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Razones por las que desapareció el FONDEN en México


 Razones por las que desapareció el FONDEN en México

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), creado en 1996 y operativo desde 1999, fue un fideicomiso público clave para financiar la atención inmediata a emergencias por fenómenos naturales, como la reconstrucción de infraestructura, apoyo a damnificados y restablecimiento de servicios básicos. Su eliminación en 2021 generó controversia, especialmente en contextos de desastres recientes como las inundaciones de octubre de 2025 en estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo. A continuación, se detallan las principales razones detrás de su extinción, basadas en las justificaciones oficiales y críticas asociadas.1. Corrupción y desvío de recursosEl gobierno federal, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, argumentó que el FONDEN se había convertido en un foco de corrupción, donde los recursos destinados a emergencias eran desviados o mal utilizados por funcionarios y entidades. Se le describió como un "barril sin fondo" del que se robaban fondos sin llegar efectivamente a los afectados. Casos documentados incluían falsificación de compras y opacidad en el manejo, lo que impedía una distribución transparente. Esta percepción llevó a su inclusión en la extinción de 109 fideicomisos en 2020, como medida anticorrupción. 2. Falta de transparencia y burocracia excesivaEl mecanismo del FONDEN requería protocolos complejos, como declaratorias de emergencia o desastre, que generaban lentitud en la liberación de fondos. Esto contrastaba con la urgencia de las crisis, y se criticaba que fomentaba trámites innecesarios en lugar de una respuesta ágil. La presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2025, resaltó que estos procesos burocráticos permitían abusos, como el aprovechamiento de tragedias para irregularidades. La eliminación buscaba simplificar el acceso a recursos mediante partidas presupuestales directas, eliminando intermediarios opacos.3. Deuda acumulada y sostenibilidad financieraAl momento de su extinción, el FONDEN arrastraba una deuda neta de 13 mil 123 millones de pesos, derivada de pasivos por desastres como los sismos de 2017 y huracanes previos, superando sus reservas de 4 mil 911 millones. Esto lo hacía insostenible, con recursos insuficientes para cubrir demandas crecientes por el cambio climático. La Secretaría de Hacienda argumentó que su estructura como fideicomiso no era eficiente, y los fondos se centralizaron para evitar déficits crónicos. 4. Reforma a fideicomisos y austeridad republicanaEn 2020, el Congreso aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, incluyendo el FONDEN, como parte de la "austeridad republicana" para liberar recursos públicos estimados en 68 mil millones de pesos, redirigidos a prioridades como la pandemia de COVID-19 y proyectos de infraestructura. Oficialmente, no se eliminaron los fondos para desastres, sino su administración fideicomisaria, integrándolos al Presupuesto de Egresos de la Federación. Críticos, sin embargo, señalan que esto ha ralentizado respuestas en emergencias recientes, como las lluvias de 2025, donde se recurre a censos y apoyos directos en lugar de desembolsos inmediatos. 5. Transición a un modelo de gestión directaPost-eliminación, los recursos se manejan como partidas presupuestales (actualmente 19 mil millones de pesos disponibles en 2025), con énfasis en coordinación entre Sedena, Semar y Protección Civil para rescates y reconstrucción. Se complementa con seguros catastróficos (5 mil millones de pesos) y bonos internacionales (485 millones de dólares). Aunque se busca mayor eficiencia, la ausencia del FONDEN ha generado debates sobre la preparación ante desastres crecientes, con críticas por falta de agilidad en eventos como el huracán Otis (2023) o las inundaciones actuales. En resumen, la desaparición del FONDEN se enmarcó en una estrategia anticorrupción y de simplificación administrativa, pero ha expuesto vulnerabilidades en la respuesta a emergencias, como se evidencia en las críticas de 2025. El gobierno actual mantiene fondos equivalentes, pero prioriza mecanismos como el "censo del Bienestar" para distribuir apoyos de forma más focalizada.

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