Detienen a hermana de Lozoya por presunto lavado de dinero

 Detención de Gilda Susana Lozoya Austin en el AICM por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Ciudad de México, 2 de julio de 2026 – Agentes de la Fiscalía General de la República cumplieron una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La detención se realizó con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina. Gilda Susana Lozoya Austin es hermana de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos.
La Fiscalía General de la República la señala por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones la vinculan con un esquema financiero relacionado con el caso Agronitrogenados, en el que habría fungido como prestanombres de la empresa Tochos Holding Limited. Esta empresa recibió la cesión de derechos por parte de su hermano Emilio Lozoya Austin.
Proceso de la detención y trasladoLa operación se ejecutó de manera coordinada en las inmediaciones del AICM, donde Gilda Susana Lozoya Austin fue localizada. Tras la aprehensión, fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal que emitió la orden. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial en la que se determinará su situación jurídica, incluyendo la legalidad de la detención y los cargos formulados.
La Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada de Control Competencial han documentado movimientos financieros que forman parte del expediente. Entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, se registraron cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares a favor de Gilda Susana Lozoya Austin. Estos recursos provinieron de una empresa relacionada con Alonso Ancira Elizondo, empresario vinculado a Altos Hornos de México. Parte de los fondos fue transferida posteriormente a un tercero, según las indagatorias.
Vínculo con el caso Agronitrogenados y triangulación de recursosEl caso se enmarca en las investigaciones sobre la adquisición de la planta Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos. Las autoridades han establecido conexiones entre las transferencias y una cuenta bancaria en Suiza abierta a través de una empresa fachada asociada a Emilio Lozoya Austin. De esa cuenta habrían salido fondos utilizados para la adquisición de un inmueble en la Ciudad de México, mismo que ya fue sujeto a extinción de dominio mediante sentencia definitiva.
Gilda Susana Lozoya Austin habría participado en la triangulación de recursos sin justificación económica o comercial legítima. Las autoridades consideran que estas operaciones formaron parte de un esquema para encubrir actos de corrupción durante el periodo en que Emilio Lozoya Austin asumiría la dirección de Petróleos Mexicanos.
Contexto del seguimiento judicialLa orden de aprehensión había sido girada desde años anteriores, lo que convirtió a Gilda Susana Lozoya Austin en una persona buscada por la justicia federal. Su detención en el AICM representa un avance en el proceso penal relacionado con el caso Agronitrogenados, uno de los expedientes emblemáticos en materia de combate a la corrupción y lavado de dinero en el país.
La Fiscalía General de la República ha reiterado que toda persona es considerada inocente hasta que un juez dicte sentencia condenatoria. El desarrollo de la audiencia inicial permitirá conocer con detalle los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y la defensa de la imputada.
Este caso continúa en proceso y se espera que en las próximas horas se definan los plazos para las siguientes etapas judiciales, incluyendo posibles vinculaciones a proceso y medidas cautelares. Las autoridades mantienen el seguimiento de las operaciones financieras internacionales vinculadas al expediente para fortalecer la integración de la carpeta de investigación.
Empresa offshoreTochos Holding Limited fue una empresa fachada offshore establecida en las Islas Vírgenes Británicas. Controlada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue utilizada como vehículo financiero para triangular sobornos internacionales y lavar recursos de procedencia ilícita, incluyendo transferencias vinculadas a los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Detalles clave sobre la empresa:Creación: Fue fundada en septiembre de 2008 en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, a través del despacho TMF LTD y gestionada por la firma legal Icaza, González Ruiz & Alemán.
Operaciones: Durante su existencia, no registró actividades comerciales reales y sirvió únicamente para ocultar el origen de fondos y facilitar transacciones, incluyendo pagos millonarios a boutiques, galerías de arte y la adquisición de bienes raíces de lujo en la Ciudad de México.
Implicados: La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que Gilda Susana Lozoya Austin fungió como beneficiaria y administradora de los fondos de esta cuenta tras recibir una cesión de derechos por parte de su hermano Emilio. Por este esquema de triangulación, las autoridades mexicanas ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rodolfo Ruiz Corta Comunicación con Reportero de Diario CAMBIO

 Rodolfo Ruiz Corta Comunicación con Reportero de Diario CAMBIO en Medio de Investigación por Lavado de Dinero.

