El escándalo Zdenko y el saqueo
sistemático al erario público en Puebla
Rodolfo Herrera Charolet
Una vez más, el dolor de los enfermos más vulnerables se
convierte en jugoso negocio para redes políticas recicladas del viejo régimen,
en la que cambiar de color de la corbata o chaqueta, es una fachada que cubre
las mismas mañas.
La empresa Zdenko SA de CV cobró al sistema de salud en
Puebla y al IMSS-Bienestar hasta 32 mil pesos por sesión de hemodiálisis,
cuando el precio comercial real oscila entre 800 y 1,500 pesos. Esto representa
un sobrecosto de hasta 2,000%, un verdadero desfalco que, solo en contratos con
la Secretaría de Salud estatal entre 2023 y 2024, generó más de 39.8 millones
de pesos como sobreprecio.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) ya investiga desde 2023 por formar parte del
llamado “Cártel de las Medicinas”, que se dice es una red ligada a la familia
Madrazo y al portal Latinus que triangula recursos públicos hacia intereses
políticos y mediáticos opositores.
Este caso no es un “error administrativo” ni un simple
sobreprecio. Es un ejemplo brutal de cómo la corrupción organizada acapara el
presupuesto destinado a salvar vidas para enriquecer a unos cuantos.
Entre 2023 y 2025, Zdenko recibió más de 109 millones de
pesos solo en Puebla. La terminación de sus contratos en julio de 2025 dejó
temporalmente sin tratamiento a cientos de pacientes renales crónicos (hasta
484 reportados), generando una crisis humanitaria en hospitales como
Huauchinango, Ajalpan, Tehuacán, General del Norte, General del Sur y Niño
Poblano. Mientras pacientes de escasos recursos enfrentaban interrupciones que
ponían en riesgo su vida, millones fluían hacia bolsillos vinculados al priismo
y a aparatos mediáticos que se autoproclaman “anticorrupción”.
El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, lo
denunció sin empacho: “Esto es un desfalco y evidentemente un acto de
corrupción”.
Antecedentes de una empresa mutante:
De la publicidad a la salud pública Zdenko SA de CV (RFC:
ZDE1712186W7) se constituyó en 2017 en Nezahualcóyotl, Estado de México, como
una firma dedicada a publicidad, capacitación y servicios administrativos. En
marzo de 2020, en plena pandemia, “mutó” convenientemente su objeto social para
incursionar en hemodiálisis, equipamiento médico, suministros dentales,
anestesia, sanitización y otros servicios de salud.
Su domicilio actual está en la alcaldía Magdalena Contreras,
Ciudad de México. Los socios fundadores fueron Levin Schadsy Dolores Santiago,
Adrián Camargo Zamudio y Marilú Rivas Gutiérrez.
Posteriormente, la totalidad de las acciones pasó a María del
Rocío Santamarina Aguirre (administradora única y representante legal en
contratos públicos) y Aldo Zamorano Palacios. Estos cambios accionarios,
inscritos en el Registro Público de Comercio, coinciden con el cremiento de
subcontrataciones en salud durante y después de la emergencia sanitaria.
La empresa presume certificaciones ISO 13485:2016 e ISO
9001:2015, pero su verdadero activo parece ser el acceso privilegiado a
licitaciones públicas.
En Puebla, Zdenko firmó contratos como el
SSEP-DGG-ADJ-074/2023 y SSEP/DGG/GESAL-034-350/014/2024 con la Secretaría de
Salud. Se comprometió a proporcionar entre 18 mil 455 y 46 mil 124 sesiones de
hemodiálisis intrahospitalaria y móvil. Cobraba 2,340 pesos por sesión en 2023
y 2,378 en 2024, muy por encima del valor referencial de 1,500 pesos. En
escenarios máximos, los pagos alcanzaron 37.9 mdp en 2023 (vs. 24.3 mdp
comerciales, sobrecosto de 13.6 mdp) y hasta 71 mdp en 2024 (vs. 44.8 mdp,
sobrecosto de 26.2 mdp). Total: sobrecostos mínimos de 15.9 mdp y máximos
superiores a 39.8 mdp.
Sobrecostos brutales y crisis en la atención a pacientes
renales
El escándalo explotó públicamente en junio de 2026, pero sus
efectos se sintieron desde 2025. Una investigación de mercado del propio
IMSS-Bienestar reveló que Zdenko cobraba hasta 2,200 pesos por sesión en
contratos federales (200% más que competidores que ofrecen el servicio en 800
pesos) y, en casos extremos reportados, 32 mil pesos. Esto no solo infló el
erario: generó un daño real a la salud pública.
En julio de 2025, al vencer el contrato sin renovación
inmediata, la empresa suspendió servicios programados en varios hospitales
poblanos. Solo mantuvo urgencias bajo prórroga extraordinaria. Cientos de
pacientes con insuficiencia renal crónica —muchos de ellos de bajos recursos,
dependientes de tres sesiones semanales para sobrevivir— enfrentaron traslados
forzados, cancelaciones y angustia.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla ha detectado daños
patrimoniales por 147.8 millones de pesos en la Secretaría de Salud en
ejercicios recientes, parte de un patrón más amplio de opacidad en
subrogaciones.
