En Haití el Colegio de Abogados sancionó a 38 profesionales por faltas a la ética en tan solo tres años del 2011 al 2014.
Según el gremio, cinco juristas fueron expulsados por no respetar el código que los rige.
El proceso de expulsión es prácticamente un proceso judicial. Se presentan las denuncias y las pruebas. Se escucha a los implicados, al acusado se le da derecho a defensa y después se llega a un veredicto. Y aunque no son fallos judiciales, sí tienen como protagonistas a los abogados: se trata de las sanciones de ética que resuelve el colegio que reúne a estos profesionales. Según la presidenta del organismo, Olga Feliú, estas medidas buscan “velar por la transparencia y la intachabilidad del gremio”.
De acuerdo a un informe, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados recibió desde 2011 al 30 de abril de 2014 un total de 403 denuncias. De ellas, 38 terminaron en condenas, con cinco personas expulsadas de por vida de la institución. Dichas resoluciones llevan meses de indagatorias y, aunque no impiden el ejercicio profesional, sí marcan un precedente, pues las sanciones se publican en la revista de la orden. Según Ignacio Moya, instructor del Colegio de Abogados, el mecanismo para investigar a un par tiene una serie de requisitos. “Calculamos que, en promedio, por año llegan 150 causas, las que tenemos que analizar en su mérito”, señala. Para comenzar una indagatoria, es necesario que el acusado sea colegiado y que exista una relación profesional con el afectado. En la última etapa del proceso se realiza un juicio oral, donde ambas partes exponen sus argumentos ante una comisión.
Moya señala que la mayoría de las denuncias que llegan tienen que ver con el incumplimiento de deberes y apropiación de dineros de sus clientes. Las sanciones son la amonestación, censura por escrito, multas, suspensión y expulsión.
Olga Feliú precisa que las sentencias éticas “no tienen efectos en la vida profesional de las personas, porque no lo permite la Constitución, y se requiere de una ley para impedir el ejercicio”. Solicitó a los parlamentarios agilizar la tramitación del proyecto que se envió durante el primer gobierno de Miche-lle Bachelet.
ENTREGÓ INFORMACIÓN FALSA
Gustavo Varas Bustamante fue expulsado del Colegio de Abogados, tras una sentencia del 7 de octubre de 2013. La resolución señala que el profesional fue sancionado tras cuatro denuncias en su contra por incumplimientos. Uno de los casos trata de una mujer que realizó un reclamo en el portal problemas.cl, sobre una deuda con BancoEstado. El jurista la contactó a través de un correo electrónico para asesorar, pactando honorarios por $ 250 mil pesos.
“No efectuó ningún tipo de presentación o solicitud ante la superintendencia, entregando información falsa a su cliente, a la que durante tres meses le indicaba que había realizado la presentación administrativa y que estaba a la espera de la respuesta”, dice el fallo.
POR SU CULPA REMATARON CASA
El 19 de diciembre de 2013, el Colegio de Abogados firmó el fallo que decretó la expulsión de José Paulone Alvarez. Los cargos presentados contra él, según el fallo, se basan en que no consignó $ 5.400.000 “entregados por el reclamante a través de un vale vista (…) para ser depositados en la cuenta corriente del tribunal para pagar la deuda de la causa (…), apropiándose del dinero”. Además, “hizo creer que el dinero había sido consignado en la cuenta corriente del tribunal”. Como consecuencia de no haber pagado, se remató el inmueble del cliente.
A esto se le suma, según el escrito, el haber entregado cuatro teléfonos celulares a tres imputados que se encontraban cumpliendo prisión preventiva.
COBRO DEUDA Y SE DEJO EL DINERO
Juan Reyes Reyes fue sancionado con la expulsión por la siguiente denuncia: en 2011 fue contratado para que gestionara el cobro judicial de $ 5.653.232 que su representado había ganado. Sin consultar al cliente, el abogado aceptó el pago al contado de $ 3.000.000 y condonó el resto de la deuda. Los dineros, dice el fallo, “no habrían sido entregados” al cliente y, además, éste “se habría enterado de la transacción y pago mediante una gestión personal en el tribunal”. El fallo del Colegio de Abogados indica que el cliente fue a encarar a Juan Reyes, quien se comprometió a pagar el total del dinero que le correspondía. El escrito dice que “a la fecha de la audiencia (el abogado) no habría dado cumplimiento a su compromiso”.
UNA PRESCRIPCIÓN “FANTASMA”
Fueron dos causas las que decidieron la expulsión del fallecido Jorge Arancibia Bambach del Colegio de Abogados, el 5 de septiembre de 2012. Primero fue por defender mal a un condenado por el delito de robo con intimidación. El profesional recibió el pago de $ 400.000 y alegó ante los tribunales una prescripción. Según el fallo, el cliente “no reunía los requisitos legales para realizar tal solicitud” y que esto era algo que un abogado “debía saber”. La solicitud le fue negada en cuatro ocasiones por el tribunal. El segundo caso ocurrió cuando tomó la defensa de un imputado por hurto simple. El fallo que lo expulsó dice que cuando alegó ante el tribunal “no realizó una representación eficaz, ni menos rigurosa”.
LA CAUSA QUE NUNCA EXISTIÓ
El 3 de septiembre se decidió la expulsión del abogado Hernán Halabi Diuana. Según la acusación que se presentó contra el profesional, una mujer lo contactó para tramitar la solicitud de “cuidado personal de su sobrino”. El abogado dijo que para lograr esto era necesario iniciar un juicio de divorcio.
Ambas partes acordaron el pago de $ 350.000 por los servicios. Y aunque el profesional indicó que la causa estaba andando e incluso dijo las fechas en que se iban a realizar las audiencias, finalmente se descubrió, según el fallo, que “jamás efectuó la diligencia por la que fue contratado”. Tras analizar las pruebas, el tribunal del Colegio de Abogados, además de decidir la expulsión, ofició al Servicio de Impuestos Internos para que determinara si había infracción tributaria.
