Denuncian irregularidades en juzgado
2015 0813 | Las irregularidades en el desalojo forzado que sufriĆ³ la defensora de derechos humanos MarĆel Guadalupe Bonilla Dumit y los obstĆ”culos para entablar su defensa, revelan el contubernio entre el personal del Juzgado DĆ©cimo Segundo, especializado en materia financiera, representado por el Juez Ismael De Gante SĆ”nchez, y los empresarios BeltrĆ”n Villagra, avalados por el Presidente del Tribunal, Roberto Flores Toledano.
Integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) denunciaron que el desalojo se llevĆ³ a cabo dos dĆas antes de la audiencia mediante la cual se impugnĆ³ la ilegalidad del lanzamiento, ademĆ”s de que autoridades mantuvieron en reserva el expediente del caso, sin notificar oportunamente al Albacea, con el fin de impedir la posibilidad de defensa y otorgar ventaja a BeltrĆ”n Villagra para su ejecuciĆ³n.Explicaron que este caso tiene como origen las irregularidades de un juicio que BeltrĆ”n Villagra, en representaciĆ³n de Levinia Arellano Cabrera, misma que por treinta y cinco mil pesos en 2010 comprĆ³ la vivienda desalojada. Dicho juicio fue seguido en contra de MarĆa Elvira Guadalupe Dumit GarzĆ³n, fallecida desde 1992.
Fernando Javier BeltrĆ”n Villagra, titular del despacho BeltrĆ”n Villagra y Asociados JurĆdico Empresarial, cesionarios de la empresa ZENDERE cuyos directivos fueron ejecutivos que laboraron en HSBC, antes BITAL, banco que originalmente otorgĆ³ el crĆ©dito hipotecario a los padres de Mariel Bonilla Dumit en 1990, son los compradores de la cartera vencida y especuladores inmobiliarios que han amasado su fortuna con base a este tipo de juicios.
“El 21 de mayo pasado, una comisiĆ³n de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo acudimos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acompaƱando a Mariel Bonilla e Israel Sampedro a una reuniĆ³n con el Secretario Adjunto, Guillermo Morales RodrĆguez, a quien se le expusieron todas las arbitrariedades de las que estĆ” plagado el juicio desde su origen en el aƱo 2003, y el mismo secretario, bajo el discurso de respetar la autonomĆa jurisdiccional de cada Juzgado,expresĆ³ que como Tribunal no pueden impedir las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que los jueces a su cargo cometen”, expuso la RDDH en un comunicado.
Aseguraron que la manera en que se violenta el derecho humano a la vivienda de los defensores de derechos humanos Mariel Bonilla e Israel Sampedro, no es un caso Ćŗnico, sino que miles de familias de mexicanos estĆ©n siendo despojados de sus viviendas, producto de la corrupciĆ³n y usura que funcionarios de gobierno cometen en contubernio con “particulares”.
Exhortaron al pueblo en general, a las vĆctimas de desalojo y desplazamiento forzado a denunciar, a hacer pĆŗblicos sus casos y a actuar de forma organizada en la defensa por el derecho humano a la vivienda.
Interviene la CNDH
La ComisiĆ³n de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) informĆ³ que ayer, luego de la difusiĆ³n de la denuncia pĆŗblica del desalojo forzado del que fueron vĆctimas los defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, miembros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), abriĆ³ el expediente correspondiente y realiza las diligencias pertinentes.
“Este organismo constitucionalmente autĆ³nomo, ha buscado a travĆ©s de la Red de Defensa de los Derechos Humanos a la agraviada; entre tanto, solicitarĆ” los informes en colaboraciĆ³n, con el fin de determinar la competencia de esta ComisiĆ³n y en su oportunidad, estar en aptitud de poder determinar si se trata de una presunta violaciĆ³n a los derechos humanos”, seƱalĆ³ en una tarjeta informativa enviada a este medio”.
Miembros de la RDDH denunciaron el proceso plagado de irregularidades a cargo del Juez Ismael De Gante LĆ³pez quien ordenĆ³ el desalojo con fuerza pĆŗblica, incluso facultando a la Diligenciaria NON para tal efecto, ya que el Diligenciario Par tiene una queja administrativa por llevar a cabo una diligencia de manera ilegal respecto al mismo juicio.
Acusaron que le fueron entregadas fichas tĆ©cnicas de las graves violaciones procesales en dicho juicio, tanto al propio Juez como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo omitieron las irregularidades y se consumĆ³ el desalojo forzado, subrayaron.
