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Estrategia de Compras Públicas Sostenibles

 Fecha: 20 de julio de 2026


Fuente principal: Investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 20 de julio de 2026.
1. Contexto y Marco Legal de la “Estrategia de Compras Públicas Sostenibles”
El Gobierno Federal ha impulsado desde 2024-2025 la llamada Estrategia de Compras Públicas Sostenibles, cuyo objetivo declarado consiste en incorporar organizaciones del sector social —como cooperativas y sociedades de producción rural— como proveedoras del Estado. La narrativa oficial sostiene que esta iniciativa permite que trabajadores de limpieza de empresas privadas se conviertan en “sus propios patrones”, fomentando el empleo digno y la economía social.El marco normativo que respalda estas acciones incluye la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAAySSP). 

La adjudicación directa se encuentra permitida en casos específicos de eficiencia, urgencia o cuando se busca promover el sector social (artículos 26, 41 y 42 de la LAAySSP), siempre y cuando exista una justificación documentada, usualmente mediante un estudio de mercado que demuestre condiciones favorables o ausencia de otros proveedores.

Sin embargo, el caso analizado revela serias irregularidades técnicas y de fondo. Los estudios de mercado utilizados para justificar las adjudicaciones directas se realizaron entre las mismas cooperativas recién creadas, generando un círculo cerrado que debilita gravemente la validez legal y técnica de los contratos.
2. Cronología y Detalles de Constitución y Adjudicación de Contratos
Tres cooperativas de servicios de limpieza fueron constituidas a inicios de 2026 ante Catalina Monreal, directora del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), quien fungió como fedataria en las actas constitutivas.La cooperativa Dehe Sak Agua Limpia se creó el 27 de enero de 2026 y, apenas dos meses después, el 31 de marzo, obtuvo un contrato por adjudicación directa por 50 millones 559 mil 969 pesos con la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno para servicios de aseo con vigencia de nueve meses.La cooperativa Juntos por la Limpieza y el Bienestar, también constituida el 27 de enero de 2026, recibió contratos por un total cercano a 5.4 millones de pesos con el DIF y la Secretaría de Hacienda.Por su parte, Bienestar de Limpieza y Buen Servicio, creada el 18 de febrero de 2026, firmó un contrato por 20 millones 247 mil 878 pesos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 10 de abril de 2026.En total, las tres cooperativas obtuvieron 76 millones 218 mil 388 pesos en contratos de asignación directa en menos de tres meses desde su creación. Este ritmo de adjudicación resulta inusualmente acelerado para entidades recién constituidas.
3. Análisis Técnico de los Mecanismos de Control por parte del INAES
La investigación de MCCI documenta que el INAES no se limitó a acompañar la constitución formal de las cooperativas, sino que ejerce un control operativo y financiero prácticamente total sobre ellas.Entre los componentes clave del esquema se encuentran: el control absoluto de la E-firma o E-llave de la persona moral, lo que permite al INAES firmar contratos en plataformas gubernamentales sin que los socios intervengan directamente; la administración centralizada de las cuentas bancarias (por ejemplo, en Banamex), desde las cuales se manejan los recursos de los contratos y se pagan las nóminas; y el manejo discrecional de los préstamos otorgados por la Financiera para el Bienestar (FINABIEN).Los trabajadores, persuadidos desde septiembre de 2025 para renunciar a sus empleos previos, solicitaron créditos por tres millones de pesos cada cooperativa. Estos recursos fueron entregados directamente al personal del INAES, quien supuestamente los utilizó para comprar maquinaria y uniformes, sin entregar comprobantes ni rendir cuentas a los socios.
4. Impacto en los Socios-Trabajadores: Evidencia de Simulación Cooperativa
Los socios, en su mayoría ex trabajadores de limpieza, relatan que cambiaron de patrón: pasaron de empresas privadas al control efectivo del INAES. No reciben información sobre los montos reales de los contratos, no tienen acceso a los estados de cuenta y desconocen los detalles de las operaciones financieras realizadas a nombre de “sus” cooperativas.En llamadas telefónicas documentadas por MCCI, personal del INAES instruyó a los socios sobre cómo responder a periodistas: minimizar la recepción del préstamo, afirmar que el Instituto solo “acompaña” y evitar mencionar que no manejan los recursos. Varios socios expresaron claramente que “solo firman papeles que no les dejan leer” y que, en la práctica, el INAES funciona como su nuevo patrón.Esta dinámica vacía de contenido real los principios de autonomía, democracia interna y autogestión que exige la Ley General de Sociedades Cooperativas, convirtiendo las entidades en cooperativas de papel o simuladas.
5. Análisis de Riesgos de Corrupción y Violaciones Normativas
El esquema presenta múltiples riesgos técnicos y legales. En primer lugar, la adjudicación directa se basó en estudios de mercado internos y circulares que carecen de competencia real. En segundo lugar, el INAES ejerce facultades que la normatividad no le otorga explícitamente, como administrar cuentas bancarias, firmar contratos y manejar recursos de manera cotidiana.Además, existe un posible desvío o uso opaco de recursos públicos, ya que los préstamos de FINABIEN y los pagos de los contratos fluyen a través de estructuras controladas por el Instituto sin transparencia hacia los socios propietarios. Esto genera riesgos de opacidad, falta de rendición de cuentas y posible triangulación de recursos.
Conclusión y Recomendaciones
El caso documentado por MCCI no representa un simple “acompañamiento” a cooperativas emergentes, sino un mecanismo en el que una dependencia federal ejerce control efectivo sobre entidades que reciben decenas de millones de pesos del erario público, mientras los socios aparecen solo como figurantes legales.Para corregir esta situación se recomienda una auditoría integral por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión estricta de las facultades ejercidas por el INAES, la entrega inmediata de toda la documentación a los socios y una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre posibles extralimitaciones y simulación.La economía social debe ser real y no una fachada para esquemas de control centralizado de recursos públicos.Fuente principal: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) – “A dos meses de nacer, tres cooperativas cobran $76 millones… y sus socios ni se enteran” (20 de julio de 2026).

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