Situación en Puebla: publicidad, protestas y seguridad
Concentración de anuncios en vĆa pĆŗblica entre cinco empresas
Cinco empresas de publicidad concentraron 515 concesiones para anuncios en puentes viales y peatonales durante 2025 y el primer trimestre de 2026, lo que representa el 39 por ciento de las mil 309 autorizaciones otorgadas por la SecretarĆa de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial estatal. Las compaƱĆas Espectaculares Gavsamex SA de CV, Grupo Esgarma SAPI de CV, Grupo Sedum SA de CV, Banestructuras de Servicios SA de CV y Servicios de Anuncios Publicitarios SA de CV fueron las beneficiadas. Grupo Esgarma SAPI de CV obtuvo 153 autorizaciones, Grupo Sedum SA de CV 133, Espectaculares Gavsamex SA de CV 127 y Banestructuras de Servicios SA de CV 94. Las concesiones corresponden a estructuras para anuncios sobre puentes.
Protesta social como derecho y plantón en AcatlÔn
Especialistas en derechos humanos y activistas seƱalaron que la protesta social constituye un derecho protegido por normas nacionales e internacionales y no debe derivar en procesos penales. Durante un foro se mencionó que en Puebla se utiliza el sistema de justicia para desviar luchas sociales originadas en problemĆ”ticas como la defensa del agua, con ejemplos en Santa MarĆa Zacatepec y los casos de activistas como Renato Romero y Pascual BermĆŗdez por bloqueos. En AcatlĆ”n, ciudadanos mantienen un plantón en la explanada de la Presidencia Municipal mientras avanza la auditorĆa de la AuditorĆa Superior del Estado. Los manifestantes indicaron que su presencia no obstaculiza el proceso y denunciaron que personas presuntamente vinculadas al ayuntamiento sacaron cajas con posible documentación oficial. La revisión de recursos pĆŗblicos continĆŗa.
Vigilancia municipal en publicidad y robos de autopartes
Pavel Gaspar RamĆrez indicó que los ayuntamientos deben vigilar el cumplimiento de la ley en la colocación de publicidad en vĆa pĆŗblica por parte del gobierno estatal, incluyendo espectaculares, pendones y pantallas en inmuebles históricos. Se mencionó que nadie estĆ” por encima de la ley y que los municipios tienen responsabilidad en los seƱalamientos. En otro tema, la SecretarĆa de Seguridad PĆŗblica registró 553 llamadas de emergencia por robo de autopartes en el municipio de Puebla entre enero y mayo de 2026, con un promedio de cuatro reportes diarios. El Centro Histórico acumuló 34 llamadas, seguido por AzcĆ”rate con 15 y El Carmen con 13. La FiscalĆa General del Estado inició 665 carpetas de investigación por este delito en el mismo periodo.
Contexto de manifestaciones y delitos
Los participantes en foros sobre derechos humanos afirmaron que la criminalización de protestas ignora los orĆgenes de los conflictos sociales y económicos. Se enfatizó la necesidad de fortalecer la organización ciudadana para proteger manifestaciones por acceso a recursos como el agua. En paralelo, los robos de autopartes afectan principalmente a adultos de 30 a 60 aƱos, con mayor incidencia en zonas cĆ©ntricas. Las autoridades continĆŗan con revisiones administrativas en municipios como AcatlĆ”n, donde los ciudadanos permanecen vigilantes del proceso de auditorĆa.
Cinco empresas de publicidad concentraron 515 concesiones para anuncios en puentes viales y peatonales durante 2025 y el primer trimestre de 2026, lo que representa el 39 por ciento de las mil 309 autorizaciones otorgadas por la SecretarĆa de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial estatal. Las compaƱĆas Espectaculares Gavsamex SA de CV, Grupo Esgarma SAPI de CV, Grupo Sedum SA de CV, Banestructuras de Servicios SA de CV y Servicios de Anuncios Publicitarios SA de CV fueron las beneficiadas. Grupo Esgarma SAPI de CV obtuvo 153 autorizaciones, Grupo Sedum SA de CV 133, Espectaculares Gavsamex SA de CV 127 y Banestructuras de Servicios SA de CV 94. Las concesiones corresponden a estructuras para anuncios sobre puentes.
Protesta social como derecho y plantón en AcatlÔn
Especialistas en derechos humanos y activistas seƱalaron que la protesta social constituye un derecho protegido por normas nacionales e internacionales y no debe derivar en procesos penales. Durante un foro se mencionó que en Puebla se utiliza el sistema de justicia para desviar luchas sociales originadas en problemĆ”ticas como la defensa del agua, con ejemplos en Santa MarĆa Zacatepec y los casos de activistas como Renato Romero y Pascual BermĆŗdez por bloqueos. En AcatlĆ”n, ciudadanos mantienen un plantón en la explanada de la Presidencia Municipal mientras avanza la auditorĆa de la AuditorĆa Superior del Estado. Los manifestantes indicaron que su presencia no obstaculiza el proceso y denunciaron que personas presuntamente vinculadas al ayuntamiento sacaron cajas con posible documentación oficial. La revisión de recursos pĆŗblicos continĆŗa.
Vigilancia municipal en publicidad y robos de autopartes
Pavel Gaspar RamĆrez indicó que los ayuntamientos deben vigilar el cumplimiento de la ley en la colocación de publicidad en vĆa pĆŗblica por parte del gobierno estatal, incluyendo espectaculares, pendones y pantallas en inmuebles históricos. Se mencionó que nadie estĆ” por encima de la ley y que los municipios tienen responsabilidad en los seƱalamientos. En otro tema, la SecretarĆa de Seguridad PĆŗblica registró 553 llamadas de emergencia por robo de autopartes en el municipio de Puebla entre enero y mayo de 2026, con un promedio de cuatro reportes diarios. El Centro Histórico acumuló 34 llamadas, seguido por AzcĆ”rate con 15 y El Carmen con 13. La FiscalĆa General del Estado inició 665 carpetas de investigación por este delito en el mismo periodo.
Contexto de manifestaciones y delitos
Los participantes en foros sobre derechos humanos afirmaron que la criminalización de protestas ignora los orĆgenes de los conflictos sociales y económicos. Se enfatizó la necesidad de fortalecer la organización ciudadana para proteger manifestaciones por acceso a recursos como el agua. En paralelo, los robos de autopartes afectan principalmente a adultos de 30 a 60 aƱos, con mayor incidencia en zonas cĆ©ntricas. Las autoridades continĆŗan con revisiones administrativas en municipios como AcatlĆ”n, donde los ciudadanos permanecen vigilantes del proceso de auditorĆa.


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