Contexto: Una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla a la Cuenta Pública 2023 del municipio de Zaragoza reveló graves irregularidades en la gestión de recursos públicos, centradas en la falta de documentación justificativa y el incumplimiento de plazos para solventar observaciones. A continuación, se resumen los hallazgos clave relacionados con los egresos, destacando la opacidad y posible malversación de fondos.Principales Irregularidades:
- Falta de Documentación Comprobatoria: En múltiples rubros, como materiales de oficina ($327,524.29), materiales de impresión ($19,207.86), equipos de tecnología ($66,031.54), productos alimenticios ($295,568.68), combustibles ($1,438,535.91) y ayudas sociales ($1,693,465.13), la entidad fiscalizada no presentó recibos, facturas ni evidencias que demuestren el uso adecuado de los recursos, dejando en duda su destino final.
- Respuesta Extemporánea: Las aclaraciones enviadas el 6 de enero de 2025, vía oficio PM/002/2025, superaron el plazo legal del 18 de diciembre de 2024, lo que invalida cualquier intento de solventación y refuerza las sospechas de manejo irregular.
- Montos Observados Significativos: Se identificaron presuntos daños a la Hacienda Pública por un total aproximado de $9.4 millones, distribuidos en 29 categorías de gasto. Destacan erogaciones como gastos de orden social y cultural ($3,388,835.59), viáticos ($435,676.05) y conservación de inmuebles ($500,008.52), sin respaldo documental que justifique su aplicación.
- Deficiencias Específicas: En casos como servicios legales ($317,035.01) y publicidad ($164,647.00), se entregaron contratos y cotizaciones incompletas o sin evidencia de recepción de servicios. Para combustibles, faltaron inventarios vehiculares y vales, mientras que en ayudas sociales no se acreditó la identificación de beneficiarios ni los mecanismos de distribución.
- Obra Pública: En la obra número 009/2023 ($310,164.56), se omitieron permisos, licencias y constancias de no inhabilitación. Además, documentos como la memoria descriptiva y especificaciones técnicas carecen de firmas, y se pagaron conceptos injustificados, como acarreos subsecuentes ($34,585.63), pese a la cercanía del banco de tiro.
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