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Soapap Rendiría Cuentas: Informe sobre Convenio con Agua de Puebla

 Soapap Rendiría Cuentas: Informe sobre Convenio con Agua de Puebla ante el Congreso el 15 de Octubre


Martes, 30 de septiembre de 2025,
Anuncio Oficial: Evaluación del Convenio Modificatorio en el Horizonte
Presentación ante la Comisión de Hacienda
El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, anunció que el próximo 15 de octubre el titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), Gustavo Gaytán, comparecerá ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para presentar un informe detallado sobre los alcances y compromisos del acuerdo modificatorio firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Agua de Puebla. Esta iniciativa, revelada durante la conferencia matutina del martes 30 de septiembre, busca transparentar los resultados de un convenio establecido meses atrás, diseñado para optimizar la prestación del servicio de agua, incrementar las inversiones en infraestructura hidráulica y asegurar un abasto más eficiente en Puebla y su zona metropolitana. García Parra destacó que esta rendición de cuentas responde a la demanda ciudadana por mayor claridad en la gestión del recurso hídrico, un tema crítico en una entidad donde el 40% de la población enfrenta problemas de suministro intermitente, según datos del INEGI de 2025.
Cumplimiento del 90% de los Compromisos
El funcionario estatal informó que, hasta la fecha, se ha cumplido aproximadamente el 90% de los nuevos términos pactados en el convenio modificatorio, un avance que atribuyó al monitoreo constante por parte del Gobierno del Estado. Entre los logros destacados se encuentran la rehabilitación de 150 kilómetros de redes de distribución, la instalación de 12 nuevas bombas de extracción en zonas críticas como San Baltazar Campeche y la ampliación de la cobertura a más de 50 colonias en la periferia, beneficiando a unas 120,000 personas. Sin embargo, García Parra reconoció que persisten desafíos, como la necesidad de modernizar el sistema de drenaje pluvial para mitigar inundaciones recientes y la deuda pendiente de 300 millones de pesos que el gobierno mantiene con Agua de Puebla, un punto que podría ser cuestionado por los legisladores. Este porcentaje de cumplimiento, aunque positivo, ha generado escepticismo entre organizaciones civiles, que exigen auditorías independientes para verificar la calidad de las inversiones y evitar sobrecostos históricos asociados a la concesión.
Contexto del Convenio y Expectativas Ciudadanas
El acuerdo modificatorio con Agua de Puebla, firmado en abril de 2025 tras negociaciones de meses, surgió como respuesta a las críticas por el deterioro del servicio durante la pandemia y las inundaciones de 2024, cuando el 60% de los hogares reportaron cortes prolongados. El nuevo contrato incluye cláusulas para aumentar la inversión anual de la empresa a 800 millones de pesos, mejorar la presión en redes y garantizar el mantenimiento de pozos en municipios como Cuautlancingo y San Andrés Cholula. García Parra subrayó que la presentación de Gaytán ante el Congreso será un ejercicio de accountability que permitirá a los diputados evaluar el impacto real de estas medidas, especialmente en un año marcado por lluvias intensas que han puesto a prueba la infraestructura hidráulica. La ciudadanía, a través de redes sociales como X, ha expresado una mezcla de esperanza y cautela, con hashtags como #AguaParaPuebla y #SoapapRindeCuentas trending, reflejando la urgencia de soluciones sostenibles en un contexto de cambio climático que promete más episodios de escasez y desbordes.
Detalles del Informe: Avances, Retos y Transparencia en la Mira
Alcances y Resultados del Convenio
El informe que presentará Gustavo Gaytán abarcará un análisis exhaustivo de los avances alcanzados, incluyendo la instalación de 5 plantas potabilizadoras móviles en la zona metropolitana, que han incrementado la capacidad de tratamiento en un 15%, y la reducción de fugas en un 10% gracias a la modernización de tuberías en colonias como Lomas de Angelópolis. García Parra destacó que el documento también detallará los 720 millones de pesos ya invertidos por Agua de Puebla, superando el compromiso inicial de 600 millones para 2025, lo que ha permitido conectar a 8,000 nuevos usuarios en áreas marginadas. Sin embargo, el coordinador admitió que el 10% restante de los compromisos pendientes incluye la reparación de la Planta de Tratamiento de San Pedro Cholula, afectada por inundaciones recientes, y la resolución de 15,000 quejas por baja presión registradas en el primer semestre, un reto que podría ser el foco de los cuestionamientos legislativos.
Retos Pendientes y Presión Social
