Javier Lozano Alarcón, jefe de la oficina del gobernador José Antonio Gali Fayad, acusó al Ayuntamiento de San Pedro Cholula de hacer el cobro de saneamiento de agua sin realmente ofrecer el servicio, con lo que la administración de José Juan Espinosa Torres, “incurre en el delito de concusión”, sin que el gobierno estatal tenga previsto presentar algún procedimiento legal. Lo que se traduce en un delincuente solapado por autoridades, afirmaron dirigentes de organizaciones de la sociedad civil cholulteca.
En respuesta, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, señaló que las declaraciones de Javier Lozano Alarcón son una amenaza para quienes han emprendido una defensa contra la privatización del servicio del agua potable.
El edil agregó que no habrá marcha atrás, sin importar que por ello se convierta en un preso político.
Cholula cobra saneamiento del agua sin dar el servicio
Javier Lozano mostró la copia de un recibo de pago del ayuntamiento cholulteca para señalar que dicho ayuntamiento hace el cobro por saneamiento de agua sin brindar dicho servicio.
Aunque advirtió que con esto se incurre en el delito de concusión, sostuvo que por el momento no se tiene intención de presentar una denuncia.
“No vamos a presentar una denuncia. La puede hacer cualquier persona. No sé si la fiscalía puede actuar de oficio. Este servicio lo da el Soapap y no cobra por el mismo”.
Estimó que por el cobro de este servicio, el ayuntamiento ha recaudado 6 millones 417 mil pesos.
¿Cómo le hace San Pedro Cholula para cobrar un servicio que no ofrece? Hace caravana con sombrero ajeno”, aseguró.
Gustavo Gaytán Alcaraz, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), reconoció que los ayuntamientos de Cuautlancingo y San Andrés Cholula también realizan dicho cobro.
“Al Soapap le cuesta 123 millones de pesos por brindar este servicio en los municipios de Xoxtla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula”, expuso.
No retrocederá la defensa del agua, advierte edil de Cholula
El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres dijo que no habrá marcha atrás en la defensa del agua, sin importar que por ello se convierta en un preso político, y agregó que las declaraciones del Jefe de la Oficina del Ejecutivo, Javier Lozano Alarcón, son una amenaza para quienes han emprendido una defensa contra la privatización del servicio del agua potable.
En entrevista, señaló que no es un tema exclusivo del gobierno municipal de San Pedro Cholula, sino de miles de ciudadanos que han instrumentado una estrategia por esta causa para evitar que resulten afectados sus intereses.
Espinosa Torres enfatizó que el Gobierno de Puebla pretende que los ayuntamientos que se están oponiendo a la privatización del Agua en Puebla, se desistan de efectuar una controversia constitucional pero no lo van hacer.
“Si se trata de ser el primer preso político de este gobierno por defender el agua, estamos dispuestos a serlo”, sentenció.
También enfatizó que el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Javier Lozano Alarcón “no tiene calidad moral y miente una vez más”, y por esa razón puso como ejemplo la privatización que se hizo en Puebla al pasar del Soapap a una concesión del servicio a la empresa Agua de Puebla Para Todos, la cual aumentó las tarifas, y enfatizó que ahora pretenden hacer lo mismo en otros municipios para hacer millonarios negocios con un derecho de los mexicanos.
Con recibos en mano, Espinosa Torres demostró que Agua de Puebla ya está extendiendo los recibos por concepto de cobro del servicio de agua en el municipio de San Andrés Cholula, y ahora lo pretende hacer en la zona metropolitana, incluyendo en demarcaciones como Cuatlancingo, San Pedro Cholula y San Miguel
Xoxtla, además de Amozoc y Tehuacán, en donde se están perforando pozos de agua.
Confía gobierno en ganar controversia
Cuestionado respecto a la controversia constitucional presentada por Espinosa Torres en contra de la aprobación hecha por el Congreso local en enero de este año, Javier Lozano afirmó que la administración estatal no advierte motivo para un procedimiento de este tipo.
“Respetamos al Poder Judicial, estaremos atentos y expectantes. No advierto que haya un motivo para controversia constitucional”.
Manifestó que el concepto de “Estado” establecido en el artículo refiere al sentido amplio, es decir, gobierno, población y territorio.
Manifestó que la reforma en ningún momento insinúa que el servicio lo vaya a proporcionar el Gobierno del Estado, debido a que como lo establece la legislación es responsabilidad de los ayuntamientos.
“Es falso que con las recientes reformas al artículo 12 se insinúe privatizar el derecho al agua. El gobernador José Antonio Gali se comprometió a presentar ante el Congreso la iniciativa para el acceso al agua”.
Subrayó que no se puede dar marcha atrás con esta legislación, pues basta con el aval de las dos terceras partes del Congreso, más la mayoría de los ayuntamientos para que sea constitucional.
“Fue una aprobación por todos los partidos políticos. Está satisfecho el requisito para reformar la Constitución. No fue para quitarle la facultad que ellos (los ayuntamientos) tienen para operar el agua. Ni siquiera lo intentó. El agua es una atribución estrictamente municipal”, expuso.
