Centro Histórico se remata con licencia

  Centro Histórico se remata con licencia

Cuando la reelección no necesita plano. Le basta un anuncio.

Por Rodolfo Herrera Charolet

Una obra de teatro con actos sucesivos y anuncio de continuación comenzó antes de que aparecieran las maquetas. El primer acto ocurrió cuando José Chedraui confirmó que buscará la reelección a la presidencia municipal de Puebla y que solicitará licencia cuando Morena marque los tiempos. Días después llegó el segundo acto: el primero de octubre, en Palacio Municipal, Carlos Slim y José Chedraui presentaron lo que denominaron rescate de Paseo de San Francisco, con una inversión anunciada superior a 4,000 millones de pesos, predios adquiridos en la zona, alrededor de 700 departamentos, comercios, estacionamientos y otras intervenciones dentro de uno de los sectores históricamente más sensibles de la ciudad.

El orden de los factores, en Puebla, provoca preguntas. La proximidad de ambos acontecimientos, la dimensión económica del proyecto y la participación del gobierno municipal justifican conocer qué acuerdos institucionales existen, cuándo comenzaron las conversaciones, qué compromisos fueron establecidos y cuáles corresponden a cada una de las partes.

No hace falta imaginar conspiraciones. Hace falta abrir expedientes.

Hay un antecedente particularmente importante. El 21 de agosto, el propio alcalde informó que Grupo Carso todavía no había solicitado permisos municipales para intervenir Paseo de San Francisco y que el proyecto ejecutivo tampoco había sido presentado al Ayuntamiento. Según aquella declaración, la autoridad municipal conocía la compraventa entre particulares, pero todavía no tenía formalmente el proyecto sobre la mesa.

¿Qué ocurrió administrativa y técnicamente entre el 21 de agosto, cuando no había proyecto ejecutivo presentado al Ayuntamiento ni permisos municipales solicitados, y el primero de octubre, cuando el desarrollo fue presentado públicamente desde Palacio Municipal con inversión, dimensiones y características generales?

¿Qué documentos fueron entregados durante esas semanas?

¿Qué gestiones se realizaron?

¿Qué autorizaciones existen ya y cuáles continúan pendientes?

Y políticamente surge otra pregunta: ¿por qué una intervención de esta magnitud se presenta pocos días después de que el alcalde confirmó públicamente su intención de buscar la reelección y no durante la primera etapa de su administración?

La coincidencia temporal no demuestra un acuerdo. Sí justifica conocer el expediente completo.

La duda adquiere mayor relevancia cuando se habla de infraestructura urbana alrededor del proyecto. Si recursos del erario serán destinados al drenaje, calles, movilidad, servicios, espacios públicos o infraestructura complementaria, el asunto no consiste en condenar anticipadamente la inversión privada, sino en saber cuánto pagará cada parte.

¿Cuánto invertirá la comuna en obra con etiqueta pública alrededor de una inversión privada superior a 4,000 millones de pesos?

¿Las obras municipales previstas para esa zona estaban programadas y presupuestadas antes de conocerse el proyecto de Grupo Carso o fueron incorporadas después?

La diferencia importa.

Una cosa es ejecutar infraestructura pública previamente necesaria para una zona deteriorada y otra sería destinar recursos adicionales para acompañar específicamente un desarrollo privado sin transparentar con precisión el beneficio colectivo.

Ahí se encuentra el verdadero punto de discusión: la posible socialización de costos y la privatización de plusvalías.

Una obra pública puede beneficiar legítimamente a toda una zona y, al mismo tiempo, incrementar sustancialmente el valor económico de propiedades particulares. Por eso debe conocerse cuánto pone el inversionista, cuánto pone el municipio, qué infraestructura será financiada por cada parte, qué bienes permanecerán públicos y quién capturará finalmente el incremento del valor inmobiliario generado alrededor del proyecto.

La suspicacia pública no demuestra colusión. Pero sí obliga a preguntar si existen mecanismos suficientes para impedir que una inversión privada termine apropiándose de una parte desproporcionada de la plusvalía producida también por infraestructura pública, patrimonio histórico y decisiones administrativas.

