06 de noviembre de 2025 | Redacción EPrensa:
Presupuesto para Puebla en el PEF 2026
Puebla alcanzará una asignación de 120 mil 933.4 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, lo que representa un incremento nominal de alrededor de 7 mil millones respecto a los 113 mil 956.1 millones ejercidos en el año anterior. Esta cantidad supera las estimaciones iniciales del gobierno estatal, que preveía un aumento modesto de entre 5 mil y 5 mil 500 millones de pesos, y equivale a un crecimiento real superior al 2.5 por ciento. El grueso de estos recursos proviene de transferencias federales a estados y municipios, distribuidas principalmente en los ramos 28 y 33, que incluyen participaciones y aportaciones para diversas áreas de desarrollo.
En particular, el ramo 28 recibe 64 mil 141.3 millones de pesos, un avance de 5 mil 300 millones en comparación con 2025, lo que se traduce en un 5.3 por ciento real de incremento, enfocado en fortalecimiento de capacidades locales. Por otro lado, el ramo 33 muestra avances más contenidos en partidas como operación educativa y programas sociales, con estancamientos en algunas categorías. Aunque esta asignación no incorpora ingresos propios del estado ni recursos por convenios específicos, se espera que sirva de base para ajustes durante las discusiones legislativas, priorizando inversiones en infraestructura, salud y educación que impacten directamente en la calidad de vida de los poblanos.
Fin de la era en la Auditoría Superior del EstadoEl Congreso del Estado de Puebla ha marcado el cierre de un periodo de seis años marcado por inestabilidad en la Auditoría Superior del Estado (ASE), caracterizado por rotaciones frecuentes y cuestionamientos a la independencia del cargo. Durante este tiempo, el puesto fue ocupado por Francisco Romero Serrano durante dos años y cuatro meses, hasta su destitución por procesos judiciales relacionados con persecución política; seguido por Amanda Gómez Nava por 17 meses, designada en un contexto de influencia política; y finalmente por Francisco Fidel Teomitzi Sánchez en interinato por dos años, en un esfuerzo por estabilizar la institución. Este ciclo de turbulencia ha resaltado la necesidad de reformas para blindar la neutralidad técnica en la fiscalización del gasto público.
Para dar paso a una nueva etapa, se ha emitido una convocatoria que busca designar a un auditor o auditora superior por un periodo de seis años, con énfasis en perfiles independientes y libres de influencias partidistas. La iniciativa impone candados estrictos, como la exclusión de aspirantes que hayan ocupado cargos públicos en los últimos tres años o que hayan buscado elecciones populares recientemente, promoviendo así una selección basada en mérito profesional. El proceso, que inicia con la publicación de la convocatoria este 6 de noviembre y concluye con votación en el Pleno del Congreso el 11 de diciembre, incluye evaluaciones rigurosas de experiencia en auditoría y planes de trabajo contra la corrupción, con el nuevo titular asumiendo funciones a partir del 1 de enero de 2026.
Propuestas legislativas en materia de seguridad y géneroEn respuesta a las crecientes amenazas contra autoridades locales, se impulsa la creación de un capítulo específico en la Ley de Seguridad Pública estatal para implementar medidas de protección dirigidas a funcionarios en riesgo, como alcaldes, regidores y legisladores. Esta iniciativa busca ofrecer respaldo oficial a quienes enfrentan intimidaciones derivadas de su labor, particularmente en zonas de alta conflictividad como la Sierra Negra, donde se han registrado casos de violencia extrema, incluyendo agresiones a presidentes municipales y asesinatos de servidores públicos. La propuesta enfatiza la coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública para establecer mecanismos permanentes, reconociendo las limitaciones operativas de las fuerzas policiales pero priorizando la salvaguarda de quienes combaten directamente a la delincuencia organizada.
Paralelamente, el Congreso anuncia reformas al Código Penal para agravar las sanciones contra el acoso y hostigamiento sexual hacia mujeres, motivado por un incidente reciente que expuso fallas estructurales en la protección de género. Actuales penas, que van de multas de hasta 33 mil pesos y hasta un año de prisión por acoso, o de seis meses a dos años por hostigamiento con posibles inhabilitaciones para funcionarios, se endurecerán para reflejar la gravedad de estos delitos y fomentar un cambio cultural en la sociedad. Esta medida, que priorizará la agenda de género en la actual legislatura, busca extender la cobertura a todas las mujeres sin distinción de estatus, fortaleciendo la prevención y la disuasión mediante marcos legales más robustos y coordinados con esfuerzos nacionales.
Cambios en la dirigencia parlamentariaEl grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Puebla ha designado a Esther Martínez Romano como su nueva coordinadora, en relevo de José Luis Figueroa Cortés, quien completó un año al frente de la bancada conforme a un acuerdo de rotación anual establecido al inicio de la legislatura. La decisión, tomada por unanimidad entre los seis integrantes y avalada por instancias partidistas, resalta el compromiso con la unidad interna y el avance hacia la paridad de género en los liderazgos. Martínez, representante del distrito cuatro de Zacapoaxtla, ha destacado por su trayectoria activa, con once iniciativas y trece puntos de acuerdo presentados en la actual legislatura, enfocados en temas sociales y de equidad.
Durante su gestión, se espera que la coordinadora impulse una agenda legislativa fortalecida en beneficio de la población, manteniendo el consenso que ha definido al grupo y preparando el terreno para futuros relevos, como el posible de Angélica Patricia Alvarado Juárez u otros compañeros. Este cambio no solo consolida la estabilidad del PT en el recinto legislativo, sino que también subraya la importancia de renovaciones periódicas para inyectar frescura y diversidad en la representación política, asegurando que las voces de diversos distritos poblanos sigan resonando en las decisiones que impactan el desarrollo estatal.