Martes, 30 de septiembre de 2025

Interrupción de la Entrevista: Ruiz Finaliza Llamada sin Comentar DenunciaEl director del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, representante legal de Consultoría Contracorriente S.A. de C.V., interrumpió una llamada telefónica con el reportero Guillermo Gutiérrez de Diario CAMBIO este martes 30 de septiembre, declinando responder preguntas sobre una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero. El intento de contacto comenzó alrededor de la 1:00 p.m. mediante mensajes de WhatsApp, sin obtener respuesta, seguido de una llamada a las 4:30 p.m., la cual fue atendida brevemente. La conversación duró 32 segundos, tras lo cual Ruiz optó por finalizar la comunicación al ser informado del motivo: conocer su postura respecto a la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) por más de 47 millones de pesos. Es importante señalar que, bajo el marco legal mexicano, un presunto inculpado no está obligado a recibir llamadas ni a proporcionar declaraciones a medios de comunicación, derecho que se deriva del artículo 20 constitucional, que garantiza el derecho al silencio y a no autoincriminarse hasta que se resuelva su situación jurídica.Posteriormente, no se registró devolución de la llamada ni explicación alguna por parte de Ruiz, quien tiene la facultad de decidir si participa o no en entrevistas mientras el proceso legal está en curso. El video de la interacción, difundido por Diario CAMBIO, muestra a Ruiz atendiendo la llamada y cortándola tras un breve intercambio, lo que ha generado diversas interpretaciones en redes sociales, donde el clip acumuló más de 50,000 vistas en plataformas como X y TikTok en pocas horas. Este incidente ocurre en un contexto de escrutinio periodístico y legal, pero su decisión de no comentar se alinea con la prerrogativa legal de cualquier persona bajo investigación de abstenerse de declaraciones públicas, especialmente sin la presencia de su defensa legal, un principio reconocido en el sistema penal acusatorio vigente desde 2016.Contexto de la Investigación: Discrepancias Fiscales bajo RevisiónLa carpeta de investigación, a la que accedió Diario CAMBIO, señala discrepancias en las declaraciones fiscales de Ruiz ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2014 y 2020. Según el expediente, los ingresos reportados ascienden a 44 millones de pesos, mientras que los egresos alcanzan 47.4 millones, resultando en un desfase de 3.2 millones de pesos sin justificación de origen lícito. Estos fondos, según la FGE, podrían estar relacionados con gastos en bienes de lujo y propiedades, lo que motivó la apertura de la denuncia por ORPI bajo el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó que el caso forma parte de un conjunto de expedientes heredados de administraciones previas, aclarando que no se trata de una persecución personal, sino de un procedimiento rutinario contra ciudadanos, empresarios y periodistas bajo revisión.La investigación, iniciada en 2020 por una denuncia anónima y ampliada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sigue en curso, con posibles judicializaciones en las próximas semanas si las pruebas lo justifican. Ruiz, conocido por su labor periodística y críticas a autoridades locales, no ha emitido comunicado oficial, lo que es consistente con su derecho a no declarar públicamente mientras el proceso legal está activo. La FGE ha enfatizado que el caso se maneja con apego a la ley, sin influencias externas, aunque el contexto de tensiones entre medios y gobierno en Puebla añade un trasfondo de interés público al desarrollo del expediente.Implicaciones y Perspectiva Legal: Derechos del Presunto InculpadoBajo la legislación mexicana, Rodolfo Ruiz, como presunto inculpado, no tiene la obligación de responder a solicitudes de información de los medios mientras no haya una resolución judicial que lo vincule formalmente al delito. Este principio, protegido por el artículo 20 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite a cualquier persona involucrada en una investigación abstenerse de declaraciones hasta que se le notifique oficialmente y cuente con asesoría legal, un derecho que aplica independientemente de su perfil público o profesional. La decisión de Ruiz de cortar la llamada se enmarca en esta garantía, evitando potenciales declaraciones que pudieran ser malinterpretadas o utilizadas en su contra antes de un proceso formal.El incidente ha generado debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes lo ven como una evasión y quienes lo consideran un ejercicio legítimo de sus derechos. Organizaciones como Artículo 19 han solicitado a la FGE transparencia en el manejo del caso para evitar percepciones de selectividad, dado que Puebla reportó 12 agresiones a periodistas en 2025. Mientras la investigación avanza, la postura de Ruiz refleja una estrategia común entre presuntos involucrados: reservarse para el ámbito legal, donde podrá presentar su defensa con respaldo documental, como las declaraciones fiscales que, según la FGE, están bajo análisis forense para determinar la licitud de los recursos en cuestión.