Extraña a Lozano postura política de Espinosa
Finalmente, Javier Lozano, también vocero de la administración estatal recordó que en 2016 el edil, José Juan Espinosa, reconoció el trabajo del ex gobernador Rafael Moreno Valle, en el informe de labores del primero, acto en el que estuvo presente Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
“Estuvimos en el informe de gobierno de José Juan Espinosa. Me extraña que de pronto lo que se conocía como colaboración haya desaparecido”.
Subrayó que la intención de José Antonio Gali es estar en paz con todos los ediles de Puebla, por lo que tuvo un acercamiento con la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez.
“Gracias a los buenos oficios de Osorio Chong se hizo un evento muy bonito en Tehuacán. La actitud de Gali es de reconciliación con todo mundo. En el caso de San Pedro Cholula tendemos la mano”.
Presidentes municipales se desisten de controversia constitucional
Los presidentes municipales de San Andrés Cholula y Libres, Leoncio Paisano Arias y Enrique Cerón Flores, no promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local, la cual permite al Estado administrar y operar el servicio de agua potable en los municipios.
Por separado, ambos munícipes de extracción panista, aclararon que los integrantes de sus cabildos votaron en contra de la modificación hecha por el Congreso, la cual fue propuesta por el exgobernador Rafael Moreno Valle.
En entrevista, Paisano Arias señaló que no se sumará a la acción que emprendió José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula, quien el lunes entregó el documento al máximo tribunal del país.
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó este lunes el documento en el que señala como terceros interesados a los 216 ayuntamientos de la entidad
El panista aseveró que Espinosa Torres sólo busca “reflectores”, sin embargo el pronunciamiento en contra de la reforma a la Constitución local tiene el apoyo de los regidores de San Andrés Cholula y sostuvo que su gobierno mantendrá la operación del sistema operador del servicio de agua potable.
“Ya fijamos una postura, estamos en contra de la iniciativa (…) nosotros tenemos un organismo operador de agua potable, nosotros estamos dispuestos a que siga trabajando de esa manera”. Finalmente, cada quien toma sus decisiones y ahí con este amigo (José Juan Espinosa Torres) sólo busca reflectores, nuestro pronunciamiento es personal y apoyado por el cabildo”, declaró.
Por su parte, Enrique Cerón Flores manifestó que tampoco presentará el recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia, y que con la negativa hecha por el cabildo a la reforma constitucional es suficiente para mostrar su desacuerdo.
Niegan presiones por rechazo a la reforma
Paisano Arias y Cerón Flores negaron que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) los presionara para que los cabildos votaran a favor de la reforma propuesta por Moreno Valle a principios de enero.
Los militantes del albiazul aseveraron que no hubo una estrategia por parte de Jesús Giles Carmona y Martha Erika Alonso Hidalgo, presidente y secretaria general del PAN, para aprobar la modificación a la Constitución local, y tampoco hubo represalias tras la postura tomada por los cabildos.
De acuerdo con José Juan Espinosa Torres, munícipe de San Pedro Cholula, los líderes del PAN obligaron a los alcaldes que militan en el partido de derecha a dar su voto a favor a la fracción VI del artículo 12.
Llega a la SCJN controversia
Para revertir la reforma que permite al estado administrar y operar el servicio de agua potable en los municipios, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó este lunes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El documento tiene como terceros interesados a los 216 ayuntamientos del estado, los cuales hoy manejan este recurso natural y tendrán que presentar las actas de las sesiones de cabildo en las que avalaron la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la constitución local.
“Estamos señalando como terceros interesados a los 216 ayuntamientos, esto nos permite que ellos tengan que rendir un informe a menos que renuncien a ese interés jurídico, lo cual causaría un grave perjuicio y malestar en los habitantes de esos municipios”, declaró el munícipe.
En entrevista con e-consulta, Espinosa Torres señaló que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presionó a sus alcaldes para que los cabildos dieran su voto a favor de la reforma propuesta por sus diputados locales, por lo que no descartó que repitan la estrategia para que los presidentes municipales renuncien a su interés jurídico y así no presenten los informes de las actas de cabildo a los ministros de la SCJN.
“Este afán privatizador del servicio de agua potable no lo podemos permitir ni en San Pedro Cholula ni en ninguno de los 217 ayuntamientos del estado de Puebla (…) estoy convencido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corregirá la plana al Congreso del Estado y a quienes desde la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Jesús Giles y Martha Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, han venido presionando a los alcaldes a los cabildos del estado de Puebla para que de forma rápida a puerta cerrada, sin que el pueblo se entere, aprobaran esta reforma que todas luces que es inconstitucional”.
El 6 de enero pasado, el Congreso del Estado aprobó la modificación al artículo 12, el cual en uno de sus párrafos abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable, debido a que se establece que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Asimismo, dijo que los ayuntamientos que no aprobaron la reforma constitucional, tienen hasta el 27 de febrero para presentar otras controversias constitucionales, y que a partir de ese momento la SCJN establecerá los plazos para aceptar y estudiar el caso.
