La Fiscalía General de la República (FGR) investigará los 100 millones de pesos pagados a legisladores que aprobaron la reforma energética, entre ellos al ex diputado cholulteca Julio Lorenzini Rangel, quien se desempeñó en dicha legislatura. Aún cuando se le realizó una auditoria fiscal, podría indagarse las inversiones realizadas en dicho periodo y el origen de los recursos. Desde luego que serán las autoridades federales las que determinen si hubo o no soborno, así como inversión de recursos de dudosa procedencia.
Aún cuando se trata de un hecho circunstancial, durante el proceso el ex legislador tendrá el derecho de presunción de inocencia que podría acreditar ante la autoridad investigadora, en contra de posibles imputaciones.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Enrique Peña Nieto, expresidente de México y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, para aprobar la reforma energética.
La FGR reveló una lista con acusados por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, por los sobornos que entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética.
En abril pasado, la FGR consiguió que Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador panista, fuese procesado por asociación delictuosa y lavado de dinero, fallo que ratificó en junio el Magistrado José Alfonso Montalvo.
La imputación de la FGR contra Lavalle señala que Peña y Videgaray forman parte de una asociación cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, pues desde abril de 2013 hasta agosto del 2014, realizaron diversas conductas delictivas.
Los implicados
Los fiscales federales determinaron una lista de otros 7 ex funcionarios que habrían sido parte de la referida asociación, entre los que se incluyen: Enrique Peña Nieto (expresidente de México), Luis Videgaray Castro (exsecretario de Hacienda), Ernesto Javier Cordero Arroyo (senador), David Penchyna Grub (legislador), Ricardo Anaya Cortes (ex candidato a presidencia), Francisco Javier Cabeza de Vaca (gobernador de Tamaulipas) y Salvador Vega Casillas (senador).
Los sobornos
De acuerdo con el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, esta asociación criminal, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht.
La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, repartidos en maletas de color negro a través de intermediarios en 15 entregas distintas. La investigación de la Fiscalía se basó en 15 recibos que aportó Emilio Lozoya al Ministerio Público Federal.
Respecto al origen del dinero, los fiscales explicaron al juez que, por decisión de Videgaray, se utilizarían recursos provenientes de la constructora Odebrecht la cual, desde la campaña presidencial de Peña Nieto, canalizaba recursos a través de empresas de papel denominadas “offshore”.
Los fiscales mencionan que, en el caso de los sobornos, el efectivo provino de recursos que la constructora brasileña canalizó a través de un esquema de triangulación de capitales usando empresas fachada. Esto para finalmente terminar en las cuentas de una particular denominada Fabiola Tapia Vargas.
La entrega y recepción física de las maletas con el dinero se habría llevado a cabo en al menos tres locaciones: unas oficinas ubicadas en contra esquina de la sede del senado de la República en Paseo de la Reforma; un departamento el número 327 de la calle Gabriel Mancera en la colonia Del Valle; y otras oficinas localizadas en el número 425 de la calle de Montes Urales, de la colonia Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con el juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, este cúmulo de datos son suficientes para corroborar de manera inicial que Peña, Videgaray, Lavalle y el resto de los implicados conformaron una asociación criminal que utilizó recursos de origen ilícito para el pago de sobornos.
Los perseguidos
Hace unos días se reveló que la FGR estaba detrás de Ricardo Anaya, por presuntamente recibir sobornos del ex director de Pemex para aprobar la reforma energética y fue citado para el próximo jueves a las 10:00 horas para la audiencia de imputación.
Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos del ex director de Pemex.
En noviembre pasado, cuando la FGR intentó obtener la orden de aprehensión contra Videgaray, planteó en su solicitud que el ex Mandatario eventualmente podría ser responsable de cohecho y traición a la patria.