EPN pone en alto a México con "Visa Dorada" en España

 El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, obtuvo la denominada “visa dorada” en España, la cual sólo se entrega a multimillonarios que destinan, por lo menos, un millón de euros (en compra de activos en  país.

7 de julio de 2022

Este es el exclusivo fraccionamiento de Peña en España; Bardem y Penélope,  sus vecinos

Fue el 29 de mayo, que el diario español El País reportó que Peña Nieto se había instalado oficialmente en España.

El expresidente priista adquirió un local comercial de 105 metros cuadrados con una terraza en el barrio acaudalado de Chamberí, el cual supera los 530 mil dólares y fue pagado de contado.

Rodeado de lujos pero solo, así es el autoexilio de Peña Nieto en Madrid

Sin embargo, Peña Nieto no vive en Chamberí, Madrid, sino en la exclusiva zona de Valdelagua en un chalet de lujo propiedad de una constructora que lo habría adquirido por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros.

En dicha zona, el ex mandatario mexicano tiene como vecinos a personajes de la farándula española como Javier Bardem y Penélope Cruz. Además, es común ver automóviles de lujo circulando por la zona.

Sin embargo, el inmueble no está a nombre de Peña Nieto, sino de un empresario consultor, quien declinó dar su versión de los hechos, y que logró su expansión en México y Chile.

Este miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez Álvarez informó que presentó ante la FGR una denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 “Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, puntualizó.

Denuncian a EPN por lavado de dinero

 El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que tras un análisis sobre “movimientos de cuentas” relacionados con Enrique Peña Nieto, se detectó que obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos.

7 de julio de 2022

Durante la conferencia matutina de prensa, el titular mencionó que el expresidente de México tiene vínculos corporativos con dos empresas irregulares en el ámbito fiscal y financiero.

De igual manera, señaló que las firmas están relacionadas con un ‘exmandatario mexicano’, a quien se le realizaron transferencias bancarias internaciones por millones de dólares, el cual “tiene una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.

Por tal motivo, se iniciarán investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

FGR tras Manlio por lavado de dinero

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por un depósito de 10 millones 400 mil dólares (más de 135 millones de pesos) en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2009 y 2010.

La Fiscalía también investiga a la esposa de Manilo Fabio Beltrones, Sylvia Sánchez, y al exvicepresidente de la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana Luis Alejandro Capdevielle por presuntamente haber participado en un esquema de triangulación de recursos, de acuerdo con el medio El País.

Confirma AMLO que Manlio Fabio Beltrones tramitó amparo para evitar detención por desvío de dinero

Capdevielle habría pagado a Beltrones por aprobación de leyes; depósitos se hicieron a Sylvana Beltrones

La investigación que abrió la FGR contra los Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle es por un presunto pago de millones de pesos como ‘agradecimiento’ por aprobar modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones en 2006.

Entre 2009 y 2010 Sylvana Beltrones abrió dos cuentas en la Banca Privada d’Andorra a la que ingresó 10 millones 400 mil dólares. En Andorra se abrió una investigación por la suma millonaria, pues en esos años la ahora senadora del PRI tenía 26 años y no ocupaba ningún cargo público; en esos años su padre, Manlio Fabio Beltrones, era el presidente del Senado.

Su madre, Sylvia Sánchez, también abrió dos cuentas en BPA, supuestamente para depositar el dinero de la venta de dos apartamentos en Miami, publicó El País.

En 2009 Capdevielle depositó a la cuenta de la senadora 9 millones de dólares (más de 121 millones de pesos). Sylvana Beltrones asegura que el depósito pertenece a un pago que le debía por la disolución de Habica, una empresa de artículos de hogar que ambos tenían.

La senadora en 2009 volvió a recibir otro pago de Capdevielle, esta vez de 2 millones 400 mil dólares, supuestamente por la compra de una una propiedad de lujo en Polanco, CDMX, señala la investigación del medio.

A pesar de que Canòlich Mingorance, una jueza de Andorra, imputó a Sylvana Beltrones, Sylvia Sánchez y Manlio Fabio Beltrones por presunto delito de blanqueo de capitales, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2018 prescribió la acusación.