“Hay una clara evidencia de violaciones a derechos humanos bĆ”sicos como es el de certeza jurĆdica, derecho de audiencia y el derecho humano a la vivienda. Por lo que este caso trasciende un problema entre particulares que cuestiona y pone en duda por la vĆa de los hechos el carĆ”cter Ć©tico, legal y los criterios de los Juzgadores en los procedimientos para las resoluciones judiciales. SituaciĆ³n que exige de una intervenciĆ³n apegada a los estĆ”ndares internacionales en derechos humanos, de lo contrario, el gobierno del estado se convertirĆa en cĆ³mplice por aquiescencia de estos actos”, establece un comunicado de la RDDH.
El posicionamiento solicita al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Gobernador Rafael Moreno Valle:
“Que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla garantice la imparcialidad de la administraciĆ³n de justicia en tanto asuma la responsabilidad de estudiar de fondo el Incidente de OposiciĆ³n de EjecuciĆ³n de Sentencia propuesto por Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, y resolver conforme a derecho y principios constitucionales dicho incidente.
II.A realizar en el Ć”mbito de sus atribuciones una investigaciĆ³n exhaustiva e imparcial respecto al actuar aquiescente de las autoridades del Juzgado DĆ©cimo Segundo Especializado en Materia Financiera de esta ciudad de Puebla con Javier Beltran Villagra en representaciĆ³n de MarĆa Levinia Arellano Cabrera a efecto de sancionar administrativa y/o penalmente a los responsables.
A los organismos internacionales de protecciĆ³n de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, les pedimos muy atentamente expresen su preocupaciĆ³n ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno al gobierno del Estado de Puebla y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que atiendan puntualmente la presente peticiĆ³n.”
Interviene la CNDH
La ComisiĆ³n de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) informĆ³ que ayer, luego de la difusiĆ³n de la denuncia pĆŗblica del desalojo forzado del que fueron vĆctimas los defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, miembros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), abriĆ³ el expediente correspondiente y realiza las diligencias pertinentes.
“Este organismo constitucionalmente autĆ³nomo, ha buscado a travĆ©s de la Red de Defensa de los Derechos Humanos a la agraviada; entre tanto, solicitarĆ” los informes en colaboraciĆ³n, con el fin de determinar la competencia de esta ComisiĆ³n y en su oportunidad, estar en aptitud de poder determinar si se trata de una presunta violaciĆ³n a los derechos humanos”, seƱalĆ³ en una tarjeta informativa enviada a este medio”.
Miembros de la RDDH denunciaron el proceso plagado de irregularidades a cargo del Juez Ismael De Gante LĆ³pez quien ordenĆ³ el desalojo con fuerza pĆŗblica, incluso facultando a la Diligenciaria NON para tal efecto, ya que el Diligenciario Par tiene una queja administrativa por llevar a cabo una diligencia de manera ilegal respecto al mismo juicio.
Acusaron que le fueron entregadas fichas tĆ©cnicas de las graves violaciones procesales en dicho juicio, tanto al propio Juez como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo omitieron las irregularidades y se consumĆ³ el desalojo forzado, subrayaron.
“Hay una clara evidencia de violaciones a derechos humanos bĆ”sicos como es el de certeza jurĆdica, derecho de audiencia y el derecho humano a la vivienda. Por lo que este caso trasciende un problema entre particulares que cuestiona y pone en duda por la vĆa de los hechos el carĆ”cter Ć©tico, legal y los criterios de los Juzgadores en los procedimientos para las resoluciones judiciales. SituaciĆ³n que exige de una intervenciĆ³n apegada a los estĆ”ndares internacionales en derechos humanos, de lo contrario, el gobierno del estado se convertirĆa en cĆ³mplice por aquiescencia de estos actos”, establece un comunicado de la RDDH.
El posicionamiento solicita al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Gobernador Rafael Moreno Valle:
“Que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla garantice la imparcialidad de la administraciĆ³n de justicia en tanto asuma la responsabilidad de estudiar de fondo el Incidente de OposiciĆ³n de EjecuciĆ³n de Sentencia propuesto por Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, y resolver conforme a derecho y principios constitucionales dicho incidente.
II.A realizar en el Ć”mbito de sus atribuciones una investigaciĆ³n exhaustiva e imparcial respecto al actuar aquiescente de las autoridades del Juzgado DĆ©cimo Segundo Especializado en Materia Financiera de esta ciudad de Puebla con Javier Beltran Villagra en representaciĆ³n de MarĆa Levinia Arellano Cabrera a efecto de sancionar administrativa y/o penalmente a los responsables.
A los organismos internacionales de protecciĆ³n de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, les pedimos muy atentamente expresen su preocupaciĆ³n ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno al gobierno del Estado de Puebla y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que atiendan puntualmente la presente peticiĆ³n.”
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