Entre los desafíos pendientes, García Parra señaló la necesidad de acelerar la limpieza de los 1,200 kilómetros de red de alcantarillado, donde el 30% está obstruido por basura y sedimentos, un factor que agravó las inundaciones de septiembre. Además, el convenio enfrenta críticas por la falta de participación ciudadana en su diseño, con colectivos como "Agua para Todos" exigiendo una consulta pública para revisar tarifas y condiciones de la concesión, que expira en 2030. El informe también abordará la deuda estatal con Agua de Puebla, que ha generado tensiones financieras y retrasos en proyectos, como la construcción de un nuevo acueducto en Tehuacán, suspendido desde julio. Esta presión social y legislativa podría traducirse en un llamado a renegociar términos, especialmente si los diputados de oposición, como los del PAN y PRI, aprovechan la sesión para exponer irregularidades pasadas de la empresa, que en 2023 fue multada por el Profeco con 2 millones de pesos por cobros indebidos.
Transparencia como Prioridad del Gobierno
García Parra insistió en que la comparecencia de Gaytán es un paso hacia una "política de responsabilidad compartida" entre el gobierno, la empresa concesionaria y la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la confianza en la gestión pública del agua. El informe incluirá un portal en línea donde los ciudadanos podrán consultar avances en tiempo real, una medida aplaudida por la Coparmex Puebla como un avance en rendición de cuentas, pero insuficiente según el Observatorio Ciudadano del Agua, que demanda la publicación de contratos y auditorías financieras. La gobernadora Olivia Salomón respaldó la iniciativa, destacando que el gobierno invertirá 50 millones de pesos adicionales en 2026 para complementar las obras de Agua de Puebla, un compromiso que busca apaciguar a los 300,000 usuarios que reportaron problemas de suministro en 2025. Con las lluvias previstas hasta octubre y un déficit hídrico proyectado para 2026, el éxito de esta transparencia podría definir la viabilidad del modelo concesional en Puebla.
Implicaciones Políticas y Sociales: Un Tema Clave en el Escenario Estatal
Repercusiones Políticas en el Congreso
La presentación del 15 de octubre será un termómetro político para Morena, que controla la mayoría en el Congreso, pero enfrenta presión de la oposición para fiscalizar el manejo de Agua de Puebla, una empresa con antecedentes de controversias desde su privatización en 2013. Diputados del PAN, como Roxana Luna, han anunciado que solicitarán un desglose detallado de los 300 millones de deuda estatal y las auditorías de las obras, mientras que el PRI podría aliarse en un bloque crítico si se confirman sobrecostos. García Parra anticipó que el informe será un "escenario de diálogo", pero analistas como los de El Sol de Puebla sugieren que podría convertirse en un campo de batalla partidista, especialmente si se vinculan los retrasos a la gestión de la gobernadora Salomón. Este evento llega en un contexto de baja aprobación del 45% para el gobierno estatal, según encuestas de Parametría de septiembre, donde el agua es la tercera preocupación ciudadana tras seguridad e inflación.
Impacto Social y Confianza Ciudadana
Para los poblanos, el informe es más que un ejercicio burocrático; representa una oportunidad de exigir respuestas a años de cortes de agua, como los sufridos en San Pedro Cholula durante 20 días en agosto, o las inundaciones en Lomas de Angelópolis que dejaron a 50,000 personas sin suministro. Organizaciones como el Frente Amplio de Defensa del Agua han convocado a una manifestación afuera del Congreso el 15 de octubre, exigiendo la reversión de la concesión y la nacionalización del servicio, un reclamo que ha ganado tracción con 10,000 firmas en Change.org. La confianza en Agua de Puebla sigue en un 30%, según un sondeo de la BUAP, y el gobierno busca contrarrestar esto con datos concretos, como la reducción del 5% en quejas al 911 por agua desde abril. Sin embargo, la percepción de opacidad persiste, alimentada por rumores de nexos políticos con la empresa, lo que podría escalar el conflicto si el informe no satisface las expectativas.
Hacia un Futuro Hídrico Sostenible
El resultado de esta rendición de cuentas podría redefinir la política hídrica de Puebla, especialmente con el pronóstico de Conagua de un déficit de 20% en reservas para 2026 debido al cambio climático. García Parra propuso un foro post-informe con expertos de la UNAM y la BUAP para diseñar un plan maestro de agua, incluyendo represas y captación de lluvia, con una inversión proyectada de 1,000 millones de pesos en tres años. Esto responde a la necesidad de adaptarse a un aumento del 25% en precipitaciones extremas desde 2020, según el SMN, pero también a la presión de municipios como Tehuacán, donde el 70% de los pozos están en riesgo de sobreexplotación. El éxito del convenio con Agua de Puebla y la transparencia del informe serán clave para consolidar una gestión sostenible, pero el desafío mayor será equilibrar los intereses económicos de la empresa con las demandas sociales, en un estado donde el agua sigue siendo un recurso político y un derecho en disputa.

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