Mingorance señaló que el dinero que recibió la ahora senadora fue una comisión de Capdevielle para Manlio Fabio Beltrones por haber ayudado a la aprobación de modificaciones a Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones, que beneficiaron a un millonario medio de comunicación para el que trabajaba Capdevielle.

El expresidente del PRI dijo a El País estar tranquilo, porque ese presunto delito ya se ha investigado (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) y no son culpables.

Los Jenkins de familia "Fifi" a prófugos de la justicia

 Roberto Jenkins de Landa, así como sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos, y su madre Sofía de Landa Irizar de Jenkins, se encuentran prófugos de la justicia después de que se giraron órdenes de aprehensión en contra de ellos por el desfalco de 720 millones de dólares que pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins.

Durante este lunes un juez de control de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, liberó nueve órdenes de aprehensión en contra de nueve personas por el delito de ‘lavado’ de dinero, pues además de los miembros de la familia Jenkins, también están implicados en el caso Carlos Román Hernández, Virgilio Rincón Salas, y Alejandro González Muñoz que servían como testaferros.

Guillermo Jenkins de Landa señaló que fue desde el 2016 cuando presentó una denuncia en contra de sus familiares por el desfalco hecho a la fundación y el ‘lavado’ de dinero, enviando el patrimonio económico a Jalisco y después a Panamá –considerado como paraíso fiscal– a través de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, sin embargo ante la complicidad del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, ésta no procedió.

Fue hasta junio del año pasado cuando las autoridades determinaron reabrir nuevamente la carpeta de investigación, ya que en el 2018 se le dio ‘carpetazo’ al caso sin que esto le fuera informado al propio demandante.

Señaló que será la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla la que deberá proceder con las auditorías en contra de la Fundación Mary Street Jenkins y de los movimientos financieros que se hicieron.

Guillermo Jenkins afirmó que busca que se haga justicia y que se pueda devolver el patrimonio que fue saqueado por sus hermanos, ya que éste era para el beneficio de los poblanos al entregársele recursos a diversas instituciones.

“La Junta es la que tiene que auditar, es por ley que a ellos les corresponde (…) lo que estoy peleando son los principios, los valores y el honor de una institución, esto no es un tema personal, es un tema institucional”, expresó.

De igual manera, aseguró que también busca que se le devuelva su lugar dentro del patronato de la fundación, ya que su salida de la misma se llevó a cabo de manera ilegal para que no fuera un obstáculo de los movimientos ilícitos.

Guillermo Jenkins señaló que desconoce el paradero exacto de su madre y de sus hermanos, siendo la última información que tuvo de ellos que radicaban en la zona de San Diego, California, en los Estados Unidos.

Esto al señalar que les gusta tener una vida de lujos y disponiendo desde dicha ciudad del dinero que le pertenecía a la Fundación Mary Street Jenkins, a fin de poder ir solventando su vida de ‘comodidades’.

“Todos los parientes, ex parientes que tengo, sé que están en el área de San Diego, en Rancho Santa Fe y La Joya, les gusta vivir muy bien, les gusta la buena vida”, expresó.

Además de los miembros de la familia Jenkins, existen otras cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales tres van dirigidas a Carlos Román Hernández, Virgilio Rincón Salas, y Alejandro González Muñoz, que fueron prestanombres para que se pudieran simular las operaciones.

Guillermo Jenkins de Landa señaló que existe la posibilidad de que se puedan emitir otras seis órdenes de aprehensión, en contra de otras personas que también estuvieron involucradas en el caso, sin embargo se reservó los nombres a la espera de que las autoridades puedan avanzar en el caso.

La Fundación Mary Street Jenkins fue fundada el 18 de octubre de 1954 por el empresario William O. Jenkins, cuyo objetivo era otorgar becas a estudiantes y obras de beneficencia. En el caso de Puebla, la operación dejó desamparada a la UDLAP, así como a fundaciones hermanas, entre ellas el Colegio Americano de Puebla, Fundación Club Alpha de Puebla y Fundación de las Américas, que en vida fueron formadas por Guillermo (William) O. Jenkins.

