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Pagos a empresa vinculada al huachicol en la administración de Rubén Rocha Moya

 Pagos a empresa vinculada al huachicol en la administración de Rubén Rocha Moya


Documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), constructora pública del Gobierno de Sinaloa, revelan tres transferencias realizadas entre el 4 y el 23 de abril de 2024 por un total de 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution. Estas operaciones se efectuaron desde una cuenta de Banorte y fueron registradas únicamente como “pago de factura”, sin especificar el bien o servicio adquirido. Preecasin, creada en 1987 como productora de materiales para la construcción, ha funcionado desde hace más de 15 años como ejecutora de obra pública estatal.Ahavat Logistics Solution no figura en el padrón de proveedores del Gobierno de Sinaloa ni en el sistema Compranet, por lo que no se localizó contrato, licitación o adjudicación directa que respalde públicamente los pagos. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consultó los registros contables internos y destacó la ausencia de documentación pública sobre la relación comercial. Preecasin opera como organismo descentralizado dedicado a la producción y suministro de concretos, agregados y elementos prefabricados para proyectos de infraestructura en la entidad.Ahavat Logistics Solution se constituyó el 13 de febrero de 2017 en Toluca, Estado de México, con domicilio inicial en Metepec. En junio de 2020 obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el permiso H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos. Su objeto social incluye la compra-venta, importación, exportación, distribución y comercialización de hidrocarburos y diésel. Como contratista reportó dirección en un edificio de oficinas en Guadalajara, Jalisco, mismo sitio asociado a Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa identificada en investigaciones de autoridades estadounidenses. José Refugio Ruiz Villagómez aparece como administrador único y accionista mayoritario de Ahavat, mismo nombre señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como cabeza de una red vinculada al huachicol y lavado de dinero.El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluyó a Ahavat y Jomadi en alertas por contrabando de combustible de Estados Unidos a México, pagos a cárteles que controlan rutas fronterizas y transacciones con grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Jomadi, también controlada por Ruiz Villagómez, obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y participó en operaciones con Venezuela en 2020, lo que derivó en investigaciones del FBI por tráfico de combustible. Estos antecedentes se sitúan en el contexto de redes de huachicol fiscal documentadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y posteriores administraciones.Los pagos ocurrieron durante la gestión de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, quien asumió el cargo en noviembre de 2021 y posteriormente solicitó licencia. En años recientes se han documentado alianzas tácticas entre facciones del Cártel de Sinaloa, como Los Chapitos, y el CJNG para confrontar a grupos rivales, según reportes de autoridades federales mexicanas. Preecasin ha mantenido su rol como proveedora de materiales para obra pública estatal a lo largo de distintas administraciones, con énfasis en proyectos de infraestructura regional. Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial detallada sobre las transferencias ni se ha presentado información complementaria sobre la naturaleza de los servicios o productos supuestamente adquiridos a Ahavat.El caso se enmarca en el seguimiento a operaciones financieras entre entidades públicas y empresas con antecedentes en el sector energético, donde la transparencia en contrataciones y el cumplimiento de padrones de proveedores constituyen requisitos establecidos en normatividad federal y estatal. La información proviene de documentos internos consultados por MCCI y alertas públicas de autoridades estadounidenses, sin que se hayan presentado hasta ahora denuncias formales que modifiquen el estatus de las personas o empresas involucradas.

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