Los moches y milpas en la Comisión de Atención a Víctimas: un escándalo que cuestiona la imparcialidad de Lizeth Gallegos LozanoEn el corazón del gobierno de Morena en Puebla, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) —un organismo destinado a reparar el daño a los más vulnerables— se ha convertido en el epicentro de denuncias por extorsión laboral y presuntos "moches" sistemáticos.
Lo que comenzó como la queja aislada de una exasesora jurídica ha escalado a revelaciones de múltiples empleados que aseguran haber sido despojados de hasta el 16% de sus salarios mensuales, bajo la aparente complicidad de la titular, Lizeth Gallegos Lozano.
Pero más allá de los números, surge una duda razonable sobre la imparcialidad de Gallegos: una política con un historial de alianzas volátiles y rencillas personales en el mundillo cholulteco, ¿puede liderar un ente de justicia restaurativa sin que sus sombras políticas y familiares empañen su actuar?
El detonante fue la denuncia pública de Carolina Botello Baltazar, exasesora jurídica de la CEEAVI, quien el 2 de diciembre de 2025 reveló haber sido despedida tras negarse a entregar "derecho de piso" a su superiora directa, Lorena Medel García, directora de Asesoría Jurídica. Botello, quien ganaba alrededor de 36 mil pesos mensuales, asegura que Medel le exigió 6 mil pesos como cuota obligatoria para mantener su plaza de confianza —una práctica que, según ella, se extendía a subdirectores (4 mil pesos) y analistas (2-3 mil pesos).
"No era opcional; era el precio por trabajar", narró Botello en una entrevista con e-consulta, respaldada por capturas de WhatsApp y un audio donde Medel, según la exasesora, presiona por el pago. La CEEAVI respondió con un comunicado oficial el 3 de diciembre, afirmando que tanto Botello como Medel habían dejado el cargo "desde la semana pasada" por "pérdida de confianza", y negando cualquier vínculo con corrupción.
Sin embargo, el directorio oficial del organismo aún estaba a Medel como activa hasta el 5 de diciembre, lo que genera sospechas de un intento tardío por limpiar la imagen institucional.
Fuentes anónimas consultadas por este medio —vía WhatsApp y llamadas, como reportó e-consulta y eprensa — amplían el panorama: la práctica no era generalizada en la CEEAVI, sino selectiva, aplicada solo al "personal invitado" por Gallegos Lozano, muchos de ellos leales políticos de su círculo cholulteco. Estos "invitados" —alrededor de una docena, según las versiones— habrían aportado colectivamente unos 40 mil pesos mensuales a la titular, sumados a "pellizcos" en rubros como mantenimiento y fumigación.
Un video circulante en redes, grabado por el activista
En 2021, compitió por la alcaldía de San Andrés Cholula con Nueva Alianza, un partido ya disuelto, donde obtuvo un magro resultado.
Este zigzag partidista no es inusual en Puebla, pero en el contexto de la CEEAVI —creada para asistir a víctimas sin sesgos políticos— genera dudas. Reportes de Periódico Central revelan que bajo Gallegos, el personal de la comisión presionaba a víctimas para afiliarse a Morena, violando el principio de neutralidad.
Un caso emblemático: Fernando Juárez, un afectado por error judicial, denunció en septiembre de 2025 que funcionarios de la CEEAVI le condicionan apoyo a cambio de borrar publicaciones críticas contra el gobierno.
"¿Cómo puede una política con deudas electorales en Morena garantizar imparcialidad a víctimas de violencia o corrupción?", se pregunta un analista consultado por El Popular. Rencillas personales: el caso del ex cuñado y otros enredos cholultecosLa sombra más larga sobre Gallegos proviene de su vida privada, entrelazada con el pantano político de San Andrés Cholula. En 2012, durante una contienda por la diputación local del distrito 10, Gallegos —entonces militante del PRI— denunció públicamente a su ex cuñado, Alejandro Oaxaca Carreón, candidato, por supuestas amenazas y acoso durante la campaña.
Oaxaca Carreón, en esa época y figura recurrente en el PRI local, era descrito por Gallegos como un "fino ex cuñado" en la síntesis ejecutiva del ayuntamiento de Puebla, aludiendo a una viudez familiar inesperada que se volvió política.
La denuncia no prosperó judicialmente tras las "estrategias" legales emprendidas por el político cholulteca, pero dejó un rastro de animadversión que persiste en corrillos cholultecas, donde Oaxaca —ahora ligado en franca oposición a la 4T — es visto como un operador de bajo perfil con conexiones en el PAN, el PRI y grupos locales.