Hasta el momento, los ayuntamientos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Libres, Tehuacán, Soltepec, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, Juan C. Bonilla y Coronango votaron en contra de la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución.
Argumentan tres violaciones
Entre los argumentos que el gobierno de San Pedro Cholula presentó en la controversia constitucional, destaca que la reforma constitucional se publicó el 27 de enero en el Periódico Oficial del Estado, con lo que no se cumplió con el plazo de un mes -a partir de su aprobación el 6 de enero- que marca la Constitución local.
Tampoco se respetó el plazo de un mes para aquellos ayuntamientos que todavía no se pronuncian sobre los cambios a la Constitución local, así como que la modificación hecha no se asemeja al artículo 115 de la Carta Magna, el cual precisa que el servicio del agua potable debe administrarlo cada municipio y sus sistemas operadores.
Descartan que exista un replanteamiento a la reforma del agua
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, del Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui, descartó que exista un replanteamiento a la reforma del agua al decir que ya se declaró constitucional y no pretende la privatización del vital líquido en la entidad.
El pasado lunes 30 de enero, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, acudió al Poder Legislativo local para pedir el replanteamiento de la reforma al artículo 12 constitucional local, debido a que sugiere la privatización del servicio.
Advirtió que en caso de que no existiera una reformulación, podría presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “echar abajo” este artículo.
En entrevista, Aguilar Chedraui reiteró que “es falso” que la reforma tenga como objetivo privatizar el servicio en todo el estado, pues, dijo, lo único que hicieron fue “consagrar el agua como un derecho humano”, al igual que lo establece la Constitución federal.
El legislador local manifestó que dicha reforma se hizo incluso con el apoyo de organizaciones sociales relacionadas con el tema del agua.
“Reformamos la constitución en su artículo 12 para consagrar el agua como un derecho humano. Lo que dice José Juan es exactamente lo contrario. Se declaró la constitucionalidad de la reforma en la pasada sesión. Ya es constitucional y está por publicarse en el Diario Oficial del Estado”, puntualizó.
El pasado 6 de enero los diputados locales aprobaron una reforma al artículo 12 constitucional local con el fin de establecer el derecho al acceso del agua potable. La iniciativa fue aprobada por las dos terceras partes de los 217 municipios, por lo que el Poder Legislativo la declaró constitucional el viernes 27 de enero.
En un párrafo dice que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Lo anterior, sugiere que el gobierno podrá quitar a los municipios el control del sistema operador del agua.
Cholula cobra lo que no proporciona
Javier Lozano Alarcón, jefe de la oficina del gobernador José Antonio Gali Fayad, rechazó que la reforma al artículo 12 de la Constitución Local, implique la “privatización” del agua, por lo que no advierte motivo de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al mismo tiempo, acusó al Ayuntamiento de San Pedro Cholula de hacer el cobro de saneamiento de agua sin realmente ofrecer el servicio, con lo que la administración de José Juan Espinosa Torres, “incurre en el delito de concusión”, sin que el gobierno estatal tenga previsto presentar algún procedimiento legal.
Confía gobierno en ganar controversia
Cuestionado respecto a la controversia constitucional presentada por Espinosa Torres en contra de la aprobación hecha por el Congreso local en enero de este año, Javier Lozano afirmó que la administración estatal no advierte motivo para un procedimiento de este tipo.
“Respetamos al Poder Judicial, estaremos atentos y expectantes. No advierto que haya un motivo para controversia constitucional”.
Manifestó que el concepto de “Estado” establecido en el artículo refiere al sentido amplio, es decir, gobierno, población y territorio.
Manifestó que la reforma en ningún momento insinúa que el servicio lo vaya a proporcionar el Gobierno del Estado, debido a que como lo establece la legislación es responsabilidad de los ayuntamientos.
“Es falso que con las recientes reformas al artículo 12 se insinúe privatizar el derecho al agua. El gobernador José Antonio Gali se comprometió a presentar ante el Congreso la iniciativa para el acceso al agua”.
Subrayó que no se puede dar marcha atrás con esta legislación, pues basta con el aval de las dos terceras partes del Congreso, más la mayoría de los ayuntamientos para que sea constitucional.
“Fue una aprobación por todos los partidos políticos. Está satisfecho el requisito para reformar la Constitución. No fue para quitarle la facultad que ellos (los ayuntamientos) tienen para operar el agua. Nisiquiera lo intentó. El agua es una atribución estrictamente municipal”, expuso.
“Cholula cobra saneamiento del agua sin dar el servicio”
Javier Lozano mostró la copia de un recibo de pago del ayuntamiento cholulteca para señalar que dicho ayuntamiento hace el cobro por saneamiento de agua sin brindar dicho servicio.
Aunque advirtió que con esto se incurre en el delito de concusión, sostuvo que por el momento no se tiene intención de presentar una denuncia.
