¡Vivan los pobres! Atentamente… los ricos
La búsqueda de la felicidad, la capacitación y la pobreza como negocio político
Rodolfo Herrera Charolet
Licenciado en Administración de Empresas. Escritor, articulista, periodista, pintor, exdiputado del H. Congreso del Estado y exfuncionario público del Gobierno del Estado de Puebla. Autor de más de veinte libros, en su mayoría sobre temas de corrupción y denuncia pública.
Viernes, Noviembre 28, 2025
El ascenso de Fernando Manzanilla Prieto en la política poblana se remonta a sus inicios como figura clave del morenovallismo, un movimiento que transformó programas sociales en oportunidades de enriquecimiento personal a través de asociaciones civiles opacas.
En diciembre de 2012, Manzanilla fundó la asociación civil Imagina México, A.C., designando a Francisco Elías Hernández Gutiérrez como su representante legal inicial, un paso calculado para posicionar la entidad como un vehículo idóneo para captar recursos públicos bajo la fachada de iniciativas de desarrollo rural y combate a la pobreza.
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Esta organización, nacida en el contexto de alianzas partidistas dominantes en Puebla, se presentó como un puente entre el gobierno y la sociedad civil, pero en realidad operaba como un engranaje en una red de favores políticos y transferencias discrecionales que beneficiaban directamente a sus controladores.
Tres años después, el 15 de julio de 2015, durante la administración municipal de José Juan Espinosa Torres en San Pedro Cholula —aún alineada con la coalición emecista-morenovallista—, Imagina México firmó un convenio titulado "Proyecto Integral de Desarrollo de Capacidades y Seguridad Alimentaria".
Este acuerdo, supuestamente vinculado a un componente del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), prometía organizar a 556 unidades de producción familiar —beneficiando a 2,780 personas en zonas marginadas— para lograr autosuficiencia alimentaria mediante capacitaciones y apoyos directos.
El proceso se inició con la asignación presupuestal: el municipio se comprometió a aportar cinco millones de pesos, SAGARPA igual cantidad y los beneficiarios 2.5 millones en especie, como herramientas o mano de obra. Sin embargo, desde el diseño del convenio, se omitieron procedimientos de licitación pública, justificando la selección directa de Imagina México por su "experiencia" en el sector, un criterio vago que facilitó la inyección inmediata de fondos sin escrutinio previo.
Ejecución y desvío: La transferencia rápida y el finiquito fantasma
Inmediatamente después de la firma, el municipio de San Pedro Cholula aceleró el desembolso, transfiriendo los cinco millones de pesos completos a la cuenta de Imagina México en dos movimientos: tres millones el 13 de agosto de 2015 y los restantes dos millones el 27 de noviembre del mismo año.
Este flujo exprés, sin verificación de avances ni hitos cumplidos, contrastaba con la ausencia total de contraparte federal; SAGARPA nunca registró el convenio ni aportó un solo peso, como se confirmó por escrito en marzo y septiembre de 2017 tras revisiones internas. El padrón de beneficiarios permaneció en la nebulosa: no se identificaron familias específicas ni localidades concretas, y la supuesta aportación en especie de los participantes nunca se documentó, dejando un vacío que sugería la inexistencia misma del proyecto. En este punto, Manzanilla asumió el rol de apoderado legal de la asociación, consolidando su control directo sobre los fondos.
El colofón llegó el 5 de febrero de 2016, cuando Manzanilla firmó un finiquito con el gobierno municipal, declarando el proyecto "cumplido" sin evidencia de capacitaciones realizadas, entregas de insumos o impactos medibles en la seguridad alimentaria. Esta liquidación unilateral, que liberó a Imagina México de cualquier rendición de cuentas adicional, permitió que los cinco millones del erario cholulteca se incorporaran íntegramente a las finanzas de la asociación sin trazabilidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión posterior, detectó estas anomalías: el pago carecía de sustento en programas federales reales, violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y la Ley de Coordinación Fiscal. Como consecuencia, se impusieron sanciones a Guillermo Humberto González Ibarra, titular de la Unidad de Vivienda y Fomento Agropecuario en 2015, aunque su recontratación en la administración subsiguiente evidenció la permeabilidad de estas redes políticas ante las repercusiones administrativas.
Así, el proceso completo —desde la fundación de la asociación hasta el cierre opaco— ilustra cómo se simulaban iniciativas sociales para canalizar recursos públicos hacia bolsillos privados, en un esquema que combinaba influencia partidista, omisiones regulatorias y una auditoría reactiva incapaz de revertir el daño.
