Pretende la PGJ ensuciar la reputación de un sospechoso para justificar su muerte
Alfonso Ponce de León Salgado/Intolerancia
Alfonso Ponce de León Salgado/Intolerancia
A menos de 24 horas de que la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, comparezca ante el Congreso del estado para informa sobre la persecución de los delitos durante el año del 2007, ya existe un plan para que la institución se “lave las manos” tras la muerte de Ricardo Ramírez Rodríguez, ocurrida la tarde del jueves 31 de enero pasado.
A través de la oficina de Prensa, la procuradora Villeda Martínez convocó a los reporteros de diarios locales y nacionales, además de radio, internet y televisión para darles a conocer su postura sobre lo ocurrido a Ramírez Rodríguez, muerto como consecuencia de asfixia por broncoaspiración; en esta postura se prevé que la institución se va a justificar en los antecedentes que el ahora occiso tuvo y que nunca le fueron comprobados en una sentencia.
Además de que la PGJ va a echar mano de la ficha de antecedentes de Ricardo Ramírez Rodríguez, también va a respaldar el trabajo de investigación realizado por los médicos José Luis Flores Contreras y la doctora María del Carmen Castaneira, en el sentido de que al cuerpo de Ricardo sólo le fueron halladas dos lesiones leves y que sus ropas no presentaban huellas que indicaran algún hecho violento.
A partir de las 12:00 horas de hoy la procuradora va a informar que Ricardo Ramírez Rodríguez, alias “El Güero”, “El Richard” o “El Demonio de Tazmania”, ingresó al Penal de San Miguel el 26 de febrero del 2003, a disposición del juez Quinto de lo Penal, como presunto responsable del delito de robo y que salió bajo fianza el 14 de febrero del 2003, sin que tuviera otro ingreso más por esta felonía.
Va a informar que Ricardo Ramírez, el 15 de julio del 2001 fue vinculado con la muerte de Armando Reynosa Vega, radicada en la averiguación previa 087/2001/AEH/2°, sin que le pudieran probar si participó o no.
Que Pedro Pérez Rollo, vecino de la 24 Sur 2701, lo denunció por el delito de robo, dentro de la averiguación previa 3298/2002/Oriente.
Que dentro de la averiguación previa 3135/2002/Oriente fue investigado por robo calificado, ocurrido el 13 de febrero del mismo año.
Que dentro de la averiguación previa 590/2004/Oriente le abrieron otra indagatoria por daño en propiedad ajena intencional.
Que se encargaba de distribuir drogas en las “narcotiendas” ubicadas en la 4 Oriente 3007 del barrio de Santa Bárbara, en la 30 Norte 605 y en la 26 Norte 631, donde sus jefes directos eran los hermanos Silvetti y donde pese a todos estos datos nunca hicieron nada por detenerlo.
De todos estos señalamientos se espera que también la PGJ informe del terminó de todas estas investigaciones.
La segunda necropsia que la PGJ va a refutar
La doctora Alejandra Alemán Aldana, médico forense de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con una experiencia en el ramo de 20 años, contratada como perito externo, mencionó que es difícil y casi imposible que un hombre parado se pueda broncoaspirar, la única forma sería que se encontrara en tercer periodo de alcoholismo o que estuviera sin sentido, aunque esto último fortalecería la hipótesis de tortura.
En tanto que el perito en criminalística, el abogado David Pérez Retes, informó que las ropa que llevaba puesta Ricardo Ramírez Rodríguez presentaba huellas de que fue arrastrado, además de que fue llevado a algún lugar donde el piso era de tierra, lugar donde le quitaron la ropa y lo dejaron en calzoncillos, que esto lo prueba la tierra que hallaron en la ropa íntima.
En otras palabras Ricardo fue llevado a una casa de seguridad fuera de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) donde fue torturado, luego lo trasladaron a las instalaciones de la PJE donde ocurrió la muerte, amén de que existen evidencias en sus ropas que indican que en todo momento fue arrastrado, tanto de espaldas como de frente, como lo muestran las puntas de sus botas donde también fue hallada tierra.