“No vamos a presentar una denuncia. La puede hacer cualquier persona. No sé si la fiscalía puede actuar de oficio. Este servicio lo da el Soapap y no cobra por el mismo”.
Estimó que por el cobro de este servicio, el ayuntamiento ha recaudado 6 millones 417 mil pesos.
¿Cómo le hace San Pedro Cholula para cobrar un servicio que no ofrece? Hace caravana con sombrero ajeno”, aseguró.
Gustavo Gaytán Alcaraz, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), reconoció que los ayuntamientos de Cuautlancingo y San Andrés Cholula también realizan dicho cobro.
“Al Soapap le cuesta 123 millones de pesos por brindar este servicio en los municipios de Xoxtla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula”, expuso.
Extraña a Lozano postura política de Espinosa
El también vocero de la administración estatal recordó que en 2016 el edil, José Juan Espinosa, reconoció el trabajo del ex gobernador Rafael Moreno Valle, en el informe de labores del primero, acto en el que estuvo presente Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
“Estuvimos en el informe de gobierno de José Juan Espinosa. Me extraña que de pronto lo que se conocía como colaboración haya desaparecido”.
Subrayó que la intención de José Antonio Gali es estar en paz con todos los ediles de Puebla, por lo que tuvo un acercamiento con la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez.
“Gracias a los buenos oficios de Osorio Chong se hizo un evento muy bonito en Tehuacán. La actitud de Gali es de reconciliación con todo mundo. En el caso de San Pedro Cholula tendemos la mano”.
José Juan Espinosa cobra por un servicio que no proporciona
Gobierno de Puebla exhibió al presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, al revelar que el Ayuntamiento cobra por concepto de saneamiento a sus ciudadanos, a pesar de que ese servicio lo realiza el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
En rueda de prensa, el vocero de la administración estatal, Javier Lozano Alarcón descartó que el servicio del agua se vaya a privatizar y rechazó los señalamientos del edil cholulteca.
Es un cobro indebido el que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula hizo 2016 por 16 mil 669 descargas, con un importe por 6.4 millones de pesos, según datos del Sistema Electrónico de Recaudación Municipal Asignable (Serma), señaló.
El funcionario dijo que es "absolutamente falso" que se busque privatizar el servicio luego de que se reformara el artículo 12 fracción VI de la Constitución de Puebla.
En una presentación, Lozano mostró que el Ayuntamiento de Cholula cobra por concepto de saneamiento sin que brinde este servicio, lo que hace que anualmente ingresen a las arcas municipales 6.4 millones de pesos, por lo que pidió una explicación al respecto.
Lozano Alarcón lamentó que Espinosa Torres "desvirtúe" la información, pues aseguró que los municipios mantienen sus atribuciones y obligaciones relacionadas con el servicio hídrico, mientras que los entes privados "no tienen vela en este entierro".
CENTRAL publicó que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución local supuestamente para establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, que en realidad sentó las bases para que el gobierno de Puebla opere el servicio en los 217 municipios.
VER: Congreso de Puebla disfraza reforma para privatizar el servicio de agua potable en todo el estado
El pasado 30 de enero, el cabildo de San Pedro Cholula votó en contra de la reforma constitucional. José Juan Espinosa alertó al resto de los alcaldes para que sus Cabildos votaran en contra y así detengan la privatización.
Comete delito José Juan Espinosa y goza de impunidad
2017 0216 | En un discurso que resultó a todas luces contradictorio, Javier Lozano Alarcón, jefe de la Oficina del Gobernador, José Antonio Gali Fayad, dijo que la nueva administración estatal es de “reconciliación”, pero simultáneamente amenazó al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, pues aseguró que incurre en el delito de concusión y por tanto podría ser demandado, aunque no por el Poder Ejecutivo, sino por terceros.
Esta declaración se intrepretó como una revancha por los cuestionamientos y controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha emprendido el edil del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por las reformas constitucionales a nivel local sobre la administración del agua.
Lozano Alarcón, encabezó ayer por la mañana en el Centro Integral de Servicios una rueda de prensa, en la que, tras una serie de explicaciones de orden legal para negar que el gobierno de Gali pretenda privatizar el agua, acusó al munícipe cholulteca de estar cobrando a los ciudadanos de San Pedro el saneamiento del líquido, a pesar de que ese servicio es subsidiado por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap).
El también vocero dijo que dicha acción es ilegal, pues se encuadra en el delito de concusión, previsto en el Código Penal del estado, aunque, a pregunta expresa, afirmó en dos ocasiones que la administración galista no tramitará querella, pues eso correspondería a los ciudadanos que se sienten perjudicados por el cobro del sanaemiento. Incluso reconoció que ignoraba si la Fiscalía General del Estado debía iniciar una investigación de oficio por estos hechos.