Ramificaciones actuales: El amparo de Eukid Castañón y las redes empresariales
Años después, este modelo de opacidad resurge en el contexto del amparo interpuesto por Eukid Castañón Herrera, un operador morenovallista, cuya inmovilización de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT ha destapado similitudes inquietantes con el caso de Imagina México. Castañón, socio en múltiples entidades que comparten raíces con el grupo de Manzanilla, opera a través de empresas como Tech&Landing, S.A. de C.V. (FME: N-2017021238), registrada en la Ciudad de México, y varias filiales de Imagina México Servicios —incluyendo Servicios de Personal (FME: 358771), Inmobiliarios (FME: 362963) y Corporativos (FME: 362971)—, todas constituidas en la capital federal y enfocadas en rubros como recursos humanos y bienes raíces que podrían servir de fachadas para flujos financieros complejos.
Adicionalmente, su participación en La Taquilla Alimentos, S.A. de C.V. (Puebla) y el Grupo Restaurantero Ealog, S. de R.L. de C.V. (FME: 51200), junto con el Grupo Empresarial Ealog, S.A. de C.V. (FME: 561349), apunta a una diversificación en el sector alimenticio y de servicios que evoca los programas "antisociales" de antaño.
El entramado se extiende a lazos familiares y fiduciarios: el hermano de Castañón, Alberto Castañón Herrera, comparte sociedades como La Taquilla Alimentos y Grupo Restaurantero Ealog, además de Proyecciones e Instalaciones Integrales Qubika (Chihuahua, FME: N-2021055450) y Autotransportes Colectivo Urbano Mactumatza (Tuxtla Gutiérrez, FME: 21793 y 21875), revelando una red transregional que cruza transporte y audiovisuales.
Lorena Jaimes Vargas, apoderada en estas entidades, aparece en Wood For You (Cholula, FME: N-2018025495), Beneficiadora de Tu Bolsillo (Toluca, FME: N-2017092465) y Consulting Communicate (Puebla, FME: N-2018037208), entre otras como ECTF Enlaces Ciudadanos de Transporte y cooperativas agropecuarias en Guerrero y Michoacán, configurando un mosaico de cooperativas y dispersoras que podrían facilitar dispersión de fondos.
Su hermano, Roberto Napoleón Jaimes Vargas, enlaza con la Cooperativa El Fruto de Jesusalen es Tixtlancingo (Acapulco, FME: 9305), cerrando un círculo de influencias rurales y urbanas. Este proceso de interconexiones, donde nombres y rubros se solapan sin coincidencias casuales evidentes, sugiere una continuidad en la monetización de la política más allá de lealtades partidistas.
Convergencia con Manzanilla
El hilo conductor del dinero de Fernando Manzanilla Prieto, epicentro de esta constelación, mantiene su huella en Controladora Imagina México (FME: 356443), ERDLA (FME: 356966) y las ya mencionadas Imagina México Servicios de Personal, junto con Puntal Holdings (FME: 363918), Maya Biosana (FME: 402103) y una serie de operadoras en el ámbito gastronómico y alimenticio como Te, Chocolate y Café Mexicano (FME: 458877), Operadora Alimenticia de Cielo y Tierra Bienestar (FME: 461595), Operadora de Negocios Gastronómicos y Alimenticios (FME: 472151), Semilla Amarilla Maya (FME: 497756) y WPK Mas Soluciones (FME: 556095).
Estas entidades, todas radicadas en la Ciudad de México, forman un portafolio que abarca desde holdings hasta iniciativas "sostenibles" en agricultura y bienestar, replicando el patrón de Imagina México original: programas que suenan nobles, pero sirven para atraer subsidios o contratos indirectos. El proceso narrado —de la fundación aislada a la ramificación familiar y la convergencia en Manzanilla— pinta un panorama donde el cambio de corbata política (del morenovallismo al obradorismo) no altera el flujo del dinero, que permanece como el verdadero lazo unificador.
En este ecosistema, el reciente litigio de Castañón contra la UIF no es un epílogo aislado, sino un eco del finiquito de 2016: ambos exponen cómo las auditorías y congelamientos tardíos chocan contra estructuras diseñadas para la evaporación rápida de rastros. La ASF, en revisiones generales de cuentas públicas, ha señalado patrones similares en municipios como San Pedro Cholula, donde donativos disfrazados de convenios drenan erarios sin impacto social verificable.
Así, la estrategia de distanciamiento público entre estos actores parece mera retórica, mientras el color del dinero —invariablemente verde o azul— sigue tejiendo sus hilos invisibles en la política poblana, demandando una fiscalización más proactiva para desentrañar estos procesos cíclicos de simulación y acumulación.
¿O no lo cree usted?
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