6 de noviembre de 2025 | Rodolfo Herrera Charolet
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Un incidente que cuestiona la cercanía con el poderEl episodio en el que un hombre se acercó de manera inesperada a la presidenta durante un recorrido peatonal por el Centro Histórico de la Ciudad de México ha encendido un debate nacional sobre los límites de la accesibilidad en la figura presidencial. Mientras saludaba a la multitud con su característica calidez, la mandataria se vio sorprendida por un individuo que, desde atrás, intentó un abrazo forzado y tocamientos inapropiados, un gesto que duró apenas segundos pero que quedó grabado en videos virales, mostrando su reacción instintiva de apartarse con discreción y continuar el evento sin mayor interrupción.
Este suceso, ocurrido en pleno día y ante decenas de testigos, no solo expuso la vulnerabilidad inherente a un estilo de gobierno que prioriza el contacto directo con la gente, sino que también generó una detención inmediata del agresor por parte de autoridades locales, quien enfrenta cargos por abuso sexual que podrían derivar en penas de hasta cinco años de prisión.
Sin embargo, no se puede ignorar la posibilidad de que este acercamiento tan burdo haya sido un montaje orquestado para resaltar fallas en el esquema de protección, en un momento en que la imagen de cercanía popular se ha convertido en pilar del actual mandato. Nadie, ni siquiera un ciudadano común en una calle concurrida, debería poder aproximarse a tal distancia de la jefa de Estado sin que el equipo de seguridad intervenga de inmediato; sería una falla grave que pone en jaque no solo la integridad personal de la presidenta, sino la credibilidad de un sistema diseñado para blindar al más alto nivel del poder.
Si se tratara de una puesta en escena, revelaría una estrategia política para justificar reformas en la seguridad o para criticar internamente al gobierno, recordándonos que en el teatro del poder, lo que parece espontáneo a menudo oculta hilos invisibles manipulados por intereses ocultos.
Fallas en el esquema de protección presidencialLa ausencia de un Estado Mayor Presidencial, disuelto en 2018 por considerarse un gasto innecesario y un vestigio de privilegios pasados, ha dejado un vacío que el actual equipo de ayudantía –un grupo de 13 personas con funciones más logísticas que de resguardo táctico– no ha podido llenar por completo, como lo demostró este incidente donde el agresor logró contacto físico sin que nadie lo interceptara a tiempo.
Este modelo, que confía en la "protección del pueblo" y en la discreción militar, funciona en contextos controlados pero colapsa en multitudes impredecibles, donde un simple saludo puede convertirse en amenaza si el intruso porta intenciones más siniestras, como un arma o un mensaje político. La intervención tardía de un colaborador cercano, que apartó al hombre solo después del contacto, subraya la necesidad de protocolos más estrictos, incluyendo barreras invisibles y evaluaciones de riesgo en tiempo real, para evitar que un error así escale a una tragedia nacional.
En este sentido, la posibilidad de un montaje burdo gana terreno al considerar que permitir tal aproximación en un entorno tan expuesto sería imperdonable para profesionales de la seguridad; ¿Cómo es posible que un gobernador o, peor aún, la presidenta de México, queden expuestos a un roce no consentido sin una respuesta inmediata y coordinada? Sería una brecha tan evidente que huele a negligencia intencional o a una lección pública fabricada, destinada a presionar por la restauración de mecanismos de élite en la protección ejecutiva.
Este vacío no solo compromete la vida de la mandataria, sino que envía un mensaje erróneo a la ciudadanía: la cercanía es un lujo que el poder no puede permitirse sin pagar un costo en vulnerabilidad, urgiendo una revisión profunda que equilibre empatía popular con salvaguarda inquebrantable.
El reflejo de una violencia machista arraigadaEste acoso no es un hecho aislado, sino un espejo cruel de la epidemia de violencia de género que azota al país, donde más del 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión –física, psicológica o sexual–, y el 15.5 por ciento reporta experiencias directas de manoseo o intentos de violación, cifras que se multiplican en la "cifra negra" de denuncias no registradas.
Que una mujer en la cúspide del poder, símbolo de empoderamiento femenino, sea víctima de un gesto tan banal y normalizado en las calles cotidianas, amplifica la indignación colectiva y pone el foco en cómo el machismo permea todos los estratos sociales, desde el anonimato urbano hasta los pasillos del Palacio Nacional.
La reacción de la presidenta, contenida y profesional, evoca las respuestas instintivas de miles de mujeres que optan por el silencio o la evasión para no escalar el conflicto, perpetuando un ciclo donde el agresor sale indemne y la víctima carga con el peso emocional.
Desde esta óptica, la hipótesis de un montaje adquiere un tinte aún más perturbador: si se permitió que un hombre se acercara con tal impunidad, ¿no sería esto un recordatorio fabricado de que ni el cargo más alto exime a una mujer de la cosificación cotidiana? Nadie debería poder aproximarse a un gobernador o a la presidenta con tal familiaridad invasiva sin que el sistema de seguridad colapse en escándalo; sería una falla tan grosera que invita a cuestionar si el incidente fue real o una dramaturgia para visibilizar –o explotar– la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Activistas y expertas llaman a transformar este momento en catalizador para políticas más agresivas, como campañas de sensibilización masiva y reformas penales que eleven las sanciones por hostigamiento, asegurando que el poder sirva de ejemplo y no de excusa para minimizar lo que, en el fondo, es un asalto a la dignidad colectiva.
