El amparo de Uber: Cuando la gig economy choca con el control estatal en Puebla
Puebla, 10 de diciembre de 2025 – En un movimiento que huele a déjà vu de las batallas regulatorias que han marcado la expansión de las plataformas digitales en México, Uber interpuso un amparo judicial para esquivar los nuevos requisitos impuestos por el gobierno de Alejandro Armenta, requisitos que podrían sellar el destino de sus operaciones en el estado o, al menos, forzar una metamorfosis en su modelo de negocio.
El permiso de operación, concedido hace una década y que vence el 15 de diciembre, pende de un hilo: sin renovación, más de 7 mil vehículos –y los 10 mil conductores que dependen de ellos– podrían quedar varados en el limbo, un golpe a la movilidad urbana de la Angelópolis y expondría las fisuras de un sistema donde el avance tecnológico tropieza con demandas laborales y fiscales enquistadas. Silvia Tanús Osorio, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), confirmó la concesión del amparo por un juez federal, pero no tardó en recurrir la decisión:
"No es una suscripción definitiva; yo creo que todo va a salir bien", declaró con esa mezcla de optimismo oficial y firmeza que define las declaraciones gubernamentales en estos embrollos. Mientras el diálogo se mantiene –o eso aseguran ambas partes–, el caso destapa un viejo antagonismo: la gig economy, con su promesa de libertad precaria, frente a un estado que reclama su tajada en seguridad social, equidad y control territorial, un pulso que podría redefinir no solo a Uber, sino al ecosistema de transporte en Puebla, donde taxis tradicionales claman por "piso parejo" y usuarios temen un regreso al caos vial pre-aplicaciones.
El núcleo del conflicto radica en una maraña de obligaciones que el gobierno poblano –alineado con reformas federales impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum– exige para cualquier renovación: el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), un domicilio fiscal y social en Puebla, la inscripción obligatoria de conductores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), certificaciones vehiculares actualizadas, y la eliminación de servicios como Uber Moto, prohibido por la ley local por riesgos de seguridad. Tanús Osorio lo resumió sin ambages: "Uber tiene disposición de cumplir con la ley, pero el amparo es un mecanismo para evitarlo temporalmente".
La plataforma, por su parte, guarda silencio oficial, pero fuentes internas filtradas a medios locales sugieren que el recurso busca impugnar la constitucionalidad de estos requisitos, argumentando que violan principios de libre competencia y carga administrativa excesiva, un eco de litigios similares en estados como Quintana Roo o la Ciudad de México.
Si el amparo prospera, Uber podría operar in statu quo hasta una resolución superior; si no, el 16 de diciembre las patrullas de la SMT podrían empezar a cazar "piratas" digitales, un escenario que ya se vislumbra en operativos recientes donde se revisaron más de 19 mil unidades de transporte público, extendiendo ahora la lupa a apps como DiDi e InDrive.
Esta no es la primera vez que Uber y Puebla se enzarzan en un duelo legal que trasciende lo técnico para rozar lo político. Retrocedamos a 2017, cuando la llegada de la plataforma desató protestas masivas de taxistas –apoyados por el entonces gobernador Antonio Gali– que bloquearon avenidas y exigieron regulaciones estrictas; Uber respondió con amparos que le permitieron sobrevivir, pero a costa de concesiones parciales como revisiones vehiculares voluntarias.
En febrero de 2025, el clímax: una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por "ataques a las vías generales de comunicación" tras la multa de 18 mil pesos por operar Uber Moto, un servicio que el gobierno tachó de "inseguro" por carecer de frenos ABS, cinturones y seguros adecuados.
"Los usuarios no reciben un servicio de calidad", arremetió entonces la SMT, un reclamo que hoy se amplifica con el ultimátum de Armenta, enfocado en derechos laborales: la gig economy, que clasifica a conductores como "socios independientes", choca con la reforma laboral federal que los equipara a empleados, obligando a plataformas a cubrir IMSS y prestaciones.
El diputado Elpidio Díaz Escobar, presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local, no escatimó en críticas: "Estoy en contra de que haya plataformas; generan desequilibrios mientras los transportistas tradicionales pagan concesiones", un sentir que resuena en el gremio taxista, que ve en Uber un depredador que acapara el 70% del mercado ejecutivo sin invertir en la misma infraestructura.
Las implicaciones de este pulso trascienden Puebla: un cese de operaciones afectaría no solo a los 7 mil vehículos de Uber –que mueven diariamente cientos de miles de viajes en una metrópoli congestionada–, sino a un ecosistema frágil donde conductores, muchos de ellos jefes de familia en la informalidad, dependen de comisiones variables para sobrevivir. Usuarios, habituados a la comodidad post-pandemia, enfrentarían un vacío que ni el transporte público –aún modernizando con subsidios estatales– ni taxis tradicionales podrían llenar de inmediato, potencialmente disparando tarifas y tiempos de espera. Expertos en movilidad, como el urbanista poblano Javier López, advierten de un "efecto dominó":
"Regularizar es justo, pero el enfoque punitivo podría ahuyentar la inversión extranjera y agravar la desigualdad, ya que el 60% de conductores de apps ganan menos del salario mínimo".
El gobierno, por su lado, defiende la medida como un paso hacia la "equidad sectorial", con estímulos fiscales para revisiones vehiculares que ya beneficiaron a permisionarios, pero críticos la ven como proteccionismo disfrazado, un vestigio de cacicazgos locales que resisten la disrupción digital. Mientras Tanús Osorio insiste en el diálogo –"La puerta está abierta hasta el 15"–, el amparo de Uber se perfila como un gambito audaz: ¿cederá la plataforma a las demandas estatales, o escalará el caso a la Suprema Corte, convirtiendo Puebla en el nuevo frente de una guerra nacional por el alma de la movilidad compartida? En un país donde el asfalto es testigo de desigualdades, este choque recuerda que la libertad de innovar tiene un precio: el de no dejar a nadie atrás, ni siquiera en el asiento del conductor.***
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