Suman 31 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
La explosión de una pipa de gas licuado de petróleo (GLP) en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, ocurrió el 10 de septiembre de 2025 alrededor de las 14:20 horas, cuando un camión cisterna de la empresa Gas Silza, con capacidad para 49,500 litros cargados en Tuxpan, Veracruz, volcó en una curva de la Calzada Ignacio Zaragoza debido a exceso de velocidad, liberando gas que se expandió rápidamente por su densidad y provocó una deflagración masiva con onda expansiva que afectó vehÃculos cercanos, estructuras y peatones, suspendiendo el servicio del Metro, RTP, Cablebús y trolebús en la zona, mientras bomberos, ERUM y Protección Civil desplegaron un operativo con ambulancias y unidades de rescate para sofocar las llamas y evacuar, aunque la vialidad permaneció cerrada por horas y residentes intentaron ayudar con cubetas de agua pese al riesgo de nuevas detonaciones. Inicialmente se reportaron tres fallecidos y 70 heridos, incluyendo cuatro bebés, con quemaduras de segundo y tercer grado; la cifra de muertos escaló progresivamente a 8 el primer dÃa, 13 al tercer dÃa, 17 al sexto, 20 al séptimo, 27 al décimo y 29 al undécimo, reflejando la gravedad de las lesiones y complicaciones posteriores, mientras 39 personas recibieron altas médicas en las primeras semanas.
La muerte número 31, confirmada el 27 de septiembre de 2025, corresponde al médico urólogo Óscar Uriel GarcÃa Rivera, de 31 años, egresado y trabajador del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (IMSS), quien luchó por su vida en ese mismo hospital tras sufrir heridas graves en la explosión; el ISSSTE y la Sociedad Mexicana de UrologÃa lamentaron su pérdida en un comunicado oficial, destacando su contribución profesional, sumándose a otras vÃctimas notables como el conductor de la pipa Fernando Soto MartÃnez (fallecido el 17 de septiembre), la estudiante de la UNAM Ana Daniela Barragán, el profesor de secundaria Eduardo GarcÃa Morales, alumnos del IPN como Juan Carlos, Alà Yael, Santiago Daniel, Giovani y Ali Yael González Aranda (18 años, de la Vocacional 7), Adolfo Franco Madrigal (de una vulcanizadora) y la joven Geovana (21 años, identificada preliminarmente), con un saldo de 25 hombres y 6 mujeres entre los decesos. Actualmente, 13 personas permanecen hospitalizadas —incluyendo cuatro menores— con atención en centros como el Hospital General de México y el 20 de Noviembre, donde se aplican tratamientos innovadores como tejido amniótico de placenta para quemados graves, mientras 40 han sido dadas de alta; historias de resiliencia emergen, como la bebé Jazlyn, protegida por su abuela en Texas, o perritos rescatados como Cereza y su cachorro Cerecito, Aslan y Tita, que luchan por recuperarse de quemaduras.
Las investigaciones, lideradas por la FiscalÃa General de Justicia de la CDMX y la SecretarÃa de Seguridad Ciudadana, apuntan al exceso de velocidad como causa principal del volteo, con el conductor imputado póstumamente; la empresa Gas Silza enfrenta escrutinio por irregularidades previas, como fallas administrativas en pipas, válvulas caducadas, falta de registro ante SENER y ausencia de póliza de seguro vigente desde junio de 2025, lo que complica indemnizaciones, además de antecedentes de fugas y prácticas monopólicas en el grupo Tomza. La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina ha prometido no permitir impunidad, garantizando reparación integral del daño, evaluación de daños materiales por Protección Civil y apoyo psicológico a familias, aunque surgen denuncias de presiones por parte de autoridades para alterar declaraciones, silenciar a vÃctimas y retener porcentajes de compensaciones, lo que ha generado indignación pública; organizaciones médicas, locatarios y ciudadanos exigen mayor regulación al transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas, recordando incidentes similares en 2002 y 2009, mientras veladoras y flores honran a las vÃctimas en el sitio.
La muerte número 31, confirmada el 27 de septiembre de 2025, corresponde al médico urólogo Óscar Uriel GarcÃa Rivera, de 31 años, egresado y trabajador del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (IMSS), quien luchó por su vida en ese mismo hospital tras sufrir heridas graves en la explosión; el ISSSTE y la Sociedad Mexicana de UrologÃa lamentaron su pérdida en un comunicado oficial, destacando su contribución profesional, sumándose a otras vÃctimas notables como el conductor de la pipa Fernando Soto MartÃnez (fallecido el 17 de septiembre), la estudiante de la UNAM Ana Daniela Barragán, el profesor de secundaria Eduardo GarcÃa Morales, alumnos del IPN como Juan Carlos, Alà Yael, Santiago Daniel, Giovani y Ali Yael González Aranda (18 años, de la Vocacional 7), Adolfo Franco Madrigal (de una vulcanizadora) y la joven Geovana (21 años, identificada preliminarmente), con un saldo de 25 hombres y 6 mujeres entre los decesos. Actualmente, 13 personas permanecen hospitalizadas —incluyendo cuatro menores— con atención en centros como el Hospital General de México y el 20 de Noviembre, donde se aplican tratamientos innovadores como tejido amniótico de placenta para quemados graves, mientras 40 han sido dadas de alta; historias de resiliencia emergen, como la bebé Jazlyn, protegida por su abuela en Texas, o perritos rescatados como Cereza y su cachorro Cerecito, Aslan y Tita, que luchan por recuperarse de quemaduras.
Las investigaciones, lideradas por la FiscalÃa General de Justicia de la CDMX y la SecretarÃa de Seguridad Ciudadana, apuntan al exceso de velocidad como causa principal del volteo, con el conductor imputado póstumamente; la empresa Gas Silza enfrenta escrutinio por irregularidades previas, como fallas administrativas en pipas, válvulas caducadas, falta de registro ante SENER y ausencia de póliza de seguro vigente desde junio de 2025, lo que complica indemnizaciones, además de antecedentes de fugas y prácticas monopólicas en el grupo Tomza. La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina ha prometido no permitir impunidad, garantizando reparación integral del daño, evaluación de daños materiales por Protección Civil y apoyo psicológico a familias, aunque surgen denuncias de presiones por parte de autoridades para alterar declaraciones, silenciar a vÃctimas y retener porcentajes de compensaciones, lo que ha generado indignación pública; organizaciones médicas, locatarios y ciudadanos exigen mayor regulación al transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas, recordando incidentes similares en 2002 y 2009, mientras veladoras y flores honran a las vÃctimas en el sitio.
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