El CAPCEE, en la mira: opacidad, corrupción y uso político como caja chica del gobierno estatal
Por Redacción Proceso Puebla
En el complejo entramado de la corrupción institucional en Puebla, el nombre del CAPCEE —el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos— ha reaparecido con fuerza, luego de que este organismo público descentralizado fuera señalado entre las más de 500 denuncias presentadas durante 2024 por el exdiputado local y activista anticorrupción Rodolfo Herrera Charolet por incumplimiento sistemático a las obligaciones en materia de transparencia.
De acuerdo con la documentación entregada por Herrera al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIPUE), el CAPCEE violó flagrantemente las obligaciones de ley en cuanto a la publicación de información fundamental, al mismo tiempo que operó como instrumento de simulación administrativa, corrupción sistemática y canal de desvío de recursos públicos, dejando una estela de obras inconclusas, contratos irregulares y escasa mejora en la infraestructura educativa.
Escuelas en ruinas y miles de millones desaparecidos
A pesar de haber ejercido miles de millones de pesos en los últimos dos sexenios, la realidad de las escuelas poblanas sigue siendo una constante precariedad estructural, con aulas improvisadas, techos colapsados, sanitarios inservibles y obras inconclusas en zonas marginadas.
Frente a este contraste alarmante, el gobernador Alejandro Armenta Mier ordenó una auditoría integral a las gestiones de los exdirectores del CAPCEE que estuvieron al frente durante las últimas administraciones estatales. Personajes como Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diego Corona Cremean, Gustavo Guzmán Fernández, Daniel Gámez Murillo y Mario Alberto Cruz González, entre otros, serán puestos en el banquillo de los acusados, tras encabezar gestiones marcadas por opacidad, desvío de recursos y la ejecución de obras que poco o nada tuvieron que ver con el sector educativo.
Una caja chica institucionalizada
Lejos de cumplir con su mandato original de construir y rehabilitar espacios educativos, el CAPCEE fue convertido, en los hechos, en una “caja chica” de las administraciones estatales, usada para repartir contratos, financiar campañas y mantener el control político de regiones clave. Bajo este esquema, los titulares del organismo no sólo respondían a los intereses del gobernador en turno, sino que se convirtieron en operadores financieros de confianza, con acceso irrestricto a fondos públicos y sin controles eficaces de fiscalización.
Según fuentes cercanas a la Secretaría de la Función Pública estatal, la auditoría incluirá una revisión técnica, financiera y jurídica de los contratos asignados entre 2014 y 2024, especialmente aquellos otorgados por adjudicación directa o mediante mecanismos opacos que impidieron la competencia legal. Se indagarán también los presuntos vínculos de algunas constructoras beneficiadas con empresas fachada, familiares de funcionarios y operadores políticos.
Transparencia simulada, fiscalización ausente
A pesar de estar obligado a transparentar sus operaciones, el CAPCEE ha mantenido un patrón reiterado de simulación de rendición de cuentas. En sus portales de transparencia se observan informes incompletos, enlaces rotos y expedientes ausentes, lo que dificulta cualquier intento ciudadano de vigilancia. A ello se suma la pasividad de la Auditoría Superior del Estado, que en su momento no observó los millonarios desvíos que hoy se investigan.
El exdiputado Herrera Charolet, quien actualmente es el titular de normatividad y gestión en la Secretaría de Gobernación, ha solicitado que la revisión no se limite a aspectos administrativos, sino que derive en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, particularmente por los posibles delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito y colusión entre servidores públicos y empresas contratistas.
Educación de papel, contratos de oro
El contraste entre la precariedad de las escuelas y la magnitud de los recursos ejercidos es, por sí solo, escandaloso. En municipios como Huehuetlán El Chico, Vicente Guerrero, Cañada Morelos o Chignahuapan, cientos de planteles carecen de servicios básicos, techos firmes o acceso a internet, mientras el CAPCEE firmaba contratos por decenas de millones para obras duplicadas, inexistentes o sin justificación técnica.
Por años, el CAPCEE operó como una pieza clave de la maquinaria burocrática de desvío institucional, escudado tras el discurso de la mejora educativa. Hoy, bajo la lupa del nuevo gobierno y las presiones de actores de la sociedad civil, podría comenzar a caerse el velo de una de las estructuras más oscuras y rentables del poder público en Puebla.
0 Comentarios