La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño patrimonial por tres millones 500 mil pesos por parte del gobierno del estado, al no contar con documentación que compruebe el uso de recursos para la impartición de cursos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), de acuerdo al segundo informe de la cuenta pública 2021.
29 de octubre de 2022
Dentro el expediente se señala que la Comisión de Búsqueda de Personas del estado celebró un contrato para llevar a cabo cursos de capacitación en los 217 municipios de la entidad con duración de 30 horas.
En ese sentido se indica que, en la revisión para comprobar el uso de dichos recursos, no se encontró evidencia referente a la lista de asistencia, calificaciones, grabaciones de las sesiones, manuales para los participantes, así como la memoria fotográfica de los eventos.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de tres millones 500 mil pesos por no contar con evidencia de la documentación del manual del participante (digital), de la lista de asistencia, de la lista de calificaciones final, de la grabación de cada una de las sesiones y de la memoria fotográfica en la que se sustentó el curso impartido en los 217 municipios”, se menciona.
De igual manera se menciona que fueron transferidos a la entidad poblana 38 millones 320 mil pesos para que pudieran ser ejercidos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas, de los cuales 18 millones 185 mil pesos correspondieron al proyecto ejecutivo y el resto al proyecto ampliado.
En total el segundo informe de la ASF correspondiente a la cuenta pública 2021 generó otras 10 acciones sobre el gobierno del estado, de las cuales cinco son recomendaciones y las otras cinco corresponden a procedimientos de promoción de responsabilidad administrativa.
Estas últimas son referentes a que se inicien las investigaciones correspondientes hacía funcionarios públicos por acciones como la entrega de adjudicaciones directas por la entrega de licitaciones directas a través de la propia Comisión de Búsqueda de Personas, así como la falta del envió a la SEP de manuales por parte de personal de la Universidad de Chilchotla.
Otro acto por lo cual se pide iniciar investigaciones es por el hecho de que personal del centro de conciliación mantuvo sin uso 57 bienes con valor de 638 mil pesos, además de 40 licencias Office sin instalarse, hecho que también se presentó con 43 bienes en tribunales locales.
