Operan sin licencia 239 centros de rehabilitación en Puebla
En Puebla operan 240 centros de rehabilitación de adicciones, de los cuales 239 lo hacen sin la certificación correspondiente según el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Solo el centro Adicciones Valor a la Vida AC, ubicado en Cuautlancingo, cuenta con acreditación que demuestra el cumplimiento de regulaciones y el respeto a los derechos de los pacientes. La Secretaría de Salud estatal supervisa estos establecimientos, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública reportó la cifra de 240 centros en operación al 19 de mayo de 2026.
Desde 2021, el número de clínicas reconocidas disminuyó de siete a uno solo certificado. En paralelo, entre 2021 y junio de 2026 se registraron 17 fallecimientos de personas internadas en estos centros, atribuidos a negligencias médicas, abusos o homicidios. Uno de los casos más recientes ocurrió el 22 de junio en el centro “San Benito” de Izúcar de Matamoros, donde se halló a un hombre sin vida. En 2025 se documentaron al menos cuatro muertes en centros como “Granjas Nuevo Horizonte”, “Solo por la gracia de Dios” y “Jóvenes Guerrero de Dios Huauchinango”, además de un caso en Tepeaca.
El Congreso del Estado de Puebla recibió el 25 de junio una iniciativa para agregar la figura de “Centros de Atención a las Adicciones” en la Ley Estatal de Salud mediante un Capítulo IX BIS. La propuesta establece requisitos de operatividad, obliga al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y prohíbe prácticas de tortura contra los pacientes. La Secretaría de Salud asumiría la vigilancia para garantizar trato digno. Los legisladores Elpidio Díaz Escobar y Azucena Rosas Tapia presentaron la iniciativa.
Esta medida busca definir infraestructura mínima, personal especializado y condiciones dignas en los centros. Los establecimientos que no cumplan con las normas podrían enfrentar restricciones en su funcionamiento. La regulación pretende ordenar el sector ante el crecimiento de centros que operan sin supervisión adecuada, en un contexto donde la atención a adicciones representa un desafío para las autoridades estatales y federales. La información disponible indica que la mayoría de los anexos carece de documentación que acredite el cumplimiento de estándares básicos de salud y derechos humanos.
El proceso legislativo permitirá establecer mecanismos de control más claros, con énfasis en la certificación y el monitoreo continuo. De esta forma, se busca alinear la operación de los centros con las disposiciones nacionales en materia de salud mental y atención a adicciones.
Desde 2021, el número de clínicas reconocidas disminuyó de siete a uno solo certificado. En paralelo, entre 2021 y junio de 2026 se registraron 17 fallecimientos de personas internadas en estos centros, atribuidos a negligencias médicas, abusos o homicidios. Uno de los casos más recientes ocurrió el 22 de junio en el centro “San Benito” de Izúcar de Matamoros, donde se halló a un hombre sin vida. En 2025 se documentaron al menos cuatro muertes en centros como “Granjas Nuevo Horizonte”, “Solo por la gracia de Dios” y “Jóvenes Guerrero de Dios Huauchinango”, además de un caso en Tepeaca.
El Congreso del Estado de Puebla recibió el 25 de junio una iniciativa para agregar la figura de “Centros de Atención a las Adicciones” en la Ley Estatal de Salud mediante un Capítulo IX BIS. La propuesta establece requisitos de operatividad, obliga al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y prohíbe prácticas de tortura contra los pacientes. La Secretaría de Salud asumiría la vigilancia para garantizar trato digno. Los legisladores Elpidio Díaz Escobar y Azucena Rosas Tapia presentaron la iniciativa.
Esta medida busca definir infraestructura mínima, personal especializado y condiciones dignas en los centros. Los establecimientos que no cumplan con las normas podrían enfrentar restricciones en su funcionamiento. La regulación pretende ordenar el sector ante el crecimiento de centros que operan sin supervisión adecuada, en un contexto donde la atención a adicciones representa un desafío para las autoridades estatales y federales. La información disponible indica que la mayoría de los anexos carece de documentación que acredite el cumplimiento de estándares básicos de salud y derechos humanos.
El proceso legislativo permitirá establecer mecanismos de control más claros, con énfasis en la certificación y el monitoreo continuo. De esta forma, se busca alinear la operación de los centros con las disposiciones nacionales en materia de salud mental y atención a adicciones.
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