Gobierno de Puebla sanciona a siete servidores públicos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla destituyó e inhabilitó temporalmente a siete servidores públicos por incumplir obligaciones patrimoniales y administrativas. Los procedimientos administrativos realizados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades determinaron que los funcionarios no presentaron sus declaraciones patrimoniales y de intereses conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas durante el ejercicio de sus cargos.Entre los casos se encuentra Ana María N., trabajadora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, quien fue destituida e inhabilitada por cinco meses y doce días tras acreditarse que presentó una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido durante un proceso escalafonario. Carlos N., adscrito a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, fue destituido e inhabilitado por seis meses por no presentar su declaración patrimonial al concluir su encargo. Cristian N., de la Secretaría de Seguridad Pública, recibió una sanción de destitución e inhabilitación por cuatro meses y 24 días por la misma omisión.Las medidas disciplinarias también alcanzaron a personal de la Secretaría de Bienestar. Erika N. fue destituida por no presentar su declaración patrimonial de inicio, mientras que José Edmundo N. fue separado del cargo e inhabilitado por cinco meses y doce días al incumplir con la declaración de conclusión. En el organismo público descentralizado Convenciones y Parques, José Ismael N. fue destituido e inhabilitado por cinco meses y doce días, y Julián Manuel N. recibió la misma sanción con una inhabilitación de cinco meses y 19 días, ambos por omitir la presentación de su declaración patrimonial al término de sus funciones. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que todas las resoluciones se emitieron conforme al marco legal y respetando el debido proceso, por lo que las personas sancionadas conservarán el derecho de impugnar las determinaciones a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. La dependencia reiteró que continuará aplicando la ley para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública estatal, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción mediante la plataforma Prointegridad.
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