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José Juan Espinoza podría ser investigado por delito de concusión
No obstante, el director del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz –quien estaba al lado del portavoz en la conferencia- reconoció que no solo la Comuna presidida por Espinosa Torres está cobrando un saneamiento que no realiza: “Cuautlancingo sí cobra algo y San Andrés (Cholula) cobra algo, pero no las cantidades que cobra San Pedro”, expresó, a lo que Lozano intervino de inmediato para matizar, diciendo que el organismo estaba subsidiando a las localidades que no tienen plantas tratadoras a lo largo del río Atoyac, que son, a demás de las mencionadas: Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango, Juan C. Bonilla, Santa Clara y Amozoc.
Llama la atención que esta es la primera vez el gobierno estatal informa abiertamente de los acuerdos que tiene el Soapap con los municipios en materia de agua potable y saneamiento, pues durante el sexenio pasado esa fue una materia vedada, no obstante la crispación social que generó la privatización del líquido en la capital.
De hecho, Lozano Alarcón advirtió que había acordado con Marcelo García Almaguer, coordinador General de Agenda Digital y Comunicaciones, y quien también estaba en la rueda, “no dejar pasar una mentira” (sic) en contra de la administración de Gali y por eso, apuntó, se decidió explicar a los medios la reforma al Artículo Cuarto de la Constitución Política del estado de Puebla.
En esa lógica, indicó que la enmienda a la Carta Magna local, fue impulsada como el compromiso número 12 en la campaña del actual mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad y es idéntica a la hecha en al Artículo Cuarto de su homóloga federal, la cual tiene el propósito de garantizar como derecho humano el acceso al agua.
Calificó como “una mentira” la versión de que solo fueron diputados del PRI y el PAN quienes aprobaron la reforma estatal del 27 de enero pasado, asegurando que el dictamen fue aprobado por unanimidad y en ningún momento en él se menciona la privatización del agua, ni la invasión de facultades que solo conciernen al municipio, como la administración del elemento.
no-dejar-pasar-una-mentira-sic-en-contra-de-la-administracion-de-gali
Lozano dice que no permitirá que no permitira mentiras en contra del gobierno de Gali
En seguida señaló que Espinosa Torres también falta a la verdad cuando asegura que la enmienda sobre el derecho al agua debe ser aprobada por los 217 municipios dela entidad, pues solo se necesita la mayoría y 141 cabildos ya la dieron por buena.
Luego, mencionó que la presidencia municipal de Cholula hace “cobros indebidos” por 16 mil 600 tomas y sus descargas para saneamiento, de los cuales obtiene recursos por el orden de 6 millones 417 mil pesos anuales.
En esa línea discursiva, señaló que la administración de San Pedro debe explicar en qué utiliza ese dinero y sugirió que podría estar siendo empleado en los desplegados que el ayuntamiento ha pagado al diario Reforma.
Gaytán Alcaraz precisó que a San Pedro se le sanean diariamente 200 mil litros de agua por segundo y que eso equivale a un costo de 30 millones de pesos.
Por último, a pregunta expresa, Lozano dijo que el gobierno de José Antonio Gali Fayad “tiende la mano” al edil cholulteca, pero que éste es quien tiene un ánimo belicoso.
Presidentes municipales se desisten de controversia constitucional
Los presidentes municipales de San Andrés Cholula y Libres, Leoncio Paisano Arias y Enrique Cerón Flores, no promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local, la cual permite al Estado administrar y operar el servicio de agua potable en los municipios.
Por separado, ambos munícipes de extracción panista, aclararon que los integrantes de sus cabildos votaron en contra de la modificación hecha por el Congreso, la cual fue propuesta por el exgobernador Rafael Moreno Valle.
En entrevista, Paisano Arias señaló que no se sumará a la acción que emprendió José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula, quien el lunes entregó el documento al máximo tribunal del país.
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó este lunes el documento en el que señala como terceros interesados a los 216 ayuntamientos de la entidad
El panista aseveró que Espinosa Torres sólo busca “reflectores”, sin embargo el pronunciamiento en contra de la reforma a la Constitución local tiene el apoyo de los regidores de San Andrés Cholula y sostuvo que su gobierno mantendrá la operación del sistema operador del servicio de agua potable.
“Ya fijamos una postura, estamos en contra de la iniciativa (…) nosotros tenemos un organismo operador de agua potable, nosotros estamos dispuestos a que siga trabajando de esa manera”. Finalmente, cada quien toma sus decisiones y ahí con este amigo (José Juan Espinosa Torres) sólo busca reflectores, nuestro pronunciamiento es personal y apoyado por el cabildo”, declaró.
Por su parte, Enrique Cerón Flores manifestó que tampoco presentará el recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia, y que con la negativa hecha por el cabildo a la reforma constitucional es suficiente para mostrar su desacuerdo.
Niegan presiones por rechazo a la reforma
Los militantes del albiazul aseveraron que no hubo una estrategia por parte de Jesús Giles Carmona y Martha Erika Alonso Hidalgo, presidente y secretaria general del PAN, para aprobar la modificación a la Constitución local, y tampoco hubo represalias tras la postura tomada por los cabildos.
