Julio Santos Lozano

 

Ficha personal de Julio Santos Lozano

Fecha de actualización: 24 de agosto de 2026.

1. Síntesis biográfica

Julio Santos Lozano es abogado postulante, docente, investigador y representante de una organización civil dedicada a los derechos humanos. Su actividad profesional documentada se ha desarrollado principalmente en Puebla y comprende litigio en materias civil, familiar, constitucional y administrativa; docencia jurídica; participación en órganos relacionados con la atención a víctimas; asesoría legal en casos de interés público, y presentación de amparos, denuncias, peticiones y posicionamientos ante instituciones estatales y municipales.

Preside la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos, asociación desde la cual ha intervenido en asuntos relacionados con la administración de justicia, funcionamiento del sistema notarial, derechos de las víctimas, actuación de organismos públicos, condiciones laborales del Poder Judicial y procedimientos de designación de servidores públicos.

2. Datos personales

Nombre completo: Julio Santos Lozano.

Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1964. Este dato fue incorporado por el propio abogado en la denuncia presentada el 24 de agosto de 2026 ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, acompañada de una copia de su credencial para votar. Tenía 62 años en esa fecha. Denuncia presentada ante la FGE de Puebla.

Su actividad profesional, académica y pública se encuentra vinculada con la ciudad y el estado de Puebla. Sus perfiles públicos lo identifican como abogado postulante, docente y especialista en derecho civil, penal y constitucional. Perfil profesional público.

3. Formación académica

Su perfil público registra estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y señala la generación de 1988. Las referencias profesionales posteriores lo identifican de manera constante como abogado o licenciado en Derecho.

En 2017 fue presentado ante el Congreso de Tlaxcala como maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y maestro en Derecho Penal y Criminología. Ambas formaciones fueron atribuidas al Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. En esa ocasión formó parte del sínodo encargado de evaluar aspirantes al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Evaluación de aspirantes ante el Congreso de Tlaxcala.

Su perfil profesional también registra al Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla como institución de formación de posgrado y consigna específicamente la maestría en Derecho Penal y Criminología. Perfil profesional de Julio Santos Lozano.

4. Trayectoria profesional

Entre julio de 1991 y noviembre de 2012, su historial profesional registra una relación laboral con el Centro Comercial en Condominio Plaza San Pedro durante 21 años y cinco meses. En actuaciones posteriores apareció públicamente como apoderado y representante legal de ese centro comercial.

Su actividad posterior se ha concentrado en el ejercicio independiente de la abogacía. Los medios lo identifican como litigante, abogado postulante y especialista en derecho civil, penal, familiar, constitucional y derechos humanos.

En septiembre de 2021 promovió un procedimiento de reconocimiento de paternidad tramitado como juicio oral sumarísimo en materia familiar. El asunto concluyó mediante convenio después de que el demandado reconociera la paternidad de un niño de siete años. La información publicada lo presentó como el primer procedimiento de esa naturaleza reconocido públicamente por el Poder Judicial poblano. Primer juicio oral sumarísimo familiar.

Durante 2021 actuó como apoderado legal del Centro Comercial Plaza San Pedro en el conflicto por la clausura de áreas comunes y del drenaje, así como por los cobros reclamados por SOAPAP y Concesiones Integrales. Informó que existía un juicio de amparo relacionado con las tarifas y sostuvo que el adeudo reclamado, cercano a seis millones de pesos, estaba sujeto a controversia judicial. Conflicto jurídico de Plaza San Pedro.

También ha intervenido como asesor jurídico de Elia Tamayo Montes en las gestiones para reabrir y continuar las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan y la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. Desde 2020 participó en reuniones, posicionamientos y planteamientos dirigidos a la Consejería Jurídica estatal, la Fiscalía y organismos de derechos humanos. Asesoría jurídica en el caso Chalchihuapan.

5. Docencia, investigación y publicaciones

Santos Lozano ha sido identificado como docente, investigador y académico del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Su trabajo comprende docencia de posgrado y participación en foros sobre derecho constitucional, derecho penal, derechos humanos, sistema judicial, derecho familiar y régimen notarial. En septiembre de 2024 fue referido públicamente como docente de posgrado de esa institución. Actividad académica y profesional.

Es autor del capítulo “Derechos político-electorales y los instrumentos ciudadano-democráticos en México”, incluido en la obra colectiva La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su septuagésimo aniversario. Temas contemporáneos, impresa en febrero de 2019. El trabajo estudia el desarrollo jurídico de los derechos ciudadanos, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la consulta popular y los mecanismos de participación. Obra colectiva sobre la Declaración Universal.

Su producción académica también registra el trabajo “La evolución de los derechos político-electorales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 100 años de su publicación”, incorporado en la obra La Constitución Política de México en su Centenario, coordinada por Germán Molina Carrillo y publicada por Grupo Editorial Mariel en 2017.

Asimismo, ha publicado colaboraciones de divulgación jurídica y comentarios sobre violencia de género, derecho familiar, debido proceso, justicia penal, derechos de las personas adultas mayores y funcionamiento de las instituciones judiciales.

6. Participación en organismos y asociaciones

Desde diciembre de 2018 aparece documentado como presidente de la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos. En esa representación ha formulado solicitudes de información, promovido acciones legales y fijado posiciones sobre notarías, parquímetros, derechos de las víctimas, reforma judicial y funcionamiento de juzgados.

El 28 de febrero de 2020 fue incorporado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla como especialista en derechos humanos propuesto por el sector académico. Compartió la representación de organizaciones civiles con Isela Violeta Valdés Alcántara. Instalación de la Comisión de Atención a Víctimas.

