Río Atoyac: diagnósticos oficiales y contaminación sin freno entre Coronango y San Pedro Cholula

Río Atoyac: diagnósticos oficiales y contaminación sin freno entre Coronango y San Pedro Cholula

Por Redacción Especial

Puebla, Pue., mayo 2025 — Mientras los gobiernos federal, estatal y municipal presumen mesas de trabajo y diagnósticos preliminares para sanear el Río Atoyac, las descargas ilegales de aguas residuales continúan activas, día y noche, en al menos dos puntos entre Santa María Coronango y Santa Bárbara Almoloya, junta auxiliar de San Pedro Cholula. En la práctica, los tubos municipales siguen vertiendo residuos altamente contaminantes —aparentemente industriales— sin control, sin tratamiento y con total impunidad.

El pasado lunes, el presidente municipal de Coronango, Armando Aguirre, encabezó una reunión con funcionarios federales y estatales para dar inicio al diagnóstico del estado del afluente. Acompañado de la delegada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, Beatriz Torres Trucio, y del coordinador del Plan Nacional Hídrico en Puebla, Raymundo Atanacio Luna, el edil expresó su compromiso con el plan de saneamiento impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prioriza los ríos más contaminados del país: Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.

La doble realidad del Atoyac: discurso oficial vs contaminación real

Sin embargo, a escasos kilómetros del palacio municipal, dos tubos de descarga de aproximadamente 14 pulgadas siguen vertiendo residuos presuntamente provenientes de maquiladoras proveedoras de Volkswagen, utilizando la red de aguas residuales de Santa María Coronango. Estas descargas confluyen en el Río Prieto, afluente directo del Atoyac, a la altura del Rancho La Pera, zona limítrofe con San Pedro Cholula. Ambas descargas —una de cada lado del cauce— operan las 24 horas del día, a simple vista y sin ningún tipo de tratamiento, rebasando los límites permisibles establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-2021.

Pese a que los municipios de Coronango y San Pedro Cholula cobran desde hace años un supuesto "derecho de saneamiento", no existe ninguna planta de tratamiento en operación que respalde ese cobro. “¿Dónde está ese dinero?”, cuestionan habitantes de ambas demarcaciones. La sospecha de malversación de fondos públicos ha crecido, y urge una auditoría exhaustiva de parte de la Auditoría Superior del Estado y de la Federación.

Agua contaminada, alimentos contaminados

Lo más alarmante es que estas aguas contaminadas son reutilizadas en campos agrícolas y para el riego de pastizales donde pasta el ganado destinado al consumo humano. El ciclo de la contaminación cierra de forma trágica: lo que se desecha sin tratar regresa a la mesa de los poblanos en forma de frutas, verduras y carne contaminadas con metales pesados, residuos químicos y aguas negras. Especialistas de la salud han vinculado estos contaminantes con enfermedades crónicas y terminales, como insuficiencia renal, cáncer, problemas dermatológicos severos y malformaciones congénitas.

Autoridades omisas y vigilancia ausente

Pese a la gravedad del caso, ninguna autoridad ambiental ha clausurado o intervenido los puntos de descarga. Tanto la Conagua, SEMARNAT, PROFEPA, COFEPRIS, como las secretarías estatales correspondientes, permanecen inactivas, sin vigilancia ni sanciones. Se trata de una omisión estructural que, al no actuar, incumple tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y viola el derecho humano al medio ambiente sano.

Los tubos de descarga siguen allí, a la vista de todos, como testigos metálicos de la impunidad. Mientras tanto, el discurso oficial se queda en promesas, planes y diagnósticos que no han detenido ni una sola gota del veneno que sigue escurriendo hacia el Atoyac.

¿Y la justicia ambiental?

El caso de Coronango y San Pedro Cholula refleja un patrón que se repite a lo largo de la cuenca del Atoyac: simulación institucional, discursos vacíos y complicidad silenciosa entre gobiernos y empresas contaminantes. El saneamiento del Atoyac no puede esperar otro sexenio.

Es momento de que los gobiernos de Coronango, San Pedro Cholula, Puebla y la Federación respondan a las preguntas clave:

• ¿Quién autorizó esas descargas?

• ¿Dónde están las plantas de tratamiento prometidas?

• ¿A dónde va el dinero recaudado por concepto de saneamiento?

• ¿Qué acciones concretas han tomado para frenar el daño a la salud pública?

Mientras esas respuestas no lleguen, la población seguirá enferma y el río seguirá muerto.