Un caso de secuestro que la PGJ se ha negado a investigar
Cuando se enteraron que mi hermano había muerto me intentaron asesinar: ARR.
Dos declaraciones que obran, la primera en el Ministerio Público de Atlixco y la segunda en la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, de Antonio Ramírez Rodríguez, propietario de varias empresas, entre éstas una de seguridad privada, echan por tierra el informe de los dos agentes de la PJE, en el sentido del lugar y la hora de la detención, incluso dejan en claro que fueron al menos cuatro los agentes que podrían estar involucrados en un caso de tortura y homicidio.
Antonio dice que fue a las 12:30 horas del jueves, y no a las 15:00 horas, que su hermano Ricardo y él mismo fueron detenidos por un grupo de agentes de la PJE, cuando salieron del hospital Ángeles, en la zona Angelópolis, ambos iban a abordar el vehículo Mondeo color plata, propiedad de la esposa de Antonio, cuando dos sujetos descendieron de un vehículo Pointer negro, les dijeron que eran judiciales y que iban a revisar la unidad.
En esas estaban cuando se acercó un segundo vehículo, Antonio no sabe si fue un Topaz o un Cavalier rojo, pero de esta unidad bajaron otros dos sujetos que se llevaron por la fuerza a Ricardo, en tanto que a él lo pasaron a la parte trasera de la unidad, lo obligaron a que se acostara en el piso de la misma y le pusieron encina tres chamarras; el conductor le ordenó que no se moviera o le iba a meter un balazo en la pierna y lo iba a amarrar.
El mismo conductor le dijo que “ya no se hiciera pendejo”, que no encubriera a su hermano, que estaba enterado de todo lo que hacía y que desde el sábado 26 de enero ya los estaban siguiendo. Le dijo que a él y a su hermano los vieron salir de su casa llevando motos acuáticas, que estuvieron en Valsequillo y que después se fueron al gotcha, luego le afirmó haber visto a su hermano sacar de su casa una Voyager de color verde, sin placas, pero Antonio le aclaró que esa unidad es propiedad de su vecino, a quien sólo conoce como “Jerry”.
El agente que estaba interrogando —el que iba al frente del volate— le dijo que ya sabían que su hermano Ricardo había asaltado un Telcel y que había llegado en una Lincoln Navigator, pero las fechas no coincidían, ellos habían comprado esa camioneta entre el 10 y 11 de enero y esta misma había cruzado la frontera el 8, sin embargo el asalto se había reportado antes.
El interrogador volvió a decirle que por estar encubriendo a su hermano ya había pasado a perjudicar a Alfonso Domínguez —uno de sus amigos— y que lo iban a ir a detener, todo por “andarse metiendo en pedos”.
Alfonso y su esposa, dice Antonio Ramírez, se dedican a la venta de muebles rústicos. Antonio no sabía a dónde lo llevaban cuando el mismo agente que lo interrogaba le dijo que le diera los 500 mil pesos que su hermano tenía guardados en su casa.
El dinero —le explico el judicial— era propiedad de “Pepe” Kauffman, otro de sus vecinos, y que éste se los había robado y se los había dado a guardar a su hermano, pero éste ya no se los quería regresar y le advirtió que si no le daba ese dinero si lo iban a matar.
Una llamada del Matra, la sentencia de muerte
Las amenazas y los interrogatorios continuaron por varias horas, Antonio no sabía dónde estaba su hermano ni a dónde se lo llevaban, en ocasiones pensó que iban a meterse a su casa y temía por su vida y en otras les pedía que le compraran dos aspirinas porque se sentía mal y antes había sufrido un infarto.
El judicial que iba al frente del volante del Pointer negro, cada cinco minutos se bajaba de la unidad para efectuar una llamada telefónica, luego regresaba con más amenazas, hasta que una llamada de radio Matra llamó su atención.