De acuerdo con José Juan Espinosa Torres, munícipe de San Pedro Cholula, los líderes del PAN obligaron a los alcaldes que militan en el partido de derecha a dar su voto a favor a la fracción VI del artículo 12.
Llega a la SCJN controversia
Para revertir la reforma que permite al estado administrar y operar el servicio de agua potable en los municipios, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó este lunes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El documento tiene como terceros interesados a los 216 ayuntamientos del estado, los cuales hoy manejan este recurso natural y tendrán que presentar las actas de las sesiones de cabildo en las que avalaron la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la constitución local.
“Estamos señalando como terceros interesados a los 216 ayuntamientos, esto nos permite que ellos tengan que rendir un informe a menos que renuncien a ese interés jurídico, lo cual causaría un grave perjuicio y malestar en los habitantes de esos municipios”, declaró el munícipe.
En entrevista con e-consulta, Espinosa Torres señaló que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presionó a sus alcaldes para que los cabildos dieran su voto a favor de la reforma propuesta por sus diputados locales, por lo que no descartó que repitan la estrategia para que los presidentes municipales renuncien a su interés jurídico y así no presenten los informes de las actas de cabildo a los ministros de la SCJN.
“Este afán privatizador del servicio de agua potable no lo podemos permitir ni en San Pedro Cholula ni en ninguno de los 217 ayuntamientos del estado de Puebla (…) estoy convencido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corregirá la plana al Congreso del Estado y a quienes desde la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Jesús Giles y Martha Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, han venido presionando a los alcaldes a los cabildos del estado de Puebla para que de forma rápida a puerta cerrada, sin que el pueblo se entere, aprobaran esta reforma que todas luces que es inconstitucional”.
El 6 de enero pasado, el Congreso del Estado aprobó la modificación al artículo 12, el cual en uno de sus párrafos abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable, debido a que se establece que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Asimismo, dijo que los ayuntamientos que no aprobaron la reforma constitucional, tienen hasta el 27 de febrero para presentar otras controversias constitucionales, y que a partir de ese momento la SCJN establecerá los plazos para aceptar y estudiar el caso.
Hasta el momento, los ayuntamientos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Libres, Tehuacán, Soltepec, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, Juan C. Bonilla y Coronango votaron en contra de la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución.
Argumentan tres violaciones
Entre los argumentos que el gobierno de San Pedro Cholula presentó en la controversia constitucional, destaca que la reforma constitucional se publicó el 27 de enero en el Periódico Oficial del Estado, con lo que no se cumplió con el plazo de un mes -a partir de su aprobación el 6 de enero- que marca la Constitución local.
Tampoco se respetó el plazo de un mes para aquellos ayuntamientos que todavía no se pronuncian sobre los cambios a la Constitución local, así como que la modificación hecha no se asemeja al artículo 115 de la Carta Magna, el cual precisa que el servicio del agua potable debe administrarlo cada municipio y sus sistemas operadores.
Descartan que exista un replanteamiento a la reforma del agua
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, del Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui, descartó que exista un replanteamiento a la reforma del agua al decir que ya se declaró constitucional y no pretende la privatización del vital líquido en la entidad.
El pasado lunes 30 de enero, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, acudió al Poder Legislativo local para pedir el replanteamiento de la reforma al artículo 12 constitucional local, debido a que sugiere la privatización del servicio.
Advirtió que en caso de que no existiera una reformulación, podría presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “echar abajo” este artículo.
En entrevista, Aguilar Chedraui reiteró que “es falso” que la reforma tenga como objetivo privatizar el servicio en todo el estado, pues, dijo, lo único que hicieron fue “consagrar el agua como un derecho humano”, al igual que lo establece la Constitución federal.
El legislador local manifestó que dicha reforma se hizo incluso con el apoyo de organizaciones sociales relacionadas con el tema del agua.
“Reformamos la constitución en su artículo 12 para consagrar el agua como un derecho humano. Lo que dice José Juan es exactamente lo contrario. Se declaró la constitucionalidad de la reforma en la pasada sesión. Ya es constitucional y está por publicarse en el Diario Oficial del Estado”, puntualizó.
El pasado 6 de enero los diputados locales aprobaron una reforma al artículo 12 constitucional local con el fin de establecer el derecho al acceso del agua potable. La iniciativa fue aprobada por las dos terceras partes de los 217 municipios, por lo que el Poder Legislativo la declaró constitucional el viernes 27 de enero.
En un párrafo dice que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Lo anterior, sugiere que el gobierno podrá quitar a los municipios el control del sistema operador del agua.
Cholula cobra lo que no proporciona
Javier Lozano Alarcón, jefe de la oficina del gobernador José Antonio Gali Fayad, rechazó que la reforma al artículo 12 de la Constitución Local, implique la “privatización” del agua, por lo que no advierte motivo de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al mismo tiempo, acusó al Ayuntamiento de San Pedro Cholula de hacer el cobro de saneamiento de agua sin realmente ofrecer el servicio, con lo que la administración de José Juan Espinosa Torres, “incurre en el delito de concusión”, sin que el gobierno estatal tenga previsto presentar algún procedimiento legal.
