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2025 en Puebla: Un Año Marcado por la Corrupción y la Impunidad en los MunicipiosEl año 2025 ha sido uno de los más convulsos en la historia reciente de la política municipal en Puebla, con un total de 14 presidentes municipales y exediles involucrados en escándalos que van desde detenciones por delitos graves hasta abusos de autoridad y vínculos con el crimen organizado. Este periodo, que inició con las administraciones recién electas en 2024, se convirtió rápidamente en un reflejo de la infiltración del poder local por redes criminales, nepotismo y malversación de recursos. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, apoyada en ocasiones por fuerzas federales, llevó a cabo operativos que expusieron estas redes, pero también destacaron la dificultad para erradicar cacicazgos arraigados y la lentitud en la rendición de cuentas.El caso más resonante fue el del "Clan González Vieyra", una familia que controlaba tres municipios en la Sierra Norte y el Valle de Serdán durante más de dos décadas. Los hermanos Ramiro, Uruviel y Giovanni González Vieyra, postulados por Movimiento Ciudadano, fueron señalados por una amplia gama de delitos. En marzo de 2025, un operativo conjunto entre la FGE, Sedena, Marina y Guardia Nacional cateó propiedades familiares, decomisando armas de fuego exclusivas del Ejército, dosis de drogas, vehículos robados y hasta animales exóticos. Uruviel (alcalde de Ciudad Serdán) y Giovanni (de Tlachichuca) fueron detenidos junto con su padre, Ramiro Margarito González Navarro, por cargos iniciales de extorsión, secuestro y asociación delictuosa. Ramiro, edil de San Nicolás Buenos Aires, inicialmente evadió la captura gracias a una turba de pobladores que bloqueó a las autoridades, pero fue aprehendido en mayo tras revocarse un amparo.Las investigaciones revelaron que el clan operaba con impunidad, utilizando posiciones públicas para encubrir actividades como huachicoleo eléctrico, robo de transporte y enfrentamientos que involucraron el asesinato de agentes federales. Además, auditorías detectaron irregularidades por más de 41 millones de pesos en cuentas públicas de 2023 en sus municipios. Giovanni obtuvo una libertad temporal en diciembre, solo para ser reaprehendido inmediatamente por abuso de autoridad adicional. Los tres municipios quedaron bajo Concejos Municipales tras la disolución de cabildos, y el partido Movimiento Ciudadano sufrió un colapso en la región, perdiendo control en varios ayuntamientos. Este caso no solo expuso un cacicazgo familiar, sino cómo partidos políticos postularon perfiles cuestionados, contribuyendo a la ingobernabilidad.Otro escándalo que generó repercusiones nacionales involucró a Fidel Flores Concha, alcalde morenista de Oriental. En octubre, durante su primer informe de gobierno, Flores agradeció públicamente a Nazario Ramírez Ramírez, un empresario transportista presentado como benefactor local. Días después, Nazario fue detenido en Guadalajara por la FGR como operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de extorsión, narcomenudeo, lavado de dinero y cooptación de autoridades. Nazario controlaba rutas de transporte bajo fachada sindical de la CTM, facilitando logística para el cártel en Puebla y Jalisco. El alcalde negó vínculos delictivos, bromeando sobre su "fama" creciente, pero el caso reavivó sospechas sobre sus lazos familiares con Jorge Flores Concha "El Tortas", fundador de la Fuerza Anti-Unión Tepito, aliada del CJNG. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó revisiones federales, y diputados locales exigieron investigaciones exhaustivas. Este incidente ilustró cómo figuras "empresariales" se infiltran en la política local, financiando campañas y obras a cambio de protección.En Piaxtla, Miguel Ángel Maceda Carrera, reelecto por el PT, contrastó su ostentación personal con la pobreza extrema de su municipio (índice superior al 68%). Presumió viajes lujosos a Brasil para promover su empresa de transporte, mientras enfrentaba críticas por opacidad en informes y restricciones a la prensa. Anteriormente absuelto en un caso de homicidio, su administración priorizó promociones personales sobre infraestructura básica.Alfredo Ramírez Hernández, exalcalde de Ahuazotepec, permanece prófugo desde mayo tras cateos que hallaron armas, drogas y evidencia de huachicoleo eléctrico para criptomonedas. Su hijo fue detenido, y el edil solicitó licencias indefinidas antes de desaparecer.Similarmente, Gerardo Cortés Caballero, exedil de Cuautempan por coalición PT-Morena, huyó tras operativos que decomisaron armas, drogas y vehículos robados, incluso en instalaciones municipales. Acusado de extorsión, secuestro y uso de patrullas clonadas para "levantones", su red nepotista colapsó con la intervención de concejos.Abdi Abihud Ramírez Pérez, priista de Olintla, malversó recursos en un evento del Día del Padre con bailarinas exóticas ante menores, priorizando espectáculos sobre necesidades esenciales.Mario Díaz Hernández, de Libres por PVEM, autorizó peleas de gallos en ferias que derivaron en ejecuciones por riñas, contradiciendo posturas ecológicas de su partido.En Acatzingo, Germán Coleote Jiménez enfrentó caos por inseguridad, culminando en quema de presidencia por mototaxistas.Eliseo Morales Rosales, de Izúcar de Matamoros, emitió discursos misóginos durante fiestas patrias, promoviendo la zona de tolerancia y culpabilizando a mujeres.Iván Camacho Romero, de Cuyoaco por PRI, viralizó por prepotencia en incidentes viales y amenazas a ciudadanos.Cristian Flores Flores, de Acajete, encubrió acoso sexual por parte de su secretario, represaliando a la denunciante.Finalmente, Guadalupe Bárcenas, morenista de Acatlán de Osorio, denunció chantaje a periodistas críticos de su nepotismo e inseguridad creciente, incluyendo ataques a su vivienda.Estos 14 casos acumularon detenciones (al menos 5 en prisión o procesados), fugas (2 prófugos principales) y escándalos mediáticos que erosionaron la confianza en los 217 municipios poblanos. Representan partidos diversos: Morena, PRI, PT, MC, PVEM, evidenciando un problema transversal. La infiltración criminal, como en los casos CJNG y huachicoleo, resalta vulnerabilidades en rutas clave como la Puebla-Orizaba. Auditorías revelan millones no comprobados, mientras comunidades sufren rezago. Al cierre de 2025, con operativos federales y estatales intensificados, surge un llamado a reformas en postulación de candidatos, vigilancia electoral y mecanismos anticorrupción. Puebla necesita urgentemente limpiar sus ayuntamientos para evitar que 2026 repita esta deshonra.