Orden de aprehensión contra familia Jenkins

 La Fiscalía General de la República (FGR) logró

una orden de aprehensión en contra de Roberto Jenkins de Landa, así como sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos además de su madre Sofía de Landa Irizar de Jenkins, por el delito de lavado de dinero a través de la Fundación Mary Street Jenkins.

Información de medios nacionales señala que fue el pasado jueves cuando un juez de control de Almoloya de Juárez en el Estado de México liberó la orden de aprehensión.

De esta manera es que las autoridades iniciarán con la búsqueda de los integrantes de la familia Jenkins para que sean presentados ante la autoridad judicial y se continúen las investigaciones por los supuestos delitos cometidos.

En 2016, Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus padres y hermanos por un desfalco de 14 mil millones de pesos que pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins, ya que estos fueron enviados a Aguascalientes y posteriormente a Barbados y Panamá , que son considerados como un paraíso fiscal.

La Fundación Mary Street Jenkins era el principal medio de sustento económico para la UDLAP, así como para el Colegio Americano y el Club Alpha, al ser beneficiarias de la institución filantropica.

La historia del saqueo

La UDLAP una de las universidades con más prestigio en el país, sufre ante el saqueo de la familia Jenkins, quienes tienen orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero a través de la Fundación Mary Street Jenkins.

Y es que la Fundación Mary Street Jenkins era el principal sustento económico para la UDLAP, para el Colegio Americano y el Club Alpha, al ser beneficiarias de dicha fundación.

Desde 1998 los Jenkins comenzaron a desviar recursos a paraísos fiscales como Suiza, Panamá y Bahamas, de acuerdo con la información revelada por ‘Paradise Papers’. Además de que Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus padres y hermanos por un desfalco de 14 mil millones de pesos que pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins.

Guillermo Jenkins Anstead y sus herederos no sólo cambiaron en total secrecía la sede fiscal de las fundaciones Udlap y del Colegio Americano, sino que desde 1998 comenzaron a mover el dinero de la Fundación Mary Street Jenkins a paraísos fiscales como a Suiza, Panamá y Bahamas, de acuerdo con información revelada por ‘Paradise Papers’.

El primer movimiento en dicho año se dio cuando los millones de la familia se movieron en septiembre de 1998 de la ciudad francesa de Niza a Suiza, mientras que para abril del año 2000 se cambiaron otras inversiones de Gran Bretaña a las Bahamas.

Entre los 13.5 millones de documentos filtrados el domingo pasado, también destaca que Jenkins Anstead movió dinero a Suiza en 2004, así como a Ecuador y otra vez a las Bahamas en el año 2005.

El trabajo fue dado a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con lo que dejó al descubierto redes mundiales para obtener beneficios o evadir impuestos en llamados paraísos fiscales.

El patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins en el que se encuentran la UDLAP, los clubes Alpha, el Colegio Americano, centro comercial El Triángulo de Las Ánimas y diversas inversiones inmobiliarias fue desviado por Guillermo Jenkins Anstead y sus herederos a una empresa offshore con sede en Panamá, bajo la complacencia del gobierno morenovallista y la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.

Sin embargo, Paradise Papers reveló que el dinero fue llevado a paraísos fiscales mucho antes, aunque no se tiene certeza a cuánto asciende el dinero.

Aunque Guillermo hijo calculó en un inicio un ‘desfalco’ por al menos 720 millones de dólares, según documentos se detalla que tan sólo el monto que se repartió a los nietos asciende a casi 400 millones de dólares entre activos circulantes, inversiones a corto plazo, activos corrientes, compañías afiliadas y otros.

Cabe citar que para hacerse del patrimonio legado por William O. Jenkins, a través de la Fundación Mary Street Jenkins, la familia primero traspasó los bienes inmuebles, terrenos, acciones y dinero de cuentas bancarias a una nueva fundación con sede en Aguascalientes denominada Fundación Bienestar de la Filantropía, en abril del 2014, y para diciembre del mismo año, los fondos fueron enviados al país caribeño de Barbados, que fue cuando autoridades mexicanas le perdieron la pista.

Para diciembre del 2015, se conformó la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano FIP en Panamá, que según especialistas, debido a que el dinero será requerido fuera de Panamá, quedó como offshore.

