La jaula es el delito

La jaula es el delito

Por José Herrera

Tener un loro o perico en casa puede parecer inofensivo, incluso entrañable. Sin embargo, en México, esta práctica puede costar hasta 746 mil pesos en multas o derivar en penas de hasta nueve años de prisión. La ley es clara: quien posea fauna silvestre sin acreditación legal incurre en un delito ambiental, según el artículo 420 del Código Penal Federal. Aun así, el tráfico de psitácidos —loros, pericos, guacamayas— continúa en tianguis, redes sociales y hasta en terminales de transporte, alimentado por la impunidad y la demanda doméstica.

Desde 2008, el artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe la comercialización de estas aves si provienen de vida silvestre nacional. La norma, sin embargo, ha sido sistemáticamente ignorada. En los mercados informales, los pericos se venden envueltos en nostalgia y desinformación: nadie habla del daño ecológico, del crimen, ni del sufrimiento que implica arrancarlos de su hábitat.

Para tener legalmente una de estas aves, el dueño debe acreditar que fue criada en cautiverio dentro de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA). Además, el ave debe portar un anillo cerrado o microchip, tener factura de origen y estar registrada ante Profepa o Semarnat. Omitir cualquiera de estos requisitos es incurrir en un delito federal.

Y no es cosa menor. Con el salario mínimo de 248.93 pesos diarios en 2025, una sanción de 3 mil días equivale a 746 mil 790 pesos. Una cantidad impensable para quienes creen que tener un perico en la sala es un acto de amor y no de ilegalidad. Si además se trata de una especie en peligro —como el guacamayo verde, enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en la CITES— la pena puede escalar a prisión.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intensificado operativos en aeropuertos, centrales camioneras y tianguis, en coordinación con la Guardia Nacional. Los decomisos se han vuelto más frecuentes durante festividades como el Día del Niño, cuando el tráfico se disfraza de regalo.

Organizaciones como Teyeliz A.C. y la UNAM estiman que el 77% del tráfico ilegal de psitácidos abastece al mercado nacional. De las 22 especies que habitan en México, 11 están en peligro de extinción y siete más figuran como amenazadas. La caza ilegal no solo arrasa con poblaciones silvestres, sino que mantiene una cadena de corrupción y abandono institucional que normaliza el ecocidio en nombre de la costumbre.

Las autoridades han sido enfáticas: quien ya posea un ave sin documentación puede entregarla voluntariamente a Profepa. Venderla, regalarla o presumirla en redes sociales puede empeorar la situación legal del poseedor. El llamado es claro y urgente: no compres, no vendas, no encierres.

Porque no hay libertad posible dentro de una jaula. Y tampoco hay justificación para criminalizar la vida silvestre bajo el disfraz de mascota.