Este esquema atenta directamente contra el derecho a la salud
consagrado en la Constitución. Cada sesión inflada equivale a menos recursos
para medicinas, personal médico o infraestructura. Mientras Zdenko facturaba
millones, pacientes poblanos pagaban con su sufrimiento y, en casos extremos,
con su vida.
La red del “Cártel de las Medicinas”: Triangulación, Madrazo
y Latinus
Zdenko no opera sola. Forma parte del “Cártel de las
Medicinas”, una red de 15 a 45 empresas del sector salud investigada por la UIF
desde 2023.
Entre 2012 y 2023, esta estructura acumuló más de 300 mil
millones de pesos en contratos públicos en al menos cinco entidades. La UIF
detectó triangulación de recursos desde Zdenko hacia BCG Limited Consulting SA
de CV y cuentas vinculadas al portal Latinus.
La red está encabezada por la familia del exgobernador
priista Roberto Madrazo Pintado. Figuran Federico Madrazo Rojas (hijo), Alexis
Nickin Gaxiola (yerno), Ximena Madrazo Rojas (hija) y operadores como Gerardo
Calderón Gaxiola, primo de Nickin y gestor clave. Otras empresas asociadas
incluyen Dicipa, Farmacéuticos Maypo, Diseño de Salud Integral, Medalfa, Grupo
Fármacos Especializados y Citesco Solutions. La UIF vincula estos flujos a
políticos del PRI y PVEM.
Latinus, que se presenta como paladín de la transparencia y
crítico feroz de la 4T, aparece salpicado por estos negocios turbios. Mientras
ataca al sistema de salud federal, empresas de su entorno presuntamente
lucraban con sobrecostos pagados con dinero público. Esta conexión
política-mediática explica la protección que Zdenko tuvo durante años pese a
alertas tempranas.
Patrón sistémico de corrupción en la salud poblana
El caso Zdenko revela un patrón profundo en Puebla: contratos
opacos bajo administraciones anteriores, pese a promesas de austeridad. La
subrogación de servicios especializados (hemodiálisis, medicamentos,
equipamiento) se convirtió en mecanismo para inflar precios y triangular
recursos.
La Auditoría Superior y la Secretaría de Anticorrupción y
Buen Gobierno participan en las revisiones, pero la impunidad persiste.
Pacientes crónicos, muchos en pobreza, son las principales víctimas.
Interrupciones en tratamientos generan complicaciones cardiovasculares,
hospitalizaciones caras y mortalidad evitable.
Mientras, el erario
pierde decenas de millones que podrían destinarse a fortalecer hospitales
públicos o adquirir insumos a precios reales.
Personas involucradas en el escándalo de corrupción
En el centro del escándalo destacan María del Rocío
Santamarina Aguirre, administradora única de Zdenko y firmante de contratos
públicos, y Aldo Zamorano Palacios, accionista principal. Ambos controlan la
empresa tras los cambios accionarios post-2020.
En la red superior figuran Roberto Madrazo Pintado y su
familia: Federico Madrazo Rojas, Alexis Nickin Gaxiola (vínculo directo con
Zdenko vía Gerardo Calderón Gaxiola), Ximena Madrazo Rojas y allegados.
Funcionarios de la Secretaría de Salud de Puebla e
IMSS-Bienestar que autorizaron los contratos pese a precios inflados también
enfrentan escrutinio. La UIF y autoridades federales investigan posibles actos
de tráfico de influencias, lavado de dinero y corrupción.
Implicaciones legales y exigencias de justicia
Este caso abre frentes penales graves: tráfico de influencias
(artículos 212-214 Código Penal Federal), peculado, lavado de dinero y
asociación delictuosa. La UIF puede congelar cuentas y embargar bienes.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de
Anticorrupción deben avanzar hacia sanciones ejemplares, incluyendo prisión
para los responsables y recuperación total de los recursos desviados (al menos
39.8 mdp solo en sobrecostos poblanos).
Es motivo de exigencia:
La publicación inmediata del expediente UIF completo.
Auditoría integral de todos los contratos de Zdenko y la red
en Puebla, Edomex y otras entidades.
Investigación penal contra Santamarina, Zamorano, los Madrazo
y funcionarios cómplices.
Recuperación de recursos y reinversión directa en atención a
pacientes.
Transparencia total en subrogaciones de salud: fin de la
opacidad que favorece redes priistas recicladas.
La corrupción en salud no es un detalle. Es un crimen que
mata por lucro. En Puebla, como en el país, las redes del viejo régimen siguen
operando bajo nuevos disfraces, lucrando con el dolor ajeno mientras financian
aparatos mediáticos opositores.
La sociedad exige resultados: cárcel, devolución del dinero y
que el presupuesto público salve vidas, no enriquezca a corruptos. No más
impunidad. La UIF y las autoridades tienen la palabra. México ya no tolera que
la salud sea negocio de unos cuantos
¿O no lo cree usted?
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