Confía gobierno en ganar controversia
Cuestionado respecto a la controversia constitucional presentada por Espinosa Torres en contra de la aprobación hecha por el Congreso local en enero de este año, Javier Lozano afirmó que la administración estatal no advierte motivo para un procedimiento de este tipo.
“Respetamos al Poder Judicial, estaremos atentos y expectantes. No advierto que haya un motivo para controversia constitucional”.
Manifestó que el concepto de “Estado” establecido en el artículo refiere al sentido amplio, es decir, gobierno, población y territorio.
Manifestó que la reforma en ningún momento insinúa que el servicio lo vaya a proporcionar el Gobierno del Estado, debido a que como lo establece la legislación es responsabilidad de los ayuntamientos.
“Es falso que con las recientes reformas al artículo 12 se insinúe privatizar el derecho al agua. El gobernador José Antonio Gali se comprometió a presentar ante el Congreso la iniciativa para el acceso al agua”.
Subrayó que no se puede dar marcha atrás con esta legislación, pues basta con el aval de las dos terceras partes del Congreso, más la mayoría de los ayuntamientos para que sea constitucional.
“Fue una aprobación por todos los partidos políticos. Está satisfecho el requisito para reformar la Constitución. No fue para quitarle la facultad que ellos (los ayuntamientos) tienen para operar el agua. Nisiquiera lo intentó. El agua es una atribución estrictamente municipal”, expuso.
“Cholula cobra saneamiento del agua sin dar el servicio”
Javier Lozano mostró la copia de un recibo de pago del ayuntamiento cholulteca para señalar que dicho ayuntamiento hace el cobro por saneamiento de agua sin brindar dicho servicio.
Aunque advirtió que con esto se incurre en el delito de concusión, sostuvo que por el momento no se tiene intención de presentar una denuncia.
“No vamos a presentar una denuncia. La puede hacer cualquier persona. No sé si la fiscalía puede actuar de oficio. Este servicio lo da el Soapap y no cobra por el mismo”.
Estimó que por el cobro de este servicio, el ayuntamiento ha recaudado 6 millones 417 mil pesos.
¿Cómo le hace San Pedro Cholula para cobrar un servicio que no ofrece? Hace caravana con sombrero ajeno”, aseguró.
Gustavo Gaytán Alcaraz, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), reconoció que los ayuntamientos de Cuautlancingo y San Andrés Cholula también realizan dicho cobro.
“Al Soapap le cuesta 123 millones de pesos por brindar este servicio en los municipios de Xoxtla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula”, expuso.
Extraña a Lozano postura política de Espinosa
El también vocero de la administración estatal recordó que en 2016 el edil, José Juan Espinosa, reconoció el trabajo del ex gobernador Rafael Moreno Valle, en el informe de labores del primero, acto en el que estuvo presente Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
“Estuvimos en el informe de gobierno de José Juan Espinosa. Me extraña que de pronto lo que se conocía como colaboración haya desaparecido”.
Subrayó que la intención de José Antonio Gali es estar en paz con todos los ediles de Puebla, por lo que tuvo un acercamiento con la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez.
“Gracias a los buenos oficios de Osorio Chong se hizo un evento muy bonito en Tehuacán. La actitud de Gali es de reconciliación con todo mundo. En el caso de San Pedro Cholula tendemos la mano”.
José Juan Espinosa cobra por un servicio que no proporciona
Gobierno de Puebla exhibió al presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, al revelar que el Ayuntamiento cobra por concepto de saneamiento a sus ciudadanos, a pesar de que ese servicio lo realiza el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
En rueda de prensa, el vocero de la administración estatal, Javier Lozano Alarcón descartó que el servicio del agua se vaya a privatizar y rechazó los señalamientos del edil cholulteca.
Es un cobro indebido el que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula hizo 2016 por 16 mil 669 descargas, con un importe por 6.4 millones de pesos, según datos del Sistema Electrónico de Recaudación Municipal Asignable (Serma), señaló.
El funcionario dijo que es "absolutamente falso" que se busque privatizar el servicio luego de que se reformara el artículo 12 fracción VI de la Constitución de Puebla.
En una presentación, Lozano mostró que el Ayuntamiento de Cholula cobra por concepto de saneamiento sin que brinde este servicio, lo que hace que anualmente ingresen a las arcas municipales 6.4 millones de pesos, por lo que pidió una explicación al respecto.
Lozano Alarcón lamentó que Espinosa Torres "desvirtúe" la información, pues aseguró que los municipios mantienen sus atribuciones y obligaciones relacionadas con el servicio hídrico, mientras que los entes privados "no tienen vela en este entierro".
CENTRAL publicó que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución local supuestamente para establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, que en realidad sentó las bases para que el gobierno de Puebla opere el servicio en los 217 municipios.
