Martín Hernández y Josué Mota/La Jornada de Oriente
El último escándalo que envolvió a Villeda fue la tortura y asesinato del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez a manos de un par de elementos de la Policía Judicial poblana, que ya fueron consignados por ambos delitos.
La salida de Villeda de la dependencia fue adelantada por muchos medios de información locales, los cuales también han presumido que será sustituida en el cargo por Pericles Olivares Flores, quien fue presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado en la anterior legislatura y es un hombre cercano al llamado góber precioso.
La ex funcionaria no quiso dar explicaciones de su dimisión y se concretó a decir que la sociedad juzgará su desempeño público, aunque se jactó de que Puebla es una de las entidades federativas más seguras. Ayer, Villeda Martínez, fiel a su costumbre, se negó a hablar con casi todos los medios de comunicación, y sólo concedió una entrevista a un noticiero radiofónico.
La Jornada de Oriente se comunicó a la Procuraduría General de Justicia para poder conocer los motivos de la dimisión de la Villeda, pero se informó que no habría ningún comunicado, ni mucho menos una rueda de prensa, y sólo informó que presentó su renuncia el lunes por la mañana.
Posteriormente, se dio a conocer que la salida de Villeda Martínez se debe a su estado de salud, y que ahora se atenderá del cáncer que la aqueja desde hace varios años. Pero la renuncia de Villeda no sorprendió a nadie, ya que desde hace varias semanas se comenzó rumorar su salida como parte de los cambios que el gobernador Mario Marín Torres haría en su gabinete.
De hecho, desde febrero de 2007, cuando la ahora ex funcionaria compareció por segunda ocasión ante el Congreso local, algunos diputados le sugirieron que renunciara para que atendiera su enfermedad.
Durante la crisis que padeció la administración marinista, cuando se descubrió la confabulación contra la autora del libro Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía Infantil, Villeda Martínez fue la funcionaria estatal más agresiva en sus declaraciones sobre el caso: atacó constantemente a Cacho, asegurando que su versión de su detención y traslado por policías judiciales era una mentira.
También aseveró que la entonces fiscal especial de la procuraduría General de la República para esclarecer delitos en contra de mujeres, Alicia Pérez Duarte, era parcial en las investigaciones que realizaba de la conjura por ser amiga de la periodista y al final cuestionó severamente el dictamen del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, en el cual concluyó que el gobernador, la procuradora y otros servidores públicos de Puebla y Quintana Roo, efectivamente atentaron contra la informadora.
En el caso de Nicolás Aguilar Rivera, organizaciones defensoras de derechos humanos en Puebla acusaron a la procuradora de actuar dolosamente para evitar la aprehensión del cura señalado por la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes como violador de al menos 86 niños en California, EU y Puebla.
Y sobre el caso del empresario torturado, quien pereció el 31 de enero pasado por broncoaspiración en las instalaciones de la PGJ, Villeda aseguró que los elementos de la Policía Judicial eran inocentes y que “cualquier persona puede broncoaspirar cuando va caminando”. (sic)
Deja varios pendientes Villeda
El trabajo de Villeda se caracterizó por la falta de actuación en casos muy relevantes para la sociedad. Desde 2004 existe una orden de aprehensión en conatra de Nicolás Aguilar cura de la iglesia católica, quien está acusado de violar a más de 90 niños en México y Estados Unidos.
El año pasado, cuando Villeda salió de su segunda comparecencia ante el Congreso, aseguró a los medios de comunicación que ya existía un convenio con las procuradurías de todos los estados del país y con la Interpol para detener al sacerdote pederasta; sin embargo, La Jornada de Oriente documentó en febrero de 2007 que las procuradurías de Justicia de Guerrero, Morelos Hidalgo y Veracruz negaron que existiera dicho acuerdo.
Villeda Martínez confirmó en diversas ocasiones que existe una orden de aprehensión contra Nicolás Aguilar, pero hasta el momento no lo han logrado detener, aun cuando este sujeto transita libremente por la región de Tehuacán y visita a los párrocos, según testimonios recogidos.
De hecho la periodista especializada en este tema Sanjuana Martínez afirmó el año pasado que Puebla “es un paraíso de los pederastas”, precisamente porque los responsables de este crimen no son capturados por la Procuraduría General de Justicia.
Otro caso relevante es de la niña de aproximadamente 16 años cuyo cuerpo fue hallado descuartizado el pasado día 20 de diciembre, dentro de un contenedor de basura en la unidad habitacional de Xilotzingo.
Hace unas semanas, Villeda Martínez declaró públicamente que ya existen líneas de investigación sobre el caso, pero que no se puede revelar información por el sigilo de la investigación. Lo cierto es que a casi dos meses de que fueron hallados los restos de la niña, todavía ninguna persona ha sido detenida.
Se rumora la salida de funcionarios de la PGJ
Tras las renuncia de Villeda Martínez se ha comenzado a rumorar que algunos funcionarios que estaban muy ligados a ella también tendrán que funcionar, una de éstos, es la directora de Averiguaciones Previas, Rocío Montero Valencia, quien ha sido señalada por Antonio Ramírez, hermano del joven que presuntamente fue asesinado por policías judiciales, como una de las trabajadoras de la Procuraduría que ha tratado de encubrir a los agentes que participaron en ese caso.
Gabriel Gaspariano Mora, comandante de la Policía Judicial, es otro de los funcionarios que se ha rumorado que dejará la Procuraduría General de Justicia por una serie de irregularidades que ha cometido.
Con Villeda sólo hubo crímenes pasionales
Para Villeda Martínez, la mayoría de los asesinatos que ocurrieron durante su administración, fueron “crímenes pasionales”. Tan sólo en los primeros días de 2007, cinco personas fueron asesinadas. Uno de los crímenes que más llamó la atención fue el de Hugo Zárate Álvarez, director de Investigaciones Políticas de la Secretaría de Gobernación estatal, cuyo cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, dentro de un auto Peugeot sin placas ni permiso de circulación, que fue abandonado en el municipio de San Andrés Cholula.
La Procuraduría General de Justicia aseguró que Zárate Álvarez fue asesinado porque sostenía un romance con una mujer y la hija de ésta.
Sin embargo, dentro y fuera del ámbito oficial se especuló que Zárate Álvarez pudo haber sido ultimado por asuntos relacionados con su trabajo oficial, ya que era el hombre que se encargaba de coordinar tareas de infiltración a organizaciones criminales e investigar la vida privada de políticos y personalidades públicas.