Para ese momento el agente conductor era el que amenazaba, el copiloto sólo trataba de controlar las cosas y le decía a Antonio que él no tenía broncas, que todo era por su hermano, sin embargo la llamada lo cambió todo.
El agente conductor llegó serio, le dijo a su compañero en clave “62” y luego “64”, fue cuando el copiloto se bajó de la unidad y trajo de la cajaela una cobija que echó encima de Antonio y le dijo: “yo sí te meto un plomazo si te mueves”.
Antonio narró a Intolerancia Diario que en esos momentos sintió que iba a morir, los agentes ya no se comunicaban entre ellos, ya no había amenazas, la radio Matra trasmitía conversaciones entre agentes, con todo y claves, y Antonio sintió que lo estaban sacando de la ciudad, les preguntó si se trataba de un secuestro y uno de ellos le dijo: “no digas pendejadas”.
Hubo un instante que Antonio tomó fuerzas, aprovechó que los agentes estaban preocupados y bajó lentamente la ventanilla del asiento trasero del conductor, la puerta no tenía palanca, por lo que cuando sintió que la ventana había bajado en su totalidad les aventó las chamarras y las cobijas a los agentes, sacó medio cuerpo por la ventanilla y comenzó a gritar “me quieren secuestrar”.
Los agentes no pudieron controlarlo ni hacer nada, para ese momento cinco o seis personas que estaban frente a un restaurante les gritaban, “ya los vimos”, fue cuando los dos judiciales se subieron a su vehículo, se dieron vuelta en “u” y regresaron. Antonio se había salvado.
Una historia que se repite
Desde el viernes 27 de octubre del 2006, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) había convocado a los reporteros de la fuente policiaca para detallarles la detención de cuatro sujetos relacionados con asaltos a cuenta habientes, pero la conferencia horas después se pospuso por una sola razón: se les murió uno de los detenidos.
En medio de un completo hermetismo, trascendió el sábado 28 de octubre, un día después, que José Alfredo Sotelo Sánchez, uno de los cuatro detenidos, había sido hallado sin vida en una de las galeras de los separos de la PGJ: tenía amarrada al cuello su playera y el otro extremo a uno de los barrotes.
Al igual que sucedió con el caso de Ricardo Ramírez Rodríguez, un agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, dio inicio a las diligencias del levantamiento de cadáver. Una rápida necropsia reveló que las causas de su muerte fueron como consecuencia de asfixia por ahorcamiento y no hubo más, la orden fue que todo quedara como caso cerrado.
La oficina de Prensa, obedeciendo las instrucciones de la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, no dio más detalles de la detención de los cuatro sospechosos asaltos a cuentahabientes, entre quienes se encontraban —además del presunto suicida— Enrique Castillo Hernández, de 33 años; Edgar Antonio Leyba, de 28; y Juan Carlos de la Torre Espinosa, de 37, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel.
Sobre el particular trascendió que los cuatro sospechosos por robo calificado y robo a mano armada fueron detenidos el mismo viernes en el cruce de la avenida Juárez y el bulevar Atlixco, cuando circulaban a bordo de dos vehículos, un Pontiac tipo Sunfiere blanco, placas 348TGB del Distrito Federal, además de un Nissan tipo Pathfinder oro, placas 348TGB, les decomisaron dos armas de fuego, un revolver calibre 38 y una pistola 32, abastecidas con siete y seis cartuchos útiles.
Entre los afectados por los detenidos se encontraban dos jóvenes que fueron despojados de 200 mil pesos en efectivo, por lo que tuvieron que identificarlos, a través de la cámara Gesel.
Cuando realizaban la identificación vieron que José Alfredo Sotelo Sánchez, al detectar la llegada de quien era el subdirector del grupo Operativo Metropolitano de la PJE, Román Martínez Ponce le sonrió y éste al advertir que lo estaban mirando, sólo se agacho y se retiró.
Al día siguiente, antes de que alguien presumiera que los sospechosos de robo tenían algún nexo con el comandante Martínez Ponce, éste apareció muerto y las investigaciones fueron archivadas.