Redacción
Puebla alcanzará una asignación de 120 mil 933.4 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, lo que representa un incremento nominal de alrededor de 7 mil millones respecto a los 113 mil 956.1 millones ejercidos en el año anterior. Esta cantidad supera las estimaciones iniciales del gobierno estatal, que preveía un aumento modesto de entre 5 mil y 5 mil 500 millones de pesos, y equivale a un crecimiento real superior al 2.5 por ciento. El grueso de estos recursos proviene de transferencias federales a estados y municipios, distribuidas principalmente en los ramos 28 y 33, que incluyen participaciones y aportaciones para diversas áreas de desarrollo.
En particular, el ramo 28 recibe 64 mil 141.3 millones de pesos, un avance de 5 mil 300 millones en comparación con 2025, lo que se traduce en un 5.3 por ciento real de incremento, enfocado en fortalecimiento de capacidades locales. Por otro lado, el ramo 33 muestra avances más contenidos en partidas como operación educativa y programas sociales, con estancamientos en algunas categorías. Aunque esta asignación no incorpora ingresos propios del estado ni recursos por convenios específicos, se espera que sirva de base para ajustes durante las discusiones legislativas, priorizando inversiones en infraestructura, salud y educación que impacten directamente en la calidad de vida de los poblanos.
Fin de la era en la Auditoría Superior del EstadoEl Congreso del Estado de Puebla ha marcado el cierre de un periodo de seis años marcado por inestabilidad en la Auditoría Superior del Estado (ASE), caracterizado por rotaciones frecuentes y cuestionamientos a la independencia del cargo. Durante este tiempo, el puesto fue ocupado por Francisco Romero Serrano durante dos años y cuatro meses, hasta su destitución por procesos judiciales relacionados con persecución política; seguido por Amanda Gómez Nava por 17 meses, designada en un contexto de influencia política; y finalmente por Francisco Fidel Teomitzi Sánchez en interinato por dos años, en un esfuerzo por estabilizar la institución. Este ciclo de turbulencia ha resaltado la necesidad de reformas para blindar la neutralidad técnica en la fiscalización del gasto público.
Para dar paso a una nueva etapa, se ha emitido una convocatoria que busca designar a un auditor o auditora superior por un periodo de seis años, con énfasis en perfiles independientes y libres de influencias partidistas. La iniciativa impone candados estrictos, como la exclusión de aspirantes que hayan ocupado cargos públicos en los últimos tres años o que hayan buscado elecciones populares recientemente, promoviendo así una selección basada en mérito profesional. El proceso, que inicia con la publicación de la convocatoria este 6 de noviembre y concluye con votación en el Pleno del Congreso el 11 de diciembre, incluye evaluaciones rigurosas de experiencia en auditoría y planes de trabajo contra la corrupción, con el nuevo titular asumiendo funciones a partir del 1 de enero de 2026.
Propuestas legislativas en materia de seguridad y géneroEn respuesta a las crecientes amenazas contra autoridades locales, se impulsa la creación de un capítulo específico en la Ley de Seguridad Pública estatal para implementar medidas de protección dirigidas a funcionarios en riesgo, como alcaldes, regidores y legisladores. Esta iniciativa busca ofrecer respaldo oficial a quienes enfrentan intimidaciones derivadas de su labor, particularmente en zonas de alta conflictividad como la Sierra Negra, donde se han registrado casos de violencia extrema, incluyendo agresiones a presidentes municipales y asesinatos de servidores públicos. La propuesta enfatiza la coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública para establecer mecanismos permanentes, reconociendo las limitaciones operativas de las fuerzas policiales pero priorizando la salvaguarda de quienes combaten directamente a la delincuencia organizada.
Paralelamente, el Congreso anuncia reformas al Código Penal para agravar las sanciones contra el acoso y hostigamiento sexual hacia mujeres, motivado por un incidente reciente que expuso fallas estructurales en la protección de género. Actuales penas, que van de multas de hasta 33 mil pesos y hasta un año de prisión por acoso, o de seis meses a dos años por hostigamiento con posibles inhabilitaciones para funcionarios, se endurecerán para reflejar la gravedad de estos delitos y fomentar un cambio cultural en la sociedad. Esta medida, que priorizará la agenda de género en la actual legislatura, busca extender la cobertura a todas las mujeres sin distinción de estatus, fortaleciendo la prevención y la disuasión mediante marcos legales más robustos y coordinados con esfuerzos nacionales.
Cambios en la dirigencia parlamentariaEl grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Puebla ha designado a Esther Martínez Romano como su nueva coordinadora, en relevo de José Luis Figueroa Cortés, quien completó un año al frente de la bancada conforme a un acuerdo de rotación anual establecido al inicio de la legislatura. La decisión, tomada por unanimidad entre los seis integrantes y avalada por instancias partidistas, resalta el compromiso con la unidad interna y el avance hacia la paridad de género en los liderazgos. Martínez, representante del distrito cuatro de Zacapoaxtla, ha destacado por su trayectoria activa, con once iniciativas y trece puntos de acuerdo presentados en la actual legislatura, enfocados en temas sociales y de equidad.
Durante su gestión, se espera que la coordinadora impulse una agenda legislativa fortalecida en beneficio de la población, manteniendo el consenso que ha definido al grupo y preparando el terreno para futuros relevos, como el posible de Angélica Patricia Alvarado Juárez u otros compañeros. Este cambio no solo consolida la estabilidad del PT en el recinto legislativo, sino que también subraya la importancia de renovaciones periódicas para inyectar frescura y diversidad en la representación política, asegurando que las voces de diversos distritos poblanos sigan resonando en las decisiones que impactan el desarrollo estatal.
Redacción
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