Las instituciones que no vieron nada

Las instituciones que no vieron nada

Omisiones deliberadas, inspecciones ausentes y el archivo silencioso del caso Abdalá–Weinberg

Por: José Herrera
13 de julio de 2025

Desde que en marzo pasado se revelaron los depósitos millonarios que Julia Abdalá recibió de los Weinberg —presuntos prestanombres de Genaro García Luna—, ninguna autoridad administrativa, fiscal o penal ha iniciado una investigación pública en su contra. No ha sido citada por el SAT, no ha sido auditada por la UIF, ni mucho menos investigada por la FGR. El Registro Público de la Propiedad no ha emitido un solo boletín sobre el inmueble de Leibnitz 40. Y el Registro Público del Comercio permanece inalterado, como si la empresa B White S Suite siguiera en manos fantasmas.

La historia no es que las instituciones no pudieran actuar. Es que eligieron no hacerlo.

El SAT, ciego por voluntad

Los artículos 32-H y 31-A del Código Fiscal de la Federación facultan al SAT a verificar el origen y justificación de ingresos superiores a 500 mil pesos en operaciones no reportadas. En el caso de Abdalá, los depósitos fueron de 4.5 millones de dólares en doce transferencias.

Y sin embargo:

• No existe constancia de dictamen fiscal sobre el origen del dinero.

• No se ha emitido crédito fiscal por diferencia patrimonial.

• No se ha aplicado sanción por presunta omisión de ingresos acumulables.

¿Por qué?

Una posible respuesta: las operaciones llegaron de cuentas extranjeras, trianguladas, y con supuesta justificación societaria, lo que permite encubrirlas bajo el esquema de “venta de acciones”, una figura que no genera IVA ni tiene registro obligatorio si no hay utilidad declarada. Pero en realidad, esta coartada ha sido usada durante años para blanquear transferencias sin origen legítimo.

El SAT ha perseguido a contribuyentes comunes por operaciones menores, pero nunca ha citado a declarar a la pareja de un funcionario clave del régimen.

La UIF: expedientes en pausa

La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Pablo Gómez hasta este año, tenía conocimiento de las cuentas de los Weinberg desde 2020. Fue esa misma unidad la que promovió la demanda civil contra Nunvav en una corte de Florida. La misma que rastreó las triangulaciones financieras de García Luna. Y la misma que —según reportes internos filtrados— sabía desde 2023 de los depósitos a Roybell International Inc, la empresa offshore controlada por Abdalá.

Y sin embargo:

• La UIF no incluyó a Abdalá ni a sus empresas en el listado de personas con operaciones relevantes.

• No congeló sus cuentas.

• No solicitó medidas precautorias sobre el inmueble de Leibnitz.

• Y finalmente, retiró la demanda contra los Weinberg en mayo de 2025, justo cuando MCCI reveló los vínculos con Abdalá.

La coincidencia no es casual: es sintomática.

FGR: la carpeta que no existe

La Fiscalía General de la República tiene facultades para iniciar de oficio una investigación cuando hay evidencia pública de operaciones posiblemente constitutivas de delito, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o falsedad de declaraciones. En el caso Abdalá–Weinberg, los elementos están documentados:

• Una transacción inmobiliaria sin registro.

• Transferencias desde paraísos fiscales.

• Operaciones societarias simuladas.

• Y vínculos con una red de corrupción ya procesada en EE. UU.

Y sin embargo, la FGR no ha iniciado una carpeta. Ni siquiera ha pedido información al Registro Público. Ni ha solicitado comparecencia. Ni ha emitido un pronunciamiento.

🏛️ Poder Judicial: ni amparo, ni fiscalización

El Poder Judicial de la Federación no ha recibido ni un solo juicio de responsabilidad, amparo o denuncia relacionada con Julia Abdalá, a pesar de que ha sido mencionada en múltiples investigaciones periodísticas y en un caso judicial internacional. A diferencia de otros actores involucrados con García Luna —como Luis Cárdenas Palomino o Ramón Pequeño—, la pareja de Bartlett permanece fuera del radar judicial.

Incluso en el extranjero, el caso comienza a borrarse: en mayo, el retiro de la demanda civil en Florida dejó sin sustento legal gran parte del expediente que implicaba a Roybell y a los Weinberg en operaciones en México. El pacto fue silencioso. Pero eficaz.

 ¿Y el presidente?

La omisión institucional más notoria es la del propio presidente.
Andrés Manuel López Obrador no ha mencionado a Julia Abdalá desde que inició su sexenio, salvo para elogiar su discreción y “honestidad”. Cuando se reveló su vínculo con Bartlett en 2019, la defendió. Cuando se filtraron sus empresas inmobiliarias en 2021, la ignoró. Y ahora, ante las transferencias desde cuentas ligadas a García Luna, su silencio se ha vuelto política de Estado.

Porque Abdalá no es solo una empresaria. Es la figura que conecta dos extremos del poder: el viejo sistema que Bartlett representa y el nuevo régimen que AMLO encabeza. Investigarla sería disparar hacia adentro. Y este gobierno, como los anteriores, ha optado por la prudencia de la complicidad.

Epílogo: no ver, no saber, no investigar

Las instituciones no están fallando por error. Están funcionando exactamente como se espera que funcionen cuando el poder está en juego. El SAT no audita. La UIF se retira. La FGR no investiga. El Poder Judicial no pregunta. Y el presidente no responde.

El caso Abdalá no es una excepción. Es el retrato de cómo funciona la impunidad de alto nivel en México: cuando el dinero se mueve en silencio, cuando el poder político se mezcla con el afectivo, y cuando el Estado decide no mirar lo que tiene frente a los ojos.