La guerra contra la comida chatarra en Puebla: Entre amparos y una salud que se pierde

 

La guerra contra la comida chatarra en Puebla: Entre amparos y una salud que se pierde

Por Carlos Charis y José Herrera
Proceso / 9 de mayo de 2025

Otro día en el que el gobierno, cual gigantesco pulpo burocrático, pelea contra lo inevitable. La Secretaría de Educación Pública (SEP), representada por Eurípides Flores, ha lanzado su ofensiva en defensa de la salud de los estudiantes, aunque parece que, al igual que la comida chatarra que venden en cada rincón de las universidades, esta batalla es solo otro espectáculo. La guerra es legal, claro, pero ¿realmente hay alguien pensando en la salud de los jóvenes?

La orden era clara: proponer una política nacional para evitar que las escuelas sigan siendo supermercados de productos dañinos, alimentos con el potencial de matarte lentamente, como un cáncer que no se ve, pero ahí está, esperando su turno. Una política, por supuesto, impulsada por Claudia Sheinbaum, la doctora que se ha colado en cada rincón de esta guerra moral. Pero como en toda buena historia, las sorpresas no se hicieron esperar.

De inmediato, cuatro amparos fueron promovidos. Las empresas no estaban dispuestas a ceder ante la idea de perder el jugoso negocio de vender papitas, refrescos y bolis a los jóvenes hambrientos de algo rápido, fácil y mortal. Entre los amparos, tres ya tienen suspensiones que permiten a las compañías seguir vendiendo en universidades locales. ¿Y por qué no? El dinero, siempre el maldito dinero, siempre en la punta de la lengua de estos jueces.

Eurípides Flores, un hombre con cara de abogado, de esos que defienden lo indefendible, salió con su discurso bien ensayado: “Defendemos los lineamientos de vida saludable. Es una política de Estado, no solo un capricho del gobierno.” ¿Un capricho, dices? Bueno, a lo mejor la política es solo una excusa para tapar el fracaso de un sistema que prefiere seguir financiando el cáncer en lugar de buscar una verdadera solución a la epidemia de obesidad que arrastra a este país hacia el abismo. La SEP no sólo está defendiendo una medida administrativa, sino una guerra moral, como si el sentido común pudiera ser una política.

Claro, la SEP no está sola. Mario Delgado apoya la causa, y Alejandro Armenta hace lo que puede para no perder la cara. Sin embargo, la realidad es otra. Las grandes marcas, esas que te venden la mierda como si fuera comida, tienen más peso que cualquier decreto. Tienen más poder que los intereses legítimos de padres, de estudiantes, de esos que, quizás, no tienen ni idea de lo que están comiendo, pero que saben que la pizza es mucho más barata que una ensalada.

¿Y qué nos queda? Una guerra que no se librará en los tribunales, donde los jueces venderán suspensiones como quien regala caramelos en Halloween, sino en las entrañas de las universidades, donde los jóvenes seguirán dándose el lujo de ser consumidores de su propia salud. Entre las vitrinas llenas de alimentos insanos y la hipocresía de los jueces que permiten que las corporaciones sigan matando poco a poco a la juventud, ¿quién será el verdadero perdedor en esta historia?

El 24 de abril, la guerra comenzó, pero al parecer, aún no hay claridad sobre quién la ganará. Pero ya sabemos cómo acaba: los estudiantes seguirán engullendo productos chatarra, y las empresas seguirán lucrando con la salud de una generación que ya no sabe qué comer sin sentirse culpable.