Un informe de la Universidad Iberoamericana Puebla documentó que Santos Lozano integró el órgano de gobierno de la Comisión como representante de la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos y que fue propuesto por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Ese órgano intervenía en la aprobación de normativa, programas, criterios, prioridades, informes y decisiones administrativas de la Comisión. Informe sobre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

En enero de 2025 fue identificado como exintegrante del órgano de gobierno. En esa condición cuestionó el procedimiento utilizado para designar a Lizeth Gallegos Lozano, al sostener que el órgano colegiado debía evaluar previamente una terna enviada por el Ejecutivo conforme al artículo 83 de la Ley de Víctimas del Estado. Cuestionamiento al procedimiento de designación.

7. Relaciones profesionales e institucionales

Su relación académica más constante está vinculada con el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y con Germán Molina Carrillo, en actividades docentes, investigaciones, publicaciones colectivas y foros jurídicos.

En materia de defensa de derechos humanos ha mantenido una relación profesional con Elia Tamayo Montes y con participantes del seguimiento jurídico del caso Chalchihuapan. En el ámbito de atención a víctimas compartió responsabilidades colegiadas con Isela Violeta Valdés Alcántara y con representantes de las secretarías estatales que integraban el órgano de gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

En abril de 2022 participó junto con Mónica Roldán Reyes en planteamientos dirigidos al Ayuntamiento de Puebla para solicitar información y transparencia sobre las concesiones de parquímetros y publicidad urbana. Solicitud de transparencia sobre concesiones municipales.

8. Cronología de hechos relevantes

2017. Integró un sínodo ante el Congreso de Tlaxcala para evaluar perfiles interesados en incorporarse al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue presentado con dos maestrías jurídicas y experiencia en derechos humanos.

2018. Como presidente de la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos cuestionó el procedimiento para otorgar cinco nuevas patentes notariales. Anunció la presentación de un amparo y sostuvo que debía revisarse la integración de expedientes, la experiencia de los aspirantes y el cumplimiento de la Ley del Notariado. Cuestionamiento al otorgamiento de notarías.

2019. Participó en el debate sobre la renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Junto con organizaciones de abogados solicitó igualdad de condiciones, imparcialidad y separación entre los aspirantes y el gobierno estatal. Ese mismo año apareció como autor en la obra colectiva conmemorativa de los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2020. Fue incorporado al órgano de gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Durante el mismo año apareció como asesor jurídico de Elia Tamayo Montes en las gestiones relacionadas con la reapertura del caso Chalchihuapan.

2021. Promovió el procedimiento de reconocimiento de paternidad tramitado como juicio oral sumarísimo. También representó legalmente al Centro Comercial Plaza San Pedro en el litigio relacionado con cobros de agua, drenaje y clausuras.

2022. Solicitó al Ayuntamiento de Puebla transparentar los procesos de concesión de parquímetros y publicidad urbana. También se pronunció por la discusión legislativa de una ley de voluntad anticipada y continuó participando en el seguimiento jurídico del caso Chalchihuapan.

2023. Como académico del Instituto de Ciencias Jurídicas participó en discusiones públicas sobre la Ley del Notariado, vigilancia de las notarías, funcionamiento de las Casas de Justicia, oralidad familiar y reformas al sistema judicial. También intervino como analista jurídico en casos penales difundidos por la prensa, delimitando las posibilidades procesales de acuerdos reparatorios.

2024. Promovió un juicio de amparo contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En febrero informó que había obtenido una suspensión definitiva para impedir provisionalmente la ejecución del acto reclamado; la propia información publicada precisó que todavía faltaba la sentencia sobre el fondo. Suspensión definitiva en el amparo.

2025. Cuestionó la designación de la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, al señalar que no se había sometido públicamente la terna al procedimiento de evaluación previsto en la legislación estatal.

Junio de 2026. Presentó ante el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de Puebla un pliego petitorio sobre salarios, falta de insumos, vacantes y sobrecarga de trabajo. Solicitó actualizar remuneraciones, liberar aproximadamente 150 plazas, fortalecer la carrera judicial y crear juzgados y plazas en materia de oralidad familiar. Pliego sobre condiciones del Poder Judicial.

24 de agosto de 2026. Presentó ante la Fiscalía General del Estado de Puebla una denuncia por discriminación y los delitos que resultaran contra Nayeli Salvatori Bojalil, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Nadia de la Rosa e Hilda Salvatori Bojalil. Fundamentó su interés jurídico en su pertenencia al grupo de hombres mayores de cincuenta años al que consideró dirigidas las expresiones difundidas en el programa “Des-casadas”. La actuación registrada corresponde a la presentación de la denuncia y al inicio de la intervención ministerial.

9. Enfrentamientos y controversias documentadas

Sus principales confrontaciones públicas han sido de naturaleza jurídica e institucional: el procedimiento de otorgamiento de notarías en 2018; las actuaciones de SOAPAP y Concesiones Integrales contra Plaza San Pedro en 2021; la operación del sistema municipal de parquímetros en 2022; la extinción de fideicomisos judiciales en 2024; el procedimiento de nombramiento en la Comisión de Atención a Víctimas en 2025; las condiciones laborales del Poder Judicial poblano en 2026, y la denuncia por discriminación presentada en agosto de ese año.

Su trayectoria pública se caracteriza por el empleo recurrente de mecanismos formales: juicio de amparo, representación procesal, denuncia penal, pliegos petitorios, solicitudes de información, asesoría jurídica a víctimas y participación en órganos colegiados. Curricularmente, su perfil reúne tres líneas continuas: ejercicio profesional de la abogacía, docencia e investigación jurídica y actuación organizada en materia de derechos humanos.