No es un caso aislado. En Cholula, Gallegos ha chocado con otros actores: en 2017, como coordinadora municipal del PSI, acusó a regidores locales de obstruir apoyos sociales por rivalidades partidistas. Y en 2021, su candidatura con Nueva Alianza generó fricciones con morenistas locales, como Karina Pérez Popoca, quien la tildó de "traidora" por su salto posterior al partido guinda.
Estas vendettas personales, ¿influyen en la selección de personal en la CEEAVI?
Empleados despedidos como Botello sugieren que sí: "El círculo de Lizeth está cerrado; si no pagas, sales", confió una fuente a Ambas Manos. En X (antes Twitter), el escándalo ha fermentado con rapidez.
El usuario
Mientras,
Botello, por su parte, anuncia demandas por despido injustificado y extorsión. Pero el silencio de Gallegos —quien rindió protesta en enero de 2025 sin cédula profesional registrada— alimenta la sospecha de encubrimiento.
En un estado donde Morena prometió erradicar la corrupción heredada, este caso expone grietas: ¿es Gallegos una víctima de ataques políticos, o el eslabón de una red que usa a las víctimas para autofinanciarse?
La respuesta podría venir pronto, pero mientras tanto, en Cholula y Puebla, el eco de los moches resuena como un recordatorio: la imparcialidad no se decreta; se prueba. O se pierde.
Lo que comenzó como la queja aislada de una exasesora jurídica ha escalado a revelaciones de múltiples empleados que aseguran haber sido despojados de hasta el 16% de sus salarios mensuales, bajo la aparente complicidad de la titular, Lizeth Gallegos Lozano.
Pero más allá de los números, surge una duda razonable sobre la imparcialidad de Gallegos: una política con un historial de alianzas volátiles y rencillas personales en el mundillo cholulteco, ¿puede liderar un ente de justicia restaurativa sin que sus sombras políticas y familiares empañen su actuar?
El detonante fue la denuncia pública de Carolina Botello Baltazar, exasesora jurídica de la CEEAVI, quien el 2 de diciembre de 2025 reveló haber sido despedida tras negarse a entregar "derecho de piso" a su superiora directa, Lorena Medel García, directora de Asesoría Jurídica. Botello, quien ganaba alrededor de 36 mil pesos mensuales, asegura que Medel le exigió 6 mil pesos como cuota obligatoria para mantener su plaza de confianza —una práctica que, según ella, se extendía a subdirectores (4 mil pesos) y analistas (2-3 mil pesos).
"No era opcional; era el precio por trabajar", narró Botello en una entrevista con e-consulta, respaldada por capturas de WhatsApp y un audio donde Medel, según la exasesora, presiona por el pago. La CEEAVI respondió con un comunicado oficial el 3 de diciembre, afirmando que tanto Botello como Medel habían dejado el cargo "desde la semana pasada" por "pérdida de confianza", y negando cualquier vínculo con corrupción.
Sin embargo, el directorio oficial del organismo aún estaba a Medel como activa hasta el 5 de diciembre, lo que genera sospechas de un intento tardío por limpiar la imagen institucional.
Fuentes anónimas consultadas por este medio —vía WhatsApp y llamadas, como reportó e-consulta y eprensa — amplían el panorama: la práctica no era generalizada en la CEEAVI, sino selectiva, aplicada solo al "personal invitado" por Gallegos Lozano, muchos de ellos leales políticos de su círculo cholulteco. Estos "invitados" —alrededor de una docena, según las versiones— habrían aportado colectivamente unos 40 mil pesos mensuales a la titular, sumados a "pellizcos" en rubros como mantenimiento y fumigación.
Un video circulante en redes, grabado por el activista
@Mr_Civico
, muestra a Medel operando bajo "instrucciones de arriba", lo que apunta directamente a Gallegos como la beneficiaria final. La CEEAVI, en su defensa, invocó su "política de cero tolerancia a la corrupción" y notificó al Órgano de Control Interno, pero hasta el 6 de diciembre no se ha anunciado investigación formal contra la titular. Antecedentes políticos: de Nueva Alianza a Morena, con paradas en el PRI y másLizeth Gallegos Lozano, de 45 años y originaria de Puebla capital, no es una novata en el juego político. Su trayectoria es un mosaico de lealtades cambiantes que invita a cuestionar su compromiso con la imparcialidad en un rol tan sensible como el de la CEEAVI. Inició en el PRI (2005-2017), donde fue secretaria general del Comité Directivo Municipal en San Andrés Cholula. Saltó al Pacto Social de Integración (PSI, 2017-2020), donde coordinó esfuerzos municipales en Cholula; luego a Fuerza por México (FxM, 2020-2024), y finalmente a Morena en 2024, como candidata suplente a diputada local por el distrito 18 (cabecera en Cholula de Rivadavia), detrás de la propietaria Nayeli Salvatori Bojalil. En 2021, compitió por la alcaldía de San Andrés Cholula con Nueva Alianza, un partido ya disuelto, donde obtuvo un magro resultado.
