios que le adeudan desde hace 18 meses tras su suspensión de funciones por el Consejo de la Judicatura. La suspensión se aplicó a partir del 4 de octubre de 2024 a solicitud de la magistrada Araceli Cabido, por supuestos hechos ilegales dentro del expediente 1166/2019. Desde esa fecha, Sandra Lucía Perea Iturriaga solo recibía el 30 por ciento de su sueldo, lo que motivó su reclamo por dilación en el proceso de reinstalación y pago integral de sus percepciones.
El amparo resuelto obliga al órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de Puebla a cubrir la totalidad de los salarios pendientes. Esta determinación judicial adquiere relevancia en el contexto actual, ya que la magistrada Araceli Cabido, quien participó en la solicitud de suspensión, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia. La jueza Sandra Lucía Perea Iturriaga cuestionó en su recurso la negativa del Consejo de la Judicatura para reinstalarla de manera inmediata y liquidar los montos correspondientes a su remuneración completa.
El procedimiento de amparo destaca las tensiones entre las decisiones del Consejo de la Judicatura y los derechos laborales de los servidores judiciales. La resolución ordena no solo el pago retroactivo, sino también el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suspensión provisional aplicada en octubre de 2024. Este caso forma parte de los litigios que involucran a integrantes del Consejo de la Judicatura y cuestionan los procedimientos disciplinarios internos en el Poder Judicial de Puebla.
Sandra Lucía Perea Iturriaga mantiene su reclamación para lograr su reinstalación plena en el cargo y el pago de todas las cantidades adeudadas. Las autoridades del Poder Judicial deben ahora ejecutar la sentencia del amparo y regularizar la situación laboral de la jueza. El expediente continúa en trámite mientras se cumplen los plazos establecidos por la autoridad federal para el pago de los salarios retenidos durante los últimos 18 meses. Este tipo de resoluciones judiciales marcan el curso de las controversias entre servidores del sistema de justicia estatal y el órgano encargado de su disciplina.
El amparo resuelto obliga al órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de Puebla a cubrir la totalidad de los salarios pendientes. Esta determinación judicial adquiere relevancia en el contexto actual, ya que la magistrada Araceli Cabido, quien participó en la solicitud de suspensión, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia. La jueza Sandra Lucía Perea Iturriaga cuestionó en su recurso la negativa del Consejo de la Judicatura para reinstalarla de manera inmediata y liquidar los montos correspondientes a su remuneración completa.
El procedimiento de amparo destaca las tensiones entre las decisiones del Consejo de la Judicatura y los derechos laborales de los servidores judiciales. La resolución ordena no solo el pago retroactivo, sino también el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suspensión provisional aplicada en octubre de 2024. Este caso forma parte de los litigios que involucran a integrantes del Consejo de la Judicatura y cuestionan los procedimientos disciplinarios internos en el Poder Judicial de Puebla.
Sandra Lucía Perea Iturriaga mantiene su reclamación para lograr su reinstalación plena en el cargo y el pago de todas las cantidades adeudadas. Las autoridades del Poder Judicial deben ahora ejecutar la sentencia del amparo y regularizar la situación laboral de la jueza. El expediente continúa en trámite mientras se cumplen los plazos establecidos por la autoridad federal para el pago de los salarios retenidos durante los últimos 18 meses. Este tipo de resoluciones judiciales marcan el curso de las controversias entre servidores del sistema de justicia estatal y el órgano encargado de su disciplina.
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