VER: Congreso de Puebla disfraza reforma para privatizar el servicio de agua potable en todo el estado
El pasado 30 de enero, el cabildo de San Pedro Cholula votó en contra de la reforma constitucional. José Juan Espinosa alertó al resto de los alcaldes para que sus Cabildos votaran en contra y así detengan la privatización.
Comete delito José Juan Espinosa y goza de impunidad
2017 0216 | En un discurso que resultó a todas luces contradictorio, Javier Lozano Alarcón, jefe de la Oficina del Gobernador, José Antonio Gali Fayad, dijo que la nueva administración estatal es de “reconciliación”, pero simultáneamente amenazó al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, pues aseguró que incurre en el delito de concusión y por tanto podría ser demandado, aunque no por el Poder Ejecutivo, sino por terceros.
Esta declaración se intrepretó como una revancha por los cuestionamientos y controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha emprendido el edil del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por las reformas constitucionales a nivel local sobre la administración del agua.
Lozano Alarcón, encabezó ayer por la mañana en el Centro Integral de Servicios una rueda de prensa, en la que, tras una serie de explicaciones de orden legal para negar que el gobierno de Gali pretenda privatizar el agua, acusó al munícipe cholulteca de estar cobrando a los ciudadanos de San Pedro el saneamiento del líquido, a pesar de que ese servicio es subsidiado por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap).
El también vocero dijo que dicha acción es ilegal, pues se encuadra en el delito de concusión, previsto en el Código Penal del estado, aunque, a pregunta expresa, afirmó en dos ocasiones que la administración galista no tramitará querella, pues eso correspondería a los ciudadanos que se sienten perjudicados por el cobro del sanaemiento. Incluso reconoció que ignoraba si la Fiscalía General del Estado debía iniciar una investigación de oficio por estos hechos.
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José Juan Espinoza podría ser investigado por delito de concusión
No obstante, el director del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz –quien estaba al lado del portavoz en la conferencia- reconoció que no solo la Comuna presidida por Espinosa Torres está cobrando un saneamiento que no realiza: “Cuautlancingo sí cobra algo y San Andrés (Cholula) cobra algo, pero no las cantidades que cobra San Pedro”, expresó, a lo que Lozano intervino de inmediato para matizar, diciendo que el organismo estaba subsidiando a las localidades que no tienen plantas tratadoras a lo largo del río Atoyac, que son, a demás de las mencionadas: Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango, Juan C. Bonilla, Santa Clara y Amozoc.
Llama la atención que esta es la primera vez el gobierno estatal informa abiertamente de los acuerdos que tiene el Soapap con los municipios en materia de agua potable y saneamiento, pues durante el sexenio pasado esa fue una materia vedada, no obstante la crispación social que generó la privatización del líquido en la capital.
De hecho, Lozano Alarcón advirtió que había acordado con Marcelo García Almaguer, coordinador General de Agenda Digital y Comunicaciones, y quien también estaba en la rueda, “no dejar pasar una mentira” (sic) en contra de la administración de Gali y por eso, apuntó, se decidió explicar a los medios la reforma al Artículo Cuarto de la Constitución Política del estado de Puebla.
En esa lógica, indicó que la enmienda a la Carta Magna local, fue impulsada como el compromiso número 12 en la campaña del actual mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad y es idéntica a la hecha en al Artículo Cuarto de su homóloga federal, la cual tiene el propósito de garantizar como derecho humano el acceso al agua.
Calificó como “una mentira” la versión de que solo fueron diputados del PRI y el PAN quienes aprobaron la reforma estatal del 27 de enero pasado, asegurando que el dictamen fue aprobado por unanimidad y en ningún momento en él se menciona la privatización del agua, ni la invasión de facultades que solo conciernen al municipio, como la administración del elemento.
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Lozano dice que no permitirá que no permitira mentiras en contra del gobierno de Gali
En seguida señaló que Espinosa Torres también falta a la verdad cuando asegura que la enmienda sobre el derecho al agua debe ser aprobada por los 217 municipios dela entidad, pues solo se necesita la mayoría y 141 cabildos ya la dieron por buena.
Luego, mencionó que la presidencia municipal de Cholula hace “cobros indebidos” por 16 mil 600 tomas y sus descargas para saneamiento, de los cuales obtiene recursos por el orden de 6 millones 417 mil pesos anuales.
En esa línea discursiva, señaló que la administración de San Pedro debe explicar en qué utiliza ese dinero y sugirió que podría estar siendo empleado en los desplegados que el ayuntamiento ha pagado al diario Reforma.
Gaytán Alcaraz precisó que a San Pedro se le sanean diariamente 200 mil litros de agua por segundo y que eso equivale a un costo de 30 millones de pesos.
Por último, a pregunta expresa, Lozano dijo que el gobierno de José Antonio Gali Fayad “tiende la mano” al edil cholulteca, pero que éste es quien tiene un ánimo belicoso.
