Historia Crónica de la Contaminación del Río Atoyac
Un Ciclo de
Promesas y Omisiones
Julián Romero Tehuitzil
El río Atoyac, que nace en la
Sierra Nevada de Puebla y serpentea a través de Tlaxcala antes de desembocar en
la presa Valsequillo, ha sido durante décadas un símbolo de la degradación
ambiental en el centro de México. Con una longitud de aproximadamente 200
kilómetros y una cuenca que abarca 4,011 km², impacta directamente a más de dos
millones de personas en 21 municipios de Puebla y 16 de Tlaxcala.
Desde los años 80, el auge
industrial en corredores como San Martín Texmelucan y Huejotzingo ha convertido
al Atoyac en un vertedero de aguas residuales urbanas e industriales, cargadas
de metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos y patógenos. Esta contaminación
no solo amenaza la biodiversidad acuática, sino que se filtra a suelos
agrícolas y entra en la cadena alimentaria, exacerbando desigualdades en
comunidades rurales y periurbanas.
Estudios como el del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2009 ya alertaban sobre la necesidad
de normas más estrictas, pero el problema se remonta a la expansión demográfica
y económica post-1982, cuando las descargas industriales se intensificaron sin
regulación adecuada.
En esencia, el Atoyac no es solo
un río contaminado; es un espejo de la negligencia sistémica, donde el
desarrollo económico prioriza ganancias sobre la salud pública y el equilibrio
ecológico.
La cronología de esta crisis
revela un patrón repetitivo: diagnósticos alarmantes seguidos de inacción. En
1995, informes iniciales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
documentaron incrementos en sales solubles, metales pesados y detergentes debido
a descargas de Puebla y Tlaxcala, afectando ya la calidad del agua en zonas
como Moyotzingo y Cholula.
Para 2006, el Tribunal
Latinoamericano del Agua emitió un veredicto que obligó a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a actuar, reconociendo
violaciones a derechos humanos por exposición a tóxicos. Sin embargo, estas
alertas tempranas se diluyeron en burocracia, permitiendo que la contaminación
se agravara. Un estudio de 2002 en la región atlixquense, por ejemplo, excedió
límites máximos permisibles (LMP) en parámetros como demanda bioquímica de
oxígeno (DBO), sólidos suspendidos y metales como plomo (Pb), cromo (Cr) y
cadmio (Cd), vinculando directamente las descargas industriales a la
eutrofización del río. Esta fase inicial de la crisis subraya cómo la falta de
monitoreo continuo permitió que el Atoyac pasara de un afluente vital para la
agricultura a un foco de riesgo sanitario, con impactos en la pesca local y la
recarga de acuíferos que abastecen a millones.
La Declaratoria de Clasificación
de 2011: Un Marco Legal Ineficaz
El 6 de julio de 2011, el Diario
Oficial de la Federación (DOF) publicó la Declaratoria de Clasificación de los
Ríos Atoyac y Xochiac (o Hueyapan) y sus Afluentes, un instrumento clave bajo
la Ley de Aguas Nacionales para regular descargas y fijar condiciones
particulares de calidad. Esta declaratoria, impulsada por la Conagua tras
estudios del IMTA, divide el Atoyac en seis zonas críticas: 1) San Matías
Tlalancaleca, 2) San Martín Texmelucan, 3) Nativitas, 4) San Jacinto, 5)
Cuautlancingo y 6) Puebla, con una longitud total clasificada de 84.97 km para
el Atoyac y 31.64 km para el Xochiac. El objetivo era establecer metas de
calidad en etapas sucesivas, considerando que estos ríos, declarados de
propiedad nacional en 1937 y 1923 respectivamente, recibían descargas no
controladas que alteraban su pH, oxígeno disuelto y carga tóxica. La
declaratoria exige permisos estrictos para descargas, priorizando el control de
industrias como textiles, químicas y automotrices, y prohíbe vertimientos que
excedan LMP para protección de vida acuática y uso agrícola.
A pesar de su ambición, la
declaratoria ha sido un fracaso en la implementación. En las zonas 3 y 4
(Nativitas y San Jacinto, en Tlaxcala), por ejemplo, se identificaron
confluencias de contaminantes de origen urbano e industrial que no han sido
mitigadas, con niveles de arsénico (As) y plomo superando normas nacionales e
internacionales.
Un análisis de 2011 en el
Zahuapan (afluente del Atoyac) registró As hasta 0.87 mg/L en agua y 127 mg/kg
en sedimentos, y Pb hasta 1.05 mg/L, atribuidos a aportes antropogénicos
sumados a fuentes naturales como erupciones volcánicas del Popocatépetl. Esta
clasificación pretendía ser un catalizador para auditorías y sanciones por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero informes de 2019
revelan que solo el 30% de las descargas industriales cumplen condiciones
particulares, permitiendo que el río mantenga un Índice de Calidad del Agua
(ICA) por debajo de 50 (clasificado como "muy contaminado").
La ineficacia en municipios como
San Martín Texmelucan, cobran tarifas por "saneamiento" sin invertir
en tratamiento primario o secundario, perpetuando un ciclo donde la
declaratoria existe en papel pero no en la realidad hídrica.