Este suceso, ocurrido en pleno día y ante decenas de testigos, no solo expuso la vulnerabilidad inherente a un estilo de gobierno que prioriza el contacto directo con la gente, sino que también generó una detención inmediata del agresor por parte de autoridades locales, quien enfrenta cargos por abuso sexual que podrían derivar en penas de hasta cinco años de prisión.
Sin embargo, no se puede ignorar la posibilidad de que este acercamiento tan burdo haya sido un montaje orquestado para resaltar fallas en el esquema de protección, en un momento en que la imagen de cercanía popular se ha convertido en pilar del actual mandato. Nadie, ni siquiera un ciudadano común en una calle concurrida, debería poder aproximarse a tal distancia de la jefa de Estado sin que el equipo de seguridad intervenga de inmediato; sería una falla grave que pone en jaque no solo la integridad personal de la presidenta, sino la credibilidad de un sistema diseñado para blindar al más alto nivel del poder.
Si se tratara de una puesta en escena, revelaría una estrategia política para justificar reformas en la seguridad o para criticar internamente al gobierno, recordándonos que en el teatro del poder, lo que parece espontáneo a menudo oculta hilos invisibles manipulados por intereses ocultos.
Fallas en el esquema de protección presidencialLa ausencia de un Estado Mayor Presidencial, disuelto en 2018 por considerarse un gasto innecesario y un vestigio de privilegios pasados, ha dejado un vacío que el actual equipo de ayudantía –un grupo de 13 personas con funciones más logísticas que de resguardo táctico– no ha podido llenar por completo, como lo demostró este incidente donde el agresor logró contacto físico sin que nadie lo interceptara a tiempo.
Este modelo, que confía en la "protección del pueblo" y en la discreción militar, funciona en contextos controlados pero colapsa en multitudes impredecibles, donde un simple saludo puede convertirse en amenaza si el intruso porta intenciones más siniestras, como un arma o un mensaje político. La intervención tardía de un colaborador cercano, que apartó al hombre solo después del contacto, subraya la necesidad de protocolos más estrictos, incluyendo barreras invisibles y evaluaciones de riesgo en tiempo real, para evitar que un error así escale a una tragedia nacional.
En este sentido, la posibilidad de un montaje burdo gana terreno al considerar que permitir tal aproximación en un entorno tan expuesto sería imperdonable para profesionales de la seguridad; ¿Cómo es posible que un gobernador o, peor aún, la presidenta de México, queden expuestos a un roce no consentido sin una respuesta inmediata y coordinada? Sería una brecha tan evidente que huele a negligencia intencional o a una lección pública fabricada, destinada a presionar por la restauración de mecanismos de élite en la protección ejecutiva.
Este vacío no solo compromete la vida de la mandataria, sino que envía un mensaje erróneo a la ciudadanía: la cercanía es un lujo que el poder no puede permitirse sin pagar un costo en vulnerabilidad, urgiendo una revisión profunda que equilibre empatía popular con salvaguarda inquebrantable.
El reflejo de una violencia machista arraigadaEste acoso no es un hecho aislado, sino un espejo cruel de la epidemia de violencia de género que azota al país, donde más del 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión –física, psicológica o sexual–, y el 15.5 por ciento reporta experiencias directas de manoseo o intentos de violación, cifras que se multiplican en la "cifra negra" de denuncias no registradas.
Que una mujer en la cúspide del poder, símbolo de empoderamiento femenino, sea víctima de un gesto tan banal y normalizado en las calles cotidianas, amplifica la indignación colectiva y pone el foco en cómo el machismo permea todos los estratos sociales, desde el anonimato urbano hasta los pasillos del Palacio Nacional.
La reacción de la presidenta, contenida y profesional, evoca las respuestas instintivas de miles de mujeres que optan por el silencio o la evasión para no escalar el conflicto, perpetuando un ciclo donde el agresor sale indemne y la víctima carga con el peso emocional.
Desde esta óptica, la hipótesis de un montaje adquiere un tinte aún más perturbador: si se permitió que un hombre se acercara con tal impunidad, ¿no sería esto un recordatorio fabricado de que ni el cargo más alto exime a una mujer de la cosificación cotidiana? Nadie debería poder aproximarse a un gobernador o a la presidenta con tal familiaridad invasiva sin que el sistema de seguridad colapse en escándalo; sería una falla tan grosera que invita a cuestionar si el incidente fue real o una dramaturgia para visibilizar –o explotar– la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Activistas y expertas llaman a transformar este momento en catalizador para políticas más agresivas, como campañas de sensibilización masiva y reformas penales que eleven las sanciones por hostigamiento, asegurando que el poder sirva de ejemplo y no de excusa para minimizar lo que, en el fondo, es un asalto a la dignidad colectiva.
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