Laura Artemisa propone reforma electoral para frenar reelección y nepotismo en Puebla
En medio de un contexto polÃtico marcado por la opacidad, los pactos de poder y el uso sistemático de recursos públicos con fines electorales, la diputada Laura Artemisa GarcÃa Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación PolÃtica del Congreso de Puebla, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral local que busca prohibir la reelección de alcaldes y legisladores, asà como limitar el acceso de familiares de funcionarios a cargos de elección popular.
La propuesta, que fue expuesta durante la apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones, pretende entrar en vigor para el proceso electoral de 2027 y se alinea, al menos en el discurso, con las recientes reformas constitucionales en materia electoral a nivel federal.
“Los excesos de algunos nos obligan a actuar”, sostuvo la legisladora en tribuna. Su intervención fue una crÃtica velada —aunque sin nombres— a las prácticas recurrentes en el aparato polÃtico local, donde la reelección ha servido no tanto como un mecanismo de rendición de cuentas, sino como una herramienta de reproducción del poder.
La iniciativa plantea una doble restricción: por un lado, eliminar la posibilidad de que alcaldes y diputados locales se reelijan; por otro, impedir que familiares de funcionarios en funciones se postulen a cargos públicos en el mismo periodo electoral. Esto incluye a cónyuges, concubinos, parientes por consanguinidad y afinidad hasta un grado cercano.
Aunque la diputada enmarcó su propuesta en la narrativa de “recuperar la equidad en la contienda electoral”, lo cierto es que esta iniciativa surge en un contexto donde distintas fuerzas polÃticas —incluida la suya— han hecho uso de mecanismos de reelección y parentesco polÃtico para consolidar su presencia en regiones clave del estado.
GarcÃa Chávez argumentó que la reforma es un intento por desarticular esas estructuras familiares de poder que, bajo el disfraz de candidaturas “legÃtimas”, terminan por consolidar redes de clientelismo polÃtico y opacidad en el uso de recursos públicos.
“La presente reforma devuelve la esperanza a quienes creÃan no tener oportunidad de competir contra un funcionario que busca su reelección utilizando recursos humanos, económicos y materiales del Estado”, señaló.
La propuesta, sin embargo, ha generado escepticismo entre algunos sectores académicos y de la sociedad civil, que advierten que el simple cambio normativo no garantiza la erradicación de las prácticas de nepotismo ni del uso indebido de recursos públicos. Señalan que, sin mecanismos de fiscalización robustos, la iniciativa corre el riesgo de quedarse en una promesa simbólica.
De momento, el proyecto fue turnado a comisiones para su análisis y eventual dictamen. La pregunta de fondo permanece: ¿basta una reforma legal para desmontar estructuras de poder polÃtico cimentadas en el privilegio y la herencia? En Puebla, como en otras partes del paÃs, la respuesta sigue sin estar clara.
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