El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) autorizó la inclusión de última hora al municipio de San Pedro Cholula, que encabeza Dolores Parra Jiménez, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun). Aún cuando el gobierno municipal cholulteca deberá de aportar otro 30 por ciento del programa, es decir, tres millones de pesos, para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública.
De acuerdo con el convenio signado por la federación, el gobierno estatal y el municipio de San Pedro Cholula, el recurso servirá para mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como para desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social del delito, para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
El municipio conurbado a la ciudad de Puebla debe aportar el diez por ciento de los recursos que recibe de la federación, para el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana.
Con la incorporación de San Pedro Cholula, son seis los municipios de Puebla que se inscribieron al programa y que recibirán, en total, una cantidad de 145 millones de pesos. El Subsemun integra a 215 municipios de todo el país, entre ellos: Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Teziutlán y San Pedro Cholula.
Los recursos se reparten en 95 millones de pesos para la ciudad capital y 10 millones para cada uno de los demás ayuntamientos, incluido ahora San Pedro Cholula.
Según el último informe del Sesnsp, de los 220 municipios registrados, sólo a 215 les fue autorizada la pasada entrega que en total asciende a mil 241 millones 578 mil 376 pesos y queda pendiente un 2.5 por ciento, debido a que a cuatro demarcaciones se le suspendió el apoyo.
Los objetivos generales del SUBSEMUN son:
Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos
Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.
Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las detonan.
Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.
Estos recursos se consideran etiquetados y se destinan expresamente a los rubros de:
Para 2011, se autorizó la cantidad de 4,303.3 millones de pesos para este subsidio, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), monto mayor en un 4.0% a la cifra autorizada en el año 2010.
El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que a más tardar el 15 de enero, debe darse a conocer la lista de municipios y demarcaciones beneficiados por el SUBSEMUN, considerando los siguientes criterios:
Para el ejercicio fiscal 2011 se dio cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados; de igual forma, se dio cobertura a grupos de municipios que por su proximidad geográfica, se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva.
Además con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del fenómeno delictivo, entre los municipios elegibles, se consideraron al menos tres de cada entidad federativa.