La Recomendación 10/2017 de la
CNDH: Reconocimiento de Violaciones a Derechos Humanos
El 21 de marzo de 2017, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017,
un hito en la lucha por el Atoyac al reconocer violaciones sistemáticas al
derecho a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información,
en agravio de habitantes de San Martín Texmelucan, Huejotzingo (Puebla) y
Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
(Tlaxcala). Dirigida a Semarnat, Conagua, Profepa, Cofepris, gobiernos
estatales y municipales, la recomendación surgió de una queja de 2011
presentada por 16 personas, respaldada por evidencias de descargas no
controladas que contaminan con metales pesados, detergentes y patógenos.
La CNDH documentó al menos 50
empresas (incluyendo Bayer y Big Cola) vertiendo residuos directamente al río,
vinculando la polución a enfermedades como cáncer, problemas renales y
neurológicos, con tasas de mortalidad por cáncer en Tlaxcala superando 17,500
casos entre 2015 y 2019 (una muerte cada 2.5 horas).
La recomendación exige 16
acciones concretas, como evaluaciones toxicológicas permanentes, programas de
atención médica y un convenio interinstitucional para restauración ecológica.
Incluye un diagnóstico que relaciona la contaminación con impactos en salud,
como la presencia de benceno y cloruro de vinilo cancerígenos en el agua. En
2020, se firmó un Convenio Marco entre Semarnat, Puebla y Tlaxcala, creando un
Grupo de Trabajo con Profepa y Cofepris, invirtiendo inicialmente 96 millones
de pesos en plantas de tratamiento.
Para 2023, la Semarnat declaró
cumplimiento de los 11 puntos principales, con avances en monitoreo y
rehabilitación de PTARs. Sin embargo, el documento de la CNDH de ese año
destaca pendientes como la difusión pública de información y el control de
descargas industriales, reconociendo que la coordinación con 71 ayuntamientos
sigue fragmentada.
Actualizaciones en 2025:
Incumplimientos Persistentes y Críticas a la CNDH
En 2025, la contaminación del
Atoyac persiste en niveles "dramáticos", según el Centro Fray Julián
Garcés, que acusa a la CNDH de cerrar prematuramente el caso pese a evidencias
de agravamiento. Un informe del Conahcyt de 2024 documenta aumentos en
leucemias agudas (especialmente en niños) y enfermedad renal crónica, con tasas
elevadas en Tlaxcala (oriente de la cuenca) y Puebla (sur). La jornada de
limpieza de marzo de 2025, con 7,000 voluntarios retirando 107 toneladas de
basura en 9 km, expuso a participantes a tóxicos sin protección, violando
protocolos sanitarios y destacando la superficialidad de las acciones.
Organizaciones exigen que la CNDH reabra el expediente, argumentando que las 30
PTARs rehabilitadas para 2026 no abordan las 84 de 104 sustancias tóxicas no
normadas, ni el uso de ríos como drenajes industriales.
La inacción se refleja en datos:
el ICA del Atoyac oscila entre 1 y 50, con DQO hasta 193 mg/L y DBO de 27 mg/L
en zonas contaminadas. Críticos como Alejandra Méndez señalan que el
"cumplimiento" de 2023 ignora el impacto en salud, con mortalidad por
cáncer ligada a exposición crónica. La CNDH, en su informe de seguimiento,
mantiene que 10 de 16 recomendaciones están cumplidas y 6 con avances (87.4%
global), pero ONG documentan que la coordinación intermunicipal falla, con
rellenos sanitarios obsoletos y descargas incontroladas. Esta fase actualiza el
tono de frustración: mientras gobiernos celebran avances, comunidades enfrentan
un "atentado a la salud" invisible, demandando transparencia y aplicación
real.
Estudios Científicos: De la
Contaminación a la Cadena Alimentaria
La tesis doctoral de Numa
Pompilio Castro González (2017, Universidad de Córdoba) analiza el riesgo de
metales pesados en leche de vaca en Puebla y Tlaxcala, enfocándose en la
subcuenca Alto Balsas. Muestreando cuatro zonas (San Martín Texmelucan, Huejotzingo,
Santa Isabel Tetlahuaca y Valsequillo-Tecamachalco), encontró que aguas
residuales diluidas cumplen LMP superficiales, pero su uso por 50 años en riego
acumula Cd, Pb, Ni, Cu, Co, Cr, Zn y As en suelos (IGeo indica contaminación
moderada-fuerte por Cd). La alfalfa, forraje principal para vacas, absorbe
estos tóxicos vía raíces (solubles) y aire (hojas), transfiriéndolos a leche
con Pb superando normas europeas y OMS (post-parto).
El Cd se acumula en
riñones/hígado, Pb en huesos, y As (cancerígeno) en tejidos, generando riesgos
de cáncer, neuropatías y déficits cognitivos en consumidores.
Ampliando, Castro concluye que el
consumo constante de alfalfa contaminada representa un peligro bioacumulativo,
afectando 50 comunidades en Tecamachalco y regiones adyacentes. Estudios
complementarios (2018, Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias) confirman que la
alfalfa actúa como hiperacumuladora, eliminando metales vía leche y heces, pero
sin remediación, entra en la cadena alimentaria humana. Recomienda alternativas
forrajeras y monitoreo familiar para productores, destacando que en verano
predominan Pb/Ni/Zn, y en primavera Cr, exacerbados por fertilizantes.
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