No hace falta imaginar el daño posible. El Centro Histórico ya ofrece datos que obligan a actuar con cuidado. Según Inegi e Implan, citados por el Plan de Manejo de la zona, la población pasó de 76,102 habitantes en 2000 a 41,293 en 2020: una caída de 45.7 por ciento en dos décadas. De 13,587 viviendas registradas ese último año, 18.1 por ciento estaban deshabitadas y 10.1 por ciento eran de uso temporal.

Esos datos no demuestran que la reducción de habitantes sea consecuencia exclusiva de la gentrificación. El despoblamiento del Centro Histórico tiene causas diversas: deterioro de inmuebles, cambios de uso de suelo, transformación comercial, turistificación y desplazamiento de vivienda hacia otras zonas metropolitanas.

Pero la gentrificación sí puede influir.

Cuando aumenta sustancialmente el valor del suelo, pueden aumentar también las rentas, los costos comerciales y las presiones económicas sobre residentes que no son propietarios, pequeños comerciantes e inquilinos. El problema no consiste en que un inmueble aumente de valor. Aparece cuando ese incremento ocurre sin mecanismos suficientes para que quienes ya viven o trabajan en el lugar puedan permanecer ahí.

El corazón de la ciudad no se vació solamente por falta de visitantes. Perdió vecinos.

El mercado inmobiliario ya refleja presiones. El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico ha denunciado locales de aproximadamente 40 metros cuadrados en el corredor 5 de Mayo con rentas de 100,000 a 120,000 pesos mensuales, mientras departamentos al sur del zócalo y rumbo a El Carmen han alcanzado ofertas superiores a 35,000 o 40,000 pesos.

Un registro de ofertas publicado en 2025 ubicó el incremento de rentas de departamentos en el centro en alrededor de 22 por ciento en menos de dos años, con un promedio cercano a 11,000 pesos y ofertas de hasta 26,000. AMPI había estimado previamente un aumento cercano a 19 por ciento en la renta de vivienda entre 2020 y 2024.

La Gerencia del Centro Histórico, cuestionada sobre ese proceso, respondió que carece de atribuciones para regular precios.

Los Sapos y San Francisco tampoco son un rumor. Investigadores y comerciantes han documentado la sustitución paulatina de vecindades, pequeños negocios y anticuarios por hoteles, restaurantes y establecimientos orientados a consumidores con mayor capacidad económica. El propio director del Centro INAH Puebla advirtió en 2024 que los procesos de restauración y revalorización pueden terminar desplazando a familias que han permanecido durante generaciones cuando ya no pueden sostener los nuevos costos.

En la última década, dirigentes de comerciantes han estimado la pérdida de cerca de 60 por ciento de negocios tradicionales y un avance importante de franquicias entre las más de 10,000 unidades económicas del Centro Histórico. Son estimaciones gremiales, no un censo oficial, pero describen una transformación que merece seguimiento.

Carlos Slim ha sostenido que el proyecto permitirá recuperar habitantes para el Centro Histórico y ofrecer vivienda accesible.

Ese objetivo debe medirse con números.

¿Cuántos de los aproximadamente 700 departamentos serán efectivamente vivienda accesible?

¿Cuál será su precio de venta o renta?

¿Existirá algún mecanismo para garantizar que las viviendas anunciadas como accesibles mantengan ese carácter después de su primera venta o renta?

¿Habrá instrumentos para evitar que una proporción significativa termine convertida en alojamiento temporal?

Sin cifras, condiciones y mecanismos verificables, la vivienda accesible sigue siendo una promesa que deberá comprobarse.

También debe conocerse qué alturas autorizará finalmente la normatividad patrimonial. No importa solamente lo que cabe en una maqueta. Importa lo que permiten los instrumentos urbanos, las reglas de protección patrimonial y los dictámenes correspondientes.

Pero el Ayuntamiento afirma que existe coordinación con el Gobierno del Estado y el INAH para cumplir las normas de intervención.

Coordinación no significa autorización.

