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La contadora del silencio

La contadora del silencio: los bienes invisibles de Teresa Castro Corro

Por José Herrera
7 de julio de 2025

Durante más de cuatro años, María Teresa Castro Corro fue la arquitecta financiera del gobierno poblano. Primero con Luis Miguel Barbosa, luego con Sergio Salomón Céspedes. Desde su oficina, diseñó presupuestos, administró fondos, repartió contratos y defendió, una y otra vez, el discurso de la austeridad.

Mientras en público hablaba de “disciplina fiscal”, en sus declaraciones patrimoniales había un silencio cuidadosamente construido. Un silencio de 6 millones 243 mil 200 pesos, repartidos en ocho propiedades —cuatro casas y cuatro terrenos— que, por más de una década, permanecieron invisibles para la ley. No porque no existieran, sino porque la secretaria decidió que el papel no debía contarlo.

El silencio es también una forma de administrar.

El arte de no decir

En 2019, cuando tomó protesta como secretaria de Finanzas, María Teresa llenó su declaración patrimonial. Como todos los funcionarios públicos, tenía la obligación legal de decirlo todo: ingresos, inversiones, propiedades, deudas. Lo hizo, aunque no del todo.

Las ocho propiedades —adquiridas entre 1993 y 2015— nunca aparecieron. No en 2019, ni en 2020, ni en 2021. Tampoco en 2022, cuando defendió la inversión de 604 millones de pesos públicos en el ya quebrado Banco Accendo, ni en 2023, cuando salió por la puerta de atrás tras la muerte de Barbosa y la sucesión política.

Fue hasta 2024, al reincorporarse al gobierno federal como funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las propiedades brotaron como si hubieran estado enterradas todo este tiempo. Lo declaró todo, de golpe. O casi todo.

Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ocultar información en las declaraciones patrimoniales es una falta grave, sujeta a sanciones que van desde la inhabilitación hasta la destitución. Pero en el caso de Castro Corro, esa ley fue tan invisible como sus terrenos.

Casas que no existían… hasta que sí

La primera de las casas, comprada en 1996 por apenas 25 mil pesos, fue seguida por una segunda, adquirida en 2004 con un crédito de 3.7 millones. Luego vinieron más: una de medio millón en 2007, otra por 1.3 millones en 2012. Ninguna apareció en su declaración como servidora pública.

Tampoco los cuatro terrenos, comprados entre 1999 y 2015. El más barato costó 76 mil pesos, el más caro, 300 mil. Pequeños montos si se les compara con los más recientes.

En enero de 2022, todavía como secretaria de Finanzas, Castro Corro compró un departamento de lujo por 3.25 millones de pesos. En diciembre de 2023, ya fuera del cargo, adquirió una casa valuada en 5.79 millones. Lo reportó, sí, pero nadie preguntó: ¿con qué dinero?

Porque para entonces, el escándalo de Accendo había hecho agua. El dinero público invertido en un banco moribundo se había evaporado. Y ella, lejos de responder por la pérdida, se encontraba comprando propiedades como quien cambia de zapatos.

Impunidad patrimonial

La omisión no es menor. El artículo 254 del Código Penal de Puebla establece penas de seis meses a cinco años de prisión y multas de hasta 169 mil pesos por falsedad de declaraciones. Pero en la práctica, nadie ha pisado la cárcel por eso.

Menos aún una operadora del régimen.

De hecho, en vez de enfrentar una investigación, Castro Corro fue premiada con un nuevo cargo en la Secretaría de Hacienda del gobierno federal. En 2024, llenó nuevamente su declaración patrimonial, esta vez con todos los bienes. Tal vez porque ya se sentía a salvo. Tal vez porque sabía que, en este país, declarar tarde no es delito. No realmente.

La Fiscalía Anticorrupción de Puebla, por supuesto, guarda silencio.

El precio de callar

El caso de Castro Corro no es un error contable. Es una estrategia deliberada. Una operación quirúrgica de ocultamiento. Lo que no se declara no se cuestiona. Lo que no se ve no existe. Y en el sistema de rendición de cuentas, lo invisible suele ser lo más valioso.

Durante más de tres años, la mujer que controló las finanzas públicas del estado mintió en cada declaración patrimonial. Y lo hizo con la naturalidad de quien sabe que, al final, nadie la tocará.

Ocultó casas, compró nuevas propiedades en plena crisis financiera estatal, y reapareció como asesora del gobierno federal sin que ninguna autoridad —ni en Puebla ni en la CDMX— se atreviera a levantar un expediente.

La contadora del silencio sigue sumando.






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