Este zigzag partidista no es inusual en Puebla, pero en el contexto de la CEEAVI —creada para asistir a víctimas sin sesgos políticos— genera dudas. Reportes de Periódico Central revelan que bajo Gallegos, el personal de la comisión presionaba a víctimas para afiliarse a Morena, violando el principio de neutralidad.
Un caso emblemático: Fernando Juárez, un afectado por error judicial, denunció en septiembre de 2025 que funcionarios de la CEEAVI le condicionan apoyo a cambio de borrar publicaciones críticas contra el gobierno.
"¿Cómo puede una política con deudas electorales en Morena garantizar imparcialidad a víctimas de violencia o corrupción?", se pregunta un analista consultado por El Popular. Rencillas personales: el caso del ex cuñado y otros enredos cholultecosLa sombra más larga sobre Gallegos proviene de su vida privada, entrelazada con el pantano político de San Andrés Cholula. En 2012, durante una contienda por la diputación local del distrito 10, Gallegos —entonces militante del PRI— denunció públicamente a su ex cuñado, Alejandro Oaxaca Carreón, candidato, por supuestas amenazas y acoso durante la campaña.
Oaxaca Carreón, en esa época y figura recurrente en el PRI local, era descrito por Gallegos como un "fino ex cuñado" en la síntesis ejecutiva del ayuntamiento de Puebla, aludiendo a una viudez familiar inesperada que se volvió política.
La denuncia no prosperó judicialmente tras las "estrategias" legales emprendidas por el político cholulteca, pero dejó un rastro de animadversión que persiste en corrillos cholultecas, donde Oaxaca —ahora ligado en franca oposición a la 4T — es visto como un operador de bajo perfil con conexiones en el PAN, el PRI y grupos locales.
No es un caso aislado. En Cholula, Gallegos ha chocado con otros actores: en 2017, como coordinadora municipal del PSI, acusó a regidores locales de obstruir apoyos sociales por rivalidades partidistas. Y en 2021, su candidatura con Nueva Alianza generó fricciones con morenistas locales, como Karina Pérez Popoca, quien la tildó de "traidora" por su salto posterior al partido guinda.
Estas vendettas personales, ¿influyen en la selección de personal en la CEEAVI?
Empleados despedidos como Botello sugieren que sí: "El círculo de Lizeth está cerrado; si no pagas, sales", confió una fuente a Ambas Manos. En X (antes Twitter), el escándalo ha fermentado con rapidez.
El usuario
@Mr_Civico
compartió un video exclusivo de la operación de Medel, etiquetando a legisladores como @MLopezSanMartin
y @BravoLucy
, exigiendo respuestas: "¿Cómo se reparten los moches? ¿Instrucción de arriba?" Otro tuitero, @periodistasoy
, director de e-consulta, amplifica las voces de empleados: "No es la única; es un patrón".Mientras,
@marco_descalzo
cuestiona la cadena de mando: "Si los superiores no actúan, ¿cuántos peldaños más para encontrar honestidad?". ¿Hacia una investigación real?Hasta el 6 de diciembre, la CEEAVI insiste en que los servicios son "totalmente gratuitos" y que las acusaciones son "infundadas".Botello, por su parte, anuncia demandas por despido injustificado y extorsión. Pero el silencio de Gallegos —quien rindió protesta en enero de 2025 sin cédula profesional registrada— alimenta la sospecha de encubrimiento.
En un estado donde Morena prometió erradicar la corrupción heredada, este caso expone grietas: ¿es Gallegos una víctima de ataques políticos, o el eslabón de una red que usa a las víctimas para autofinanciarse?
La respuesta podría venir pronto, pero mientras tanto, en Cholula y Puebla, el eco de los moches resuena como un recordatorio: la imparcialidad no se decreta; se prueba. O se pierde.
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