ISSSTEP revisará contratos y gastos por 425 millones

26 de agosto de 2026

El manejo de recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla será revisado mediante una fiscalización de las cuentas públicas correspondientes a 2024 y 2025. La inspección comprenderá licitaciones, adjudicaciones directas, adquisición de medicamentos, contratación de servicios externos y operación de prestaciones subrogadas. Los estados financieros de 2024 se encuentran en proceso de solventación de observaciones, mientras que la cuenta pública de 2025 continúa en integración. Los dictámenes definitivos de ambos ejercicios están previstos para octubre de 2026. Hasta la fecha referida no se habían presentado denuncias penales relacionadas con estas cuentas públicas.

La revisión tiene como antecedente la auditoría del ejercicio 2023, en la cual se reportaron observaciones por 55.3 millones de pesos relacionadas con servicios clínicos y de laboratorio. Para 2025, el instituto destinó más de 370 millones de pesos a consultas, análisis de laboratorio y traslados proporcionados por prestadores externos. La suma de ambos montos supera los 425 millones de pesos, aunque corresponde a conceptos y ejercicios distintos, por lo que no representa por sí misma un daño patrimonial determinado. La fiscalización deberá establecer si los servicios fueron contratados conforme a las disposiciones aplicables, si fueron efectivamente proporcionados y si los precios pagados correspondieron con las condiciones convenidas.

El ISSSTEP también enfrenta una presión financiera asociada con su sistema de pensiones. Alrededor del 80 por ciento de su presupuesto se destina al pago de estas obligaciones y se reporta un déficit superior a 600 millones de pesos. También existen retrasos en la asignación de prestaciones a extrabajadores. La revisión ordenada deberá diferenciar las observaciones administrativas, los gastos pendientes de comprobación y las posibles irregularidades que no hayan sido solventadas. La existencia de montos observados no acredita automáticamente un desvío de recursos ni responsabilidad administrativa o penal. Cualquier determinación dependerá de los resultados definitivos, del derecho de las áreas involucradas a presentar documentación comprobatoria y, en su caso, de las actuaciones posteriores de las autoridades fiscalizadoras y competentes.