Una presentación pública no sustituye un proyecto ejecutivo aprobado y un render tampoco equivale a una licencia de construcción.

Por ello la pregunta sigue vigente: ¿qué permisos, dictámenes, autorizaciones y proyectos ejecutivos existen actualmente y cuáles continúan pendientes?

El antecedente del 21 de agosto hace todavía más importante esa respuesta. Si entonces no existía proyecto ejecutivo presentado al Ayuntamiento ni permisos municipales solicitados, debe conocerse documentalmente qué cambió durante las semanas siguientes.

Mientras esos documentos no sean públicos, lo presentado en Palacio continúa siendo una inversión anunciada acompañada de un concepto urbano cuya ejecución dependerá de proyectos, licencias, autorizaciones y dictámenes.

La cercanía temporal con el proceso político no demuestra una finalidad electoral, pero hace razonable preguntar si el anuncio terminará incorporándose a la narrativa de reelección.

La respuesta no está en descalificar la pregunta.

Está en publicar los expedientes.

También existe la situación de quienes ocupaban comercialmente el Paseo de San Francisco.

Si algunos contratos dejaron de renovarse antes de que el nuevo proyecto fuera presentado públicamente, corresponde preguntar: ¿la desocupación comercial fue consecuencia del deterioro de la zona y de la dinámica ordinaria de los contratos, o estuvo relacionada de alguna manera con la preparación inmobiliaria del nuevo desarrollo?

La respuesta requiere contratos, fechas, comunicaciones, avisos de terminación y antecedentes de las negociaciones. Sin esos documentos no puede establecerse la causa.

Existe además un elemento familiar que justifica un estándar reforzado de transparencia. Una nieta de Carlos Slim está casada con un hijo del alcalde. El parentesco no acredita irregularidad alguna ni demuestra que la inversión derive de esa relación.

Pero precisamente por su existencia resulta necesario que toda gestión, permiso, convenio, obra pública o compromiso relacionado con la inversión anunciada pueda ser documentado y revisado públicamente.

No debería existir espacio para confundir una relación familiar con una decisión pública.

En ese contexto resulta también simbólico que, durante la presentación del proyecto, Carlos Slim recibiera del Ayuntamiento el reconocimiento de Visitante Distinguido.

La distinción forma parte del protocolo institucional. Pero cuando simultáneamente existen una inversión multimillonaria, decisiones urbanísticas, autorizaciones patrimoniales y posibles obras públicas complementarias, la cortesía política debe caminar acompañada de expedientes abiertos.

El patrimonio no se defiende con renders.

Se defiende con reglas de altura, proyectos ejecutivos, estudios de impacto, dictámenes del INAH, infraestructura transparente, vivienda realmente accesible, comercios capaces de permanecer y vecinos que no descubran, al renovar la renta, que el barrio donde vivieron siempre ya tiene un precio que ellos no pueden pagar.

Oponerse a la opacidad no significa oponerse a la inversión.

Una inversión superior a 4,000 millones de pesos puede producir empleo, vivienda, actividad económica y recuperación urbana. También puede producir plusvalía privada, presión inmobiliaria y desplazamiento si las reglas públicas son insuficientes.

El resultado dependerá de las condiciones que se impongan y de cómo se distribuyan costos y beneficios.

Por eso la discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de Carlos Slim.

La pregunta es mucho más sencilla:

¿Cuánto pone el empresario, cuánto pone el Ayuntamiento, qué recibe la ciudad y quién termina quedándose con la plusvalía?

Y una más, inevitable después del primer acto:

¿Por qué este proyecto aparece en el escenario público apenas unos días después de que José Chedraui confirmó que pretende buscar otros tres años en el Palacio Municipal?

La coincidencia no prueba un acuerdo.

Pero obliga a transparentarlo todo.

Puebla ya perdió casi la mitad de los habitantes que tenía su Centro Histórico al comenzar el siglo. La ciudad necesita inversión, pero también memoria, vivienda y vecinos.

La licencia puede alcanzar para buscar la reelección.

No alcanza para sustituir permisos, dictámenes ni explicaciones.

¿O no lo cree usted?