Despiden a funcionaria por presunta corrupción en Puebla

 El conflicto en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) de Puebla se hizo público a finales de noviembre de 2025, cuando la exasesora jurídica Carolina Botello Baltazar denunció haber sido víctima de presiones sistemáticas para entregar “moches” y préstamos económicos forzados a cambio de mantener su empleo. La abogada relató que las exigencias comenzaron desde su primer mes de trabajo, argumentando que se le había pagado una quincena completa pese a incorporarse a mitad de periodo, y que posteriormente le solicitaron cuotas fijas de 2 mil pesos mensuales. 

Estas revelaciones, inicialmente expuestas en una entrevista periodística y luego ratificadas directamente, abrieron una crisis interna que cuestiona los mecanismos de integridad en una institución creada precisamente para proteger a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. 

Lorena Medel García ocupaba la Dirección de Asesoría Jurídica de la CEEAVI desde el inicio de la actual administración estatal. Su cargo le otorgaba autoridad directa sobre el personal jurídico y la supervisión de los procesos de atención a víctimas. Según el testimonio de Botello Baltazar, Medel García no solo solicitaba dinero en efectivo de manera recurrente, sino que también gestionaba préstamos personales a los subordinados, creando un ambiente de coerción económica. 
Además, la exasesora señaló que la directora monitoreaba su actividad personal en la plataforma OnlyFans y utilizaba esa información como herramienta de intimidación, lo que añade una dimensión de hostigamiento laboral y violación a la privacidad.
El proceso de presión se intensificó con el tiempo. Carolina Botello reportó las irregularidades directamente a la comisionada ejecutiva Liz Gallegos; sin embargo, una semana después fue citada el 24 de noviembre de 2025 mediante WhatsApp para presentar su renuncia voluntaria. Al negarse, recibió mensajes que incluían amenazas veladas sobre su futuro laboral en cualquier institución gubernamental. 
Ese mismo día fue separada del cargo bajo el argumento oficial de “pérdida de confianza”. La extrabajadora conserva capturas de pantalla, transferencias bancarias y mensajes que sustentan su versión, y anunció que presentará tanto una demanda laboral como una denuncia penal por extorsión, coacción y posible desvío de recursos. 
Tras la difusión masiva de las acusaciones, la Comisión Ejecutiva emitió un comunicado el 2 de diciembre de 2025 en el que informó que Lorena Medel García había dejado de laborar “desde la semana pasada”, alineando su separación con los principios de “Cero Tolerancia a la Corrupción”. La institución subrayó que la decisión se tomó de manera inmediata una vez que las publicaciones y señalamientos se hicieron públicos, buscando proyectar una reacción rápida y contundente. 
No obstante, la coincidencia temporal genera interrogantes, pues tanto el despido de Carolina Botello como la supuesta salida de Medel García se ubican en la misma semana, lo que sugiere que la medida pudo haberse adoptado como respuesta reactiva a la presión mediática más que como resultado de una investigación interna previa. 
Las fechas plantean dudas significativas sobre el momento real del cese. Mientras la CEEAVI afirma que Medel García fue separada “la semana pasada” —es decir, entre el 24 y el 30 de noviembre—, no presenta documentación que precise el día exacto ni el acto administrativo correspondiente. Por su parte, Carolina Botello fue notificada de su despido el 24 de noviembre, mismo periodo en que, según la versión oficial, también salió la directora señalada. 
Esta simultaneidad alimenta la percepción de que la institución pudo haber actuado únicamente después de que el caso se volvió público, en lugar de haber detectado y sanc51ionado las conductas con antelación, pese a que la denuncia interna se había presentado días antes ante la comisionada Liz Gallegos.  
El escándalo golpea directamente la credibilidad de la CEEAVI, un organismo creado para garantizar reparación del daño y acompañamiento a víctimas de violencia, secuestro, feminicidio y otros delitos graves. La revelación de presuntas prácticas de extorsión interna contradice flagrantemente su misión institucional y abre la puerta a una revisión amplia de los procesos de contratación, supervisión y manejo de personal. 
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas han exigido una auditoría externa completa y la intervención de la Secretaría de la Función Pública estatal para determinar si los recursos destinados a la atención de víctimas fueron desviados o condicionados a estas prácticas ilegales.
Carolina Botello Baltazar ya interpuso una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y prepara una denuncia penal por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y lo que corresponda. Además, solicitó medidas cautelares para proteger su integridad y su historial profesional. 
El caso se encuentra en etapa de integración de pruebas, entre las que destacan transferencias electrónicas, conversaciones de WhatsApp y testimonios de otros exempleados que, según la denunciante, vivieron situaciones similares. El desarrollo de estas investigaciones determinará si el caso queda circunscrito a un conflicto laboral o si deriva en responsabilidades penales de mayor alcance dentro de la Comisión.  
Redacción