La Fundación Mary Street Jenkins fue creada hace casi 63 años –el 18 de octubre de 1954– por el empresario William O. Jenkins, cuyo objetivo era otorgar becas a estudiantes y obras de beneficencia. En el caso de Puebla, la operación dejó desamparada a la UDLAP, así como a fundaciones hermanas, entre ellas el Colegio Americano de Puebla, Fundación Club Alpha de Puebla y Fundación de las Américas, que en vida fueron formadas por Guillermo (William) O. Jenkins.

SAT embarga a la Fundación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó el campus  de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) que se ubica  en San Andrés Cholula, debido a una deuda fiscal de la Fundación Mary Street Jenkins.

Fue desde octubre pasado cuando el SAT revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a la universidad por parte de sus benefactores. Sin embargo lo siguió haciendo.

Cabe citar que el fisco le impuso desde 2014 a la fundación Mary Street Jenkins –registrada en Puebla- para recibir ayudas, y que a su vez aportaba recursos a la institución de educación superior desde su llegada a Cholula en 1966.

En junio de 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló en contra de la UDLAP

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, obligándola a pagar 629.2 millones de pesos al SAT por el adeudo de impuestos que se generaron hace seis años al transferir fondos a Bienestar de Filantropía, siendo el predio de la UDLAP su única garantía de pago.

El organismo federal resolvió a favor del SAT para que la fundación realice el pago de los impuestos que se generaron por el Impuesto Sobre la Renta y por el Impuesto del Valor Agregado (IVA), que se originaron cuando trasladó cinco mil 798 millones 117 mil pesos a la Fundación Bienestar de Filantropía hace seis años, misma que se llevó los recursos a Barbados.

Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, señaló que actualmente la Fundación Mary Street Jenkins no cuenta con recursos suficientes para pagarle al SAT, siendo el predio de la UDLAP, la única garantía de pago que posee, según explicó a E-Consulta.

Además de señalar que otra opción de pago sería repatriar los recursos que se dieron a Bienestar de Filantropía, sin embargo eso generaría más impuestos a pagar.

En su momento la Fundación Mary Street Jenkins se negó a hacer el pago de los impuestos que se generaron al argumentar que la donación se hizo con la figura jurídica de donataria no autorizada.

Sin embargo, el magistrado Alfredo Salgado Loyo, del TFJA, rechazó el argumento que dio la organización civil para poder evitar el pago de los impuestos, indicando que los recursos entregados no correspondían a las actividades por los cuales fueron trasladados.

En este sentido, también se descartó la figura jurídica que en ese entonces tenía la Fundación Mary Street Jenkins, enfocándose a las acciones que realiza por lo que se solicita el pago de impuestos.

Cabe recordar que en el 2016, Guillermo Jenkins de Landa aseguró que la donación que se hizo dos años antes hacia Bienestar de Filantropía, se había realizado bajo distintas irregularidades, solicitando que se hiciera una investigación al dejar a la Fundación Mary Street Jenkins ‘en la calle’

En su momento aseguró que Bienestar de Filantropía se trataba de una fundación que en realidad se encontraba siendo manejada por sus padres Elodia Sofía de Landa Irízar y Guillermo Jenkins Anstead, con el objetivo de quedarse con los recursos que disponía la organización, misma que financia a la UDLAP, el Colegio Americano y el Club Alpha.

Contadora y Eukid vinculados y cómplices

 En 2017 Eukid Castañon Herrera y Lorena Jaimes Vargas, ambos detenidos por ‘lavado’ de dinero y operadores de la Estructura Maya, constituyeron una Asociación Civil llamada "Fundación Chedai", enfocada a la defensa de los derechos humanos y asistencia jurídica en 2017 que recibió donativos, aunque no hay registro de estos.

De acuerdo con una consulta de CAMBIO al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la fundación fue constituida el 12 de abril del 2017 con el RFC FCE170124B47 que a la fecha marca como activa, se incluyó la figura de la Clave Única de Inscripción (Cluni) para poder recibir donativos de parte de órganos públicos y privados.

En este sentido, el registro federal detalla que Eukid Castañón Herrera, actualmente preso en el Penal de Tepexi de Rodríguez acusado de extorsión, amenazas y ‘lavado’ de dinero, figura como el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil, bajo la escritura número 24 mil 745.

Mientras que Lorena Jaimes Vargas, quien fue detenida en Mérida, Yucatán, por el delito de ‘lavado’ de dinero, es la Tesorera del Consejo Directivo y Apoderada General de “Chedai”, es decir, no solamente eran socios en la empresa del operador morenovallista “Solución Total Consultores SC”.

