Rodolfo Ruiz Corta Comunicación con Reportero de Diario CAMBIO

 Rodolfo Ruiz Corta Comunicación con Reportero de Diario CAMBIO en Medio de Investigación por Lavado de Dinero.

Martes, 30 de septiembre de 2025

Interrupción de la Entrevista: Ruiz Finaliza Llamada sin Comentar DenunciaEl director del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, representante legal de Consultoría Contracorriente S.A. de C.V., interrumpió una llamada telefónica con el reportero Guillermo Gutiérrez de Diario CAMBIO este martes 30 de septiembre, declinando responder preguntas sobre una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero. El intento de contacto comenzó alrededor de la 1:00 p.m. mediante mensajes de WhatsApp, sin obtener respuesta, seguido de una llamada a las 4:30 p.m., la cual fue atendida brevemente. La conversación duró 32 segundos, tras lo cual Ruiz optó por finalizar la comunicación al ser informado del motivo: conocer su postura respecto a la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) por más de 47 millones de pesos. Es importante señalar que, bajo el marco legal mexicano, un presunto inculpado no está obligado a recibir llamadas ni a proporcionar declaraciones a medios de comunicación, derecho que se deriva del artículo 20 constitucional, que garantiza el derecho al silencio y a no autoincriminarse hasta que se resuelva su situación jurídica.Posteriormente, no se registró devolución de la llamada ni explicación alguna por parte de Ruiz, quien tiene la facultad de decidir si participa o no en entrevistas mientras el proceso legal está en curso. El video de la interacción, difundido por Diario CAMBIO, muestra a Ruiz atendiendo la llamada y cortándola tras un breve intercambio, lo que ha generado diversas interpretaciones en redes sociales, donde el clip acumuló más de 50,000 vistas en plataformas como X y TikTok en pocas horas. Este incidente ocurre en un contexto de escrutinio periodístico y legal, pero su decisión de no comentar se alinea con la prerrogativa legal de cualquier persona bajo investigación de abstenerse de declaraciones públicas, especialmente sin la presencia de su defensa legal, un principio reconocido en el sistema penal acusatorio vigente desde 2016.Contexto de la Investigación: Discrepancias Fiscales bajo RevisiónLa carpeta de investigación, a la que accedió Diario CAMBIO, señala discrepancias en las declaraciones fiscales de Ruiz ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2014 y 2020. Según el expediente, los ingresos reportados ascienden a 44 millones de pesos, mientras que los egresos alcanzan 47.4 millones, resultando en un desfase de 3.2 millones de pesos sin justificación de origen lícito. Estos fondos, según la FGE, podrían estar relacionados con gastos en bienes de lujo y propiedades, lo que motivó la apertura de la denuncia por ORPI bajo el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó que el caso forma parte de un conjunto de expedientes heredados de administraciones previas, aclarando que no se trata de una persecución personal, sino de un procedimiento rutinario contra ciudadanos, empresarios y periodistas bajo revisión.La investigación, iniciada en 2020 por una denuncia anónima y ampliada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sigue en curso, con posibles judicializaciones en las próximas semanas si las pruebas lo justifican. Ruiz, conocido por su labor periodística y críticas a autoridades locales, no ha emitido comunicado oficial, lo que es consistente con su derecho a no declarar públicamente mientras el proceso legal está activo. La FGE ha enfatizado que el caso se maneja con apego a la ley, sin influencias externas, aunque el contexto de tensiones entre medios y gobierno en Puebla añade un trasfondo de interés público al desarrollo del expediente.Implicaciones y Perspectiva Legal: Derechos del Presunto InculpadoBajo la legislación mexicana, Rodolfo Ruiz, como presunto inculpado, no tiene la obligación de responder a solicitudes de información de los medios mientras no haya una resolución judicial que lo vincule formalmente al delito. Este principio, protegido por el artículo 20 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite a cualquier persona involucrada en una investigación abstenerse de declaraciones hasta que se le notifique oficialmente y cuente con asesoría legal, un derecho que aplica independientemente de su perfil público o profesional. La decisión de Ruiz de cortar la llamada se enmarca en esta garantía, evitando potenciales declaraciones que pudieran ser malinterpretadas o utilizadas en su contra antes de un proceso formal.El incidente ha generado debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes lo ven como una evasión y quienes lo consideran un ejercicio legítimo de sus derechos. Organizaciones como Artículo 19 han solicitado a la FGE transparencia en el manejo del caso para evitar percepciones de selectividad, dado que Puebla reportó 12 agresiones a periodistas en 2025. Mientras la investigación avanza, la postura de Ruiz refleja una estrategia común entre presuntos involucrados: reservarse para el ámbito legal, donde podrá presentar su defensa con respaldo documental, como las declaraciones fiscales que, según la FGE, están bajo análisis forense para determinar la licitud de los recursos en cuestión.