La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla ha ordenado la suspensión inmediata de los operativos de alcoholímetros en la capital, una medida drástica que responde a denuncias generalizadas sobre su uso irregular como fuente de ingresos ilícitos por parte de elementos de la policía municipal. Estos dispositivos, implementados originalmente para salvaguardar la integridad vial y reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante, se habían convertido en una especie de "caja chica" para los uniformados, quienes supuestamente manipulaban resultados de pruebas para extorsionar a conductores, cobrando "moches" que oscilaban entre 500 y 2,000 pesos por no registrar infracciones o por liberar vehículos retenidos sin formalidades legales. La decisión, anunciada este lunes por el titular de la SSP, Gilberto Melgar Hernández, busca depurar el sistema y restaurar la confianza ciudadana en estas acciones preventivas, que en 2024 registraron más de 15,000 detenciones, muchas de las cuales ahora se investigan por posibles falsedades.
Esta suspensión temporal, que abarca todos los módulos fijos y móviles en avenidas como la Reforma, 5 de Mayo y el Periférico, no implica la eliminación total del programa, sino una reestructuración integral que incluye la rotación de personal, la calibración certificada de los equipos y la supervisión directa por agentes estatales para evitar recurrencias. Autoridades locales estiman que el esquema irregular generaba hasta 10 millones de pesos mensuales en desvíos, fondos que se destinaban a gastos personales en lugar de al fortalecimiento de la flota policiaca o campañas de sensibilización vial, lo que ha impulsado una auditoría interna coordinada con la Secretaría de la Función Pública para identificar y sancionar a los responsables, en un contexto donde Puebla ocupa el quinto lugar nacional en muertes por choques etílicos.
Impacto en la Seguridad Vial y Medidas Correctivas
La pausa en los alcoholímetros ha generado preocupación entre expertos en movilidad, quienes advierten un posible repunte en incidentes nocturnos, como los 23 accidentes fatales reportados en los últimos seis meses en la zona metropolitana, atribuidos en un 40% al consumo de alcohol. Para mitigar este riesgo, la SSP ha anunciado el despliegue de patrullajes preventivos con énfasis en pruebas voluntarias y el uso de drones para monitoreo de alto tráfico, mientras se capacita a 500 elementos en protocolos éticos y técnicos. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia contra la corrupción policiaca, que incluye la digitalización de multas mediante apps para eliminar intermediarios y la creación de un fondo fiduciario para destinar recaudaciones reales a mejoras en infraestructura vial, como la instalación de más reductores de velocidad en cruceros críticos.
El caso resalta las tensiones crónicas entre eficiencia operativa y probidad en cuerpos de seguridad locales, donde denuncias anónimas a través de la línea 911 y redes sociales han sido clave para destapar el esquema; la Fiscalía General del Estado ya investiga al menos 50 carpetas por abuso de autoridad, con posibles destituciones masivas que podrían afectar el 15% del cuerpo municipal. Esta depuración, aunque dolorosa a corto plazo, se presenta como un paso necesario para que los alcoholímetros recuperen su rol preventivo genuino, contribuyendo a una Puebla con vías más seguras y una policía al servicio de la ciudadanía, no de bolsillos privados.
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