El sitio federal detalla que el domicilio fiscal de dicha asociación está ubicado en la 9 Poniente y 31 Sur número 2931 en la capital poblana, además de que las actividades y objetos marcados son apoyo a la alimentación popular, asistencia jurídica y apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Integran el apartado de donaciones aunque solamente enlistan una de 2017 por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social, por el programa Asesoría a Organizaciones de la Sociedad Civil para que realicen trámites ante el Registro Federal de las OSC, aunque no incluye monto.

El objeto social, detalla, será atención en temas de condiciones sociales, asistencia médica, jurídica, rehabilitación de alcohólicos y fármacos, ayuda en servicios funerarios, capacitación, defensa de los derechos humanos, apoyo a la alimentación entre otros, crear programas de cooperación para desarrollo comunitario, operar programas de fomento educativo, además de poder adquirir bienes inmuebles para fin del objeto de la asociación.

Ambos operadores morenovallistas forman parte de la Estructura Maya, en donde Jaimes Vargas era la tesorera y la encargada de entregar recursos a más de 60 operadores a fin de que se utilizaran en campañas electorales entre 2014 y 2018, actualmente ambos ya cayeron ante la justicia por ‘lavado’ de dinero, en el caso específico de esta persona está en proceso de ser trasladada a Puebla para su vinculación.

Con información de Cambio

El Azul Talavera cambio de nombre mismo precio

La cadena “Rosewood Hoteles and Resorts” dejará de operar el hotel que se ubica en San Francisco dentro de la capital poblana, por lo que ahora se llamará “Azul Talavera”, mismo nombre que tiene el restaurante del hotel boutique confirmando el cambio de administración que sufrirá los próximos días.

El hotel boutique “Rosewood Puebla” que cuenta con un reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad ya que se ubica en San Francisco ocupando los Lavaderos de Almoloya que datan desde el año 1704, será nombrado “Azul Talavera” llevando el mismo nombre que la cafetería que se encuentra dentro de dicho hotel.

Sin embargo varios consumidores de este Café-Restaurante se han quejado del servicio elitista y el costo elevado en cuanto a su menú, pues el precio de una botella de agua es de 160 pesos.

En cuanto al cambio de nombre del hotel, fuentes informaron que éste será el único cambio que tendrá el inmueble, por lo que trabajadores, costos y reservaciones continuarán bajo la misma línea, además de confirmar que el hotel no cerrará sus puertas  y seguirá laborando de manera normal.

Sin embargo la sede de la Cadena Hotelera Roseewood Hotels and Resorts comentó que para todos los interesados en realizar una reservación posterior al 18 de diciembre que es el día en el que se hará oficialmente el cambio de administración, busquen otra opción para alojarse ya que confirmaron que no sería viable hospedarse en el inmueble.

Eukid solicita amparo contra Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó que se congelaran las cuentas personales y de las empresas del ex diputado Eukid Castañón Herrera, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Ante ello, el ex funcionario morenovallista tramitó ante el Juzgado Cuarto de Distrito un amparo para impedir el aseguramiento de sus recursos.

El pasado 16 de octubre, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer en Puebla que se investigaban a funcionarios de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle, sin embargo se reservó los nombres y pidió esperar el resultado de las indagatorias.

Este lunes El Despertar publicó el requerimiento 110/F/B/4974/2019 que la UIF giró el 27 de septiembre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se indica que Castañón está en una lista de personas “bloqueadas”, por lo que pide que no se le abran nuevas cuentas, cancelar cuentas vigentes o que haga uso de los recursos existentes.

En los documentos se relaciona con Castañón Herrera a seis empresas, que también estarían bajo investigación federal.

Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. con domicilio en privada 14 Poniente A 5510.

Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V. con domicilio en Calle 22 Sur 3510 en la colonia el Mirador.

LOSFLO Infraestructura S.A. de C.V. con domicilio en avenida Moratilla 2 en Moratilla.

Solución Total Consultores S.C. con domicilio en la 9 poniente 2921 en la colonia La Paz.

En cuanto a las empresas:

ERPICK S.A de C.V

PRADEC S.A de C.V.

PRECOFI S.C. están bajo averiguación.

En la indagatoria se incluye también a dos personas físicas: Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega.

