Fauna Política
Fracasó la consulta
Por Rodolfo Herrera Charolet
Este día primero de agosto de 2021, Andrés Manuel López
Obrador sufrió una nueva derrota, tras el desaire que hizo la ciudadanía a su consulta
que él planeó, promovió y aprovechó. Este mismo día el Instituto Nacional
Electoral estimó que en la consulta popular de este domingo sobre hechos
políticos del pasado, participó entre 7.07 y el 7.74 de los 93 millones de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por lo que no se alcanzó el 40% de
la participación requerida por la ley para ser vinculante.
Ante el fracaso de pretender justificar su linchamiento
mediático a ex presidentes de la república, sus voceros acreditados, empleados
y fieles seguidores ya culpan al Instituto Nacional Electoral de su fracaso, no
obstante que dicho órgano electoral gastó más de 500 millones de pesos en su
organización; difundió en 16 días de campaña 377,833 spots de radio y
televisión, colocó 5,295 promocionales en anuncios para bardas, carteles,
espectaculares, lonas, entre otras acciones.
Tras el rotundo fracaso, también culpará a la clase media, a
los fifís y quien no siga la ola de linchamiento que se pretendió justificar. Aun
cuando la consulta popular, el plebiscito y cualquier alternativa para
preguntarle a la gente su opinión sobre decisiones de gobierno, es una forma de
participación de la sociedad civil organizada y vieja demanda insatisfecha. El
problema central de la consulta popular de este domingo, lejos de ser un hecho
histórico, como los aduladores lo afirman, desde su percepción y manipulación
se convirtió en un circo de los actores de la demagogia, muy conveniente para
la narrativa presidencial.
El Presidente, el partido Morena y sus seguidores, no
entendieron la razón de existencia de un mecanismo de la consulta popular, que
pretendieron convertir en un justificante para encubrir las propias y actuales
deficiencias del régimen. Como lo aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la aplicación de la ley no es motivo de consulta. Pero en el gobierno dubitativo
del presidente, la duda persiste.
Por su parte los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto
Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Jorge
Pardo Rebolledo, José Fernando Franco González, Juan Luis González Alcántara, Margarita
Ríos-Farjat y Yazmín Esquivel Mossa y por supuesto de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, modificaron la iniciativa del presidente para que
tuviera una cara legal, más por no tener problemas que por acatar el ordenamiento
constitucional, dejando para la historia un peligroso precedente. Su
reformulación de la pregunta, motivo de consulta, dejó en el limbo tanto su
alcance como a sus posibles reos. La simple respuesta a una pregunta no es
clara, se convirtió en un laberinto sin retorno hacia lo desconocido, ante una
gran mayoría de población neófita:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a
cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para
emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en
los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia
y los derechos de las posibles víctimas?
Aun cuando la respuesta es SI o NO, nadie sabe a su sano
juicio lo que pretende la pregunta, además de que se requiere de la
participación de 37 millones 439 mil 23 de mexicanos para que dicho acertijo
sea vinculante, sin saber a ciencia cierta cuáles serán las acciones que el gobierno
actual pretende realizar y hasta donde es el alcance de las “acciones pertinentes que se tendrían que
llevar a cabo”.
Entre las acciones pertinentes puede ir desde una
investigación sin efectos por no poderse aplicar la ley con efecto retroactivo,
una multa que no puede ser excesiva y hasta exigir una disculpa pública.
¿Qué gobierno será enjuiciado? Y quien decide a que
gobiernos enjuiciar, porque la pregunta no está acotada a un periodo y en
gobiernos anteriores tenemos; La Época Colonial, la Independencia, la Reforma, la
Revolución, la Guerra Cristera, el gobierno de la matanza de Tlatelolco, el gobierno
del fraude cuando se cayó el sistema, entre otros.
Un gobierno incapaz de resolver los grandes problemas
actuales, es desde luego ineficiente en vincular a los anteriores, aún más
cuando ha demostrado su incapacidad para procesar a Emilio Lozoya o esclarecer
la muerte de los normalistas de Ayotzinapa, que dicho sea de paso, es utilizado
como pretexto para que el “pueblo sabio” tome como rehén, en territorio
guerrerense las casetas de la autopista a Acapulco y se embolse millones de
pesos, con total impunidad y hasta con vigilancia de la Guardia Nacional.
Mientras que la consulta popular o plebiscito ha sido útil
para realizar cambios de fondo y hasta pacificar conflictos violentos; desmontar
el Apartheid, en Sudáfrica; En Chile, para desalojar en 1989 a Augusto Pinochet
del poder; El Brexit, en Gran Bretaña. En México la pretensión de enjuiciar a
ex presidentes, es menos trascendente que los verdaderos problemas nacionales,
que tiene el actual régimen; La guerra contra las drogas, la militarización de
la seguridad por conducto de la Guardia Nacional, los problemas graves de salud
pública por la mala estrategia sanitaria contra el Covid-19, la falta de medicamentos
en hospitales públicos. Temas que pertenecen al monopolio e interés del
presidente.
Si de circo se trataba la consulta popular, fue evidente que
el presidente no fracasó.
¿O no lo cree usted?
Rodolfo Herrera Charolet es editorialista, periodista, escritor, pintor, ex diputado. Licenciado en Administración de Empresas. Los artículos publicados identificados desde hace mas de 10 años como Fauna Política forman parte de su libros compiladores.