Del hotel al escándalo: Bartlett, García Luna y el pacto del silencio
Impunidad, criterios de oportunidad y la UIF en pausa
Por: José Herrera
11 de julio de 2025
El caso comenzó como una transacción inmobiliaria opaca. Siguió con una triangulación financiera millonaria desde paraísos fiscales. Se amplió con testimonios sobre espionaje clandestino desde un edificio del que nadie hablaba. Y terminó, como tantas veces en México, en la nulidad institucional, el archivo estratégico y la comodidad de los silencios compartidos.
Julia Abdalá, empresaria sin trayectoria corporativa conocida y pareja sentimental de Manuel Bartlett Díaz, recibió 4.5 millones de dólares de una red vinculada a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción. Aun así, ninguna autoridad mexicana ha abierto una investigación penal contra ella, contra Bartlett o contra los Weinberg por esta operación.
Criterio de oportunidad: borrón, cuenta nueva y retorno
El 23 de mayo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la defensa de los Weinberg solicitaron conjuntamente a la jueza Luisa Walsh, de la corte de Miami, el desechamiento de la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en septiembre de 2021.
¿La razón? Los Weinberg estarían colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) para llegar a un acuerdo reparatorio que, a cambio de información y devoluciones parciales, les otorgue un criterio de oportunidad, es decir, impunidad pactada.
El gobierno federal justificó el retiro de la demanda con el argumento de que la vía penal sería más eficaz que la ruta civil estadounidense. Pero la retirada fue simultánea a la revelación del caso Abdalá. En otras palabras: cuando se descubrió que la red de García Luna y los Weinberg también había tocado al círculo íntimo de Bartlett, la UIF detuvo la maquinaria.
Bartlett, intocable
Durante cinco años, Manuel Bartlett ha sido una figura central del gobierno lopezobradorista. Director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), portavoz del nacionalismo energético y sobreviviente de décadas de escándalos —desde la caída del sistema en 1988 hasta sus propiedades no declaradas en 2019—, Bartlett nunca ha sido investigado penalmente por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias ni conflicto de interés, a pesar de los múltiples señalamientos.
Cuando en marzo de 2025 se revelaron los depósitos de los Weinberg a su pareja, el gobierno federal guardó silencio. Ningún funcionario, ni de la UIF ni de la FGR ni de la CFE, emitió comentario alguno. El presidente tampoco hizo referencia al tema en sus conferencias matutinas.
La omisión es elocuente. Y la impunidad, estructural.
Operación resuelta, delito sin culpables
Los elementos documentados por esta investigación permiten establecer al menos cinco hechos incontrovertibles:
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Julia Abdalá recibió 4.5 millones de dólares entre 2012 y 2017 desde cuentas vinculadas a desvíos del erario.
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El supuesto pago por un edificio no tiene respaldo registral ni comercial.
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El inmueble fue usado como centro de operaciones clandestinas de seguridad e inteligencia por la red de García Luna.
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Las cesiones de acciones de la empresa tenedora del inmueble no se registraron oficialmente.
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La empresa terminó en manos de los Weinberg, y el edificio fue vendido en 2021 por una fracción del monto transferido.
Y, sin embargo, no hay una sola carpeta de investigación abierta, ni una solicitud de información patrimonial, ni un congelamiento de cuentas, ni una medida precautoria. Solo un criterio de oportunidad en curso para los emisores del dinero.
El Estado que se absuelve a sí mismo
El caso Leibnitz 40 es más que una anécdota sobre propiedades mal vendidas. Es el retrato de una clase política que, cuando cambia de bando, cambia de escudo judicial. Donde los operadores de un régimen se reconvierten en aliados del siguiente, y donde los vínculos entre viejos corruptos y nuevos intocables se sellan con silencios institucionales.
La misma UIF que documentó cientos de millones desviados por García Luna retiró su demanda civil justo cuando aparecieron pruebas que conectaban a su red con la pareja de un alto funcionario del gobierno actual. La misma Fiscalía que acumula carpetas contra periodistas, activistas o tuiteros no ha tocado este expediente.
Y la misma administración que prometió acabar con la corrupción como bandera de Estado, hoy negocia con quienes enviaron dinero a Julia Abdalá.
Epílogo: la operación que nadie quiere investigar
En México, las redes de poder económico, político y judicial no solo garantizan impunidad: la administran como activo. La operación Leibnitz 40 no solo revela una compraventa inexistente, una simulación fiscal o una transacción a sobreprecio. Revela también quién está autorizado para robar, quién puede guardar silencio, y quién se salva con solo cambiar de camiseta.
Del hotel boutique al centro de espionaje.
De la propiedad discreta al centro de triangulación.
De García Luna a Bartlett, y vuelta.
La operación fue exitosa.
El silencio también.
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