Eukid Castañón tramitó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla un amparo para frenar el aseguramiento de sus recursos.

El expediente de trámite quedó registrado con el número 1721/2019.

Aunque en los estados electrónicos del poder judicial se indica que la próxima audiencia donde el juez de distrito definiría si concede la suspensión se llevaría a cabo el viernes de esta semana, Castañón Herrera expuso a través de un comunicado que ya obtuvo la suspensión definitiva para que cese el aseguramiento. 

Núm. de Expediente: 1721/2019

Fecha del Auto: 31/10/2019
Fecha de publicación: 04/11/2019
Síntesis:
. . . PRIMERO. En términos del considerando primero de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables Director General de Procesos Legales "A" y Director General de Procesos Legales "B", adscritos a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SEGUNDO. De conformidad a lo plasmado en el considerando cuarto de la misma, se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho, contra las consecuencias de los actos que reclamó a las autoridades responsables, es decir, cesen el aseguramiento de la cuenta bancaria *** de la Institución de Crédito ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ***, respecto de la que el directo quejoso aduce ser titular, esto es, para que pueda disponer libremente de los recursos existentes en esa cuenta bancaria.

Las tres de las cuatro empresas ‘fachada’ que utilizó Eukid Castañón y de las cuales sus cuentas fueron también congeladas recibieron más de 400 millones de pesos de obra pública entre 2011 y 2017, siendo la más beneficiada la empresa Laboratorios de Ingeniería, que por sí sola recibió 254 millones de pesos en 12 contratos que llevó a cabo.

De acuerdo con información de El Despertar, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del ex operador morenovallista, además de hacer una investigación de siete empresas vinculadas a él, siendo estas Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura SA de CV, Laboratorio de Ingeniería SA de CV, LOSFLO Infraestructura SA de CV, Solución Total Consultores SC, Erpick SA de CV, Pradec SA de CV, y Precofi SC.

En el caso de Laboratorio de Ingeniería, ésta ejecutó 12 contratos de obra pública a lo largo de las administraciones de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, siendo la obra más costosa el Bulevar Xonacatepec, por la cual recibió 115 millones 184 mil 471 mil pesos.

Del mismo modo, recibió 19 millones 712 mil 382 pesos por la supervisión, verificación y control de calidad para la remodelación y ampliación del Estadio Cuauhtémoc.

Además de llevar a cabo la supervisión verificación, control de obra y aseguramiento de la infraestructura vial de la primera etapa de la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), con un monto de 12 millones 34 mil 816 pesos.

Asimismo recibió 22 millones 35 mil 462 pesos por la construcción de colectores sanitarios en Barranca de San Diego.

Conservación de la carretera Acuaco–Huehuetla. 17 millones 702 mil 354 pesos.

Octavio Inocente Márquez Vega y de Juan Fernando Márquez Vega aparecen como los propietarios de la empresa en el Registro Público de Comercio, sirviéndole como prestanombres a Eukid Castañón.

Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura fue la encargada de llevar a cabo la remodelación del Estadio Hermanos Serdán con un costo de 67 millones 740 mil 399 pesos.


Otro de los ‘jugosos’ contratos que le dio el morenovallismo fue el denominado “Proyecto integral a precio alzado para la sustitución del Hospital Comunitario de 12 camas ramón de las flores, ubicado en la carretera nacional Amozoc-Oriental km. 12.5 “, por el cual la empresa recibió a cambio 36 millones 152 mil 455 pesos.

A través de ocho contratos entregados por los gobiernos encabezados por Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, Eukid Castañón recibió a través de Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura un total de 125 millones 69 mil 956 pesos.

Eukid Castañón también obtuvo contratos por parte del gobierno municipal y de la Federación, pues bajo la administración de Gali Fayad como alcalde capitalino su empresa LOSFLO Infraestructura obtuvo un millón 194 mil 800 pesos.

Asimismo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, dicha empresa obtuvo el contrato para llevar a cabo los trabajos de conservación periódica de bacheo en carretera Puebla-Huajuapan de León, por los cuales se le pagaron nueve millones 686 mil 830 pesos.

La SCT también le otorgó un contrato a dicha empresa por 16 millones 575 mil 326 pesos, a cambio de que se hiciera cargo de los trabajos de reconstrucción de los caminos rurales Patla-Tecpatlan, y Patla-Encinal.

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