SOAPAP impone multa mínima a concesionaria por incumplir la mayoría de estándares de desempeño en 20248 de julio de 2026El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) aplicó una sanción de dos millones de pesos a la empresa concesionaria Agua de Puebla por incumplimientos registrados durante el ejercicio fiscal 2024, correspondiente al año 10 del título de concesión. De acuerdo con la información presentada en comparecencia ante el Congreso local, la empresa cumplió únicamente nueve de los 31 estándares de desempeño establecidos en el contrato, lo que representa un cumplimiento del 29.03 por ciento e incumplimiento superior al 70 por ciento de los indicadores.
La evaluación realizada por el organismo operador comparó los informes entregados por la concesionaria con verificaciones propias. En el rubro de agua potable se cumplieron cuatro de 17 estándares; en drenaje, uno de cinco; en saneamiento, dos de cuatro, y en gestión, dos de cinco. Estos resultados se dieron a conocer durante la intervención de la directora general del SOAPAP, quien detalló las variaciones detectadas en las metas contractuales. La sanción corresponde al periodo en que Gustavo Gaytán Alcaraz dirigía el organismo.
El título de concesión se firmó el 26 de diciembre de 2013 con vigencia inicial de 30 años y 113 días, sin posibilidad de superar los 60 años con prórrogas. Hasta la fecha se han suscrito tres convenios modificatorios: el primero en julio de 2014, el segundo en septiembre de 2022 y el tercero en marzo de 2025. Este último incorporó penalidades más severas por incumplimientos, según la condición 19.11 del documento contractual. La multa de dos millones de pesos se considera mínima en relación con los indicadores no alcanzados, y hasta el momento no se ha notificado formalmente a la empresa el cobro correspondiente.
La concesión abarca la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Puebla y zonas conurbadas como Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc. Desde su inicio en 2014, la operación ha sido objeto de seguimiento anual por parte del SOAPAP. En años previos, las multas acumuladas por incumplimientos también se han mantenido en montos reducidos en proporción a los ingresos reportados por la concesionaria. Durante 2022 a 2024, la empresa informó inversiones por más de dos mil 113 millones de pesos, 252 millones en 2025 y un programa de 247 millones para 2026.
En la comparecencia, representantes de la concesionaria indicaron que entre enero y mayo de 2026 se retiraron 14 toneladas de residuos a través de labores de desazolve. También se mencionó la coordinación con la Secretaría de Infraestructura estatal para ajustar programas de reencarpetamiento y permitir la sustitución de tuberías antes de pavimentar vialidades. Respecto a posibles revocaciones del contrato, se señaló que cualquier proceso requeriría revisión jurídica exhaustiva basada en evaluaciones anuales, y que una rescisión por causa de utilidad pública implicaría indemnizaciones conforme a las cláusulas 16.3 y 16.4, además de asumir los costos operativos del servicio.
El contexto de la prestación del servicio incluye reportes frecuentes de usuarios sobre interrupciones en el suministro, variaciones en la calidad del agua y afectaciones en drenaje durante periodos de lluvia. En julio de 2026, inundaciones en diversas colonias pusieron en evidencia la capacidad de respuesta de la infraestructura. Diputados locales plantearon preguntas sobre el porcentaje de desazolve previo a la temporada de lluvias, sanciones por daños a vialidades y pasivos acumulados por el organismo operador. La directora del SOAPAP explicó que se destinaron 70 millones de pesos a acciones de saneamiento y que se mantiene comunicación con los tres niveles de gobierno para planificar obras.
La discusión sobre el modelo de concesión se remonta a la firma del título en 2013, durante una administración municipal anterior. Diversos sectores han cuestionado el equilibrio entre la inversión privada y el cumplimiento de obligaciones públicas. En octubre de 2025 se anunciaron ajustes que permitirían multas anuales de hasta 25 millones de pesos por incumplimientos reiterados, modificaciones que entraron en vigor con el tercer convenio. A pesar de los indicadores de 2024, las autoridades han indicado que no se configuran faltas graves que justifiquen la terminación anticipada del contrato, priorizando la continuidad del servicio para la población.
En los rubros de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, la concesionaria ha reportado cumplimiento de normatividad ambiental en plantas de tratamiento, aunque persisten observaciones sobre el impacto en cuerpos de agua receptores. La empresa ha implementado sistemas de atención a usuarios con registro de quejas a través de folios y seguimiento por múltiples canales. Sin embargo, el volumen de reportes por presión baja, falta de agua en zonas altas y cobros elevados continúa presente en el debate público.
El caso refleja la tensión entre los compromisos contractuales y la realidad operativa de un servicio esencial en una ciudad en crecimiento. La multa aplicada representa una acción formal de supervisión, pero su monto reducido respecto al porcentaje de incumplimiento genera cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control. Las autoridades han enfatizado la necesidad de fortalecer la coordinación entre el organismo operador, la concesionaria y los gobiernos estatal y municipal para mejorar la infraestructura hidráulica y reducir riesgos en temporada de lluvias. Inversiones programadas y ajustes en programas de mantenimiento buscan mitigar afectaciones futuras, mientras se mantiene el monitoreo anual de los estándares de desempeño.
La prestación del servicio de agua en Puebla continúa bajo este esquema concesionado, con evaluaciones periódicas que informan las decisiones sobre posibles ajustes contractuales o sanciones adicionales. El balance entre derechos de los usuarios, obligaciones de la empresa y responsabilidades públicas define el marco en el que se desarrolla la operación diaria del sistema.
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