Señalamientos de opacidad y denuncias alcanzan al gobierno de Coronango

21 de septiembre de 2026

El gobierno municipal de Coronango, encabezado por Armando Aguirre Amaro, enfrenta nuevos cuestionamientos después de que se conociera que Alejandra Castillo Pérez, identificada en publicaciones periodísticas como enlace administrativo de la Consejería Jurídica municipal, continúa desempeñándose en el Ayuntamiento pese a una denuncia por un presunto fraude de 190 mil pesos. José Matías Agustín Ocotoxtle Cuatzo sostiene que entregó esa cantidad para gestionar escrituras de dos predios y que los documentos no fueron entregados. Los hechos denunciados comenzaron en 2023, antes de la incorporación de Castillo Pérez a la administración municipal. En abril de 2026, el asunto fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y quedó registrado en un procedimiento de mecanismos alternativos con el expediente 203/2026. Hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad de la servidora pública. Aguirre Amaro ha señalado que corresponde a la Fiscalía investigar los posibles delitos y que el Ayuntamiento, como autoridad administrativa, no puede intervenir en la investigación penal.

El caso se incorpora a una serie de señalamientos públicos sobre la administración de Aguirre Amaro que requieren distinguir entre denuncias, irregularidades administrativas documentadas y responsabilidades legalmente acreditadas. Una revisión periodística de la Plataforma Nacional de Transparencia reportó que durante el primer semestre de 2026 no estaban disponibles los contratos municipales correspondientes a obra pública, adquisición de bienes y prestación de servicios. La misma revisión identificó erogaciones anunciadas por el Ayuntamiento relacionadas con maquinaria, drones, infraestructura, uniformes y radiocomunicación, sin que pudieran consultarse los contratos y proveedores correspondientes. También se reportaron 28 contratos de publicidad durante el primer trimestre de 2026 por un monto acumulado de 178 mil 434 pesos. Por separado, publicaciones basadas en las declaraciones patrimoniales del alcalde señalaron que sus ingresos reportados por arrendamientos pasaron de 173 mil 488 pesos a 332 mil 304 pesos entre los ejercicios divulgados de 2025 y 2026, mientras la información patrimonial publicada no detallaría inmuebles asociados a esos ingresos. Estos elementos constituyen cuestionamientos de transparencia y consistencia documental; por sí mismos no acreditan un delito de corrupción.

También existen acusaciones formuladas por particulares y actores políticos. En agosto de 2025, el propietario de Diversiones Hinojosa acusó al gobierno municipal de cancelar un acuerdo para instalar juegos mecánicos en la feria de Coronango después de haber recibido los pagos pactados y señaló que analizaría denunciar al Ayuntamiento por incumplimiento de contrato y fraude. En otro caso, habitantes denunciaron presuntas irregularidades en Predial y Catastro, aunque las afirmaciones publicadas sobre posibles desvíos requieren una determinación oficial para establecer responsabilidades. Asimismo, dirigentes partidistas han cuestionado contrataciones, obra pública y transparencia municipal; esas declaraciones corresponden a acusaciones políticas y no equivalen a resoluciones administrativas o judiciales. En este contexto, el caso de Alejandra Castillo Pérez coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación administrativa de Armando Aguirre Amaro: una cosa es que el presidente municipal carezca de facultades para determinar la existencia del delito denunciado y otra distinta es la responsabilidad del Ayuntamiento de aplicar sus mecanismos internos de control, integridad, transparencia y evaluación de servidores públicos. La determinación sobre cualquier responsabilidad penal, administrativa o patrimonial corresponde a las autoridades competentes y deberá sustentarse en investigaciones y resoluciones formales.