60 años de cárcel por feminicidio de Monzón

Pena máxima para el viejo priista: cierra el caso Monzón, el juicio por feminicidio más largo y tortuoso de MéxicoEn los últimos días de 2025, un Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género en Puebla dictó la pena máxima de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación en la era marinista, excandidato a la gubernatura por el PRI y figura emblemática de ese priismo poblano que huele a impunidad y a viejos pactos en la sombra. Junto a él, sus cómplices materiales –su sobrino Jair Mauricio Domínguez y el sicario Silvestre Vargas Ramírez– recibieron idéntica condena por el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, la abogada y activista que el 21 de mayo de 2022 fue acribillada a balazos mientras conducía su camioneta en San Pedro Cholula.Este fallo no es solo una sentencia: es el cierre forzoso de un proceso judicial que se convirtió en el más largo de la historia mexicana en materia de feminicidio, con más de 80 audiencias extendidas a lo largo de ocho meses de juicio oral y tres años y siete meses desde el crimen hasta la resolución definitiva. Un vía crucis marcado por tácticas dilatorias, amparos interminables y maniobras legales que parecían diseñadas para desgastar a las víctimas indirectas y perpetuar la sensación de que, en México, el poder político viejo puede todo.Cecilia Monzón no era una mujer cualquiera. Abogada penalista de doble nacionalidad –mexicana y española–, activista incansable en la defensa de mujeres víctimas de violencia, madre de un niño pequeño, había osado enfrentar públicamente a su expareja: Javier López Zavala. Lo demandó por violencia familiar, por incumplimiento en la pensión alimenticia y por los derechos parentales sobre su hijo común. Esas demandas, documentadas y públicas, se convirtieron en el móvil irrefutable del crimen. Zavala, un político que en 2010 estuvo a punto de gobernar Puebla y que formó parte del aparato represor durante el gobierno de Mario Marín –el mismo que hoy purga condena por torturar a la periodista Lydia Cacho–, no toleró que una mujer lo desafiara en los tribunales y en la opinión pública.El 21 de mayo de 2022, a plena luz del día, dos hombres en motocicleta alcanzaron la camioneta de Cecilia en el Camino Real a Momoxpan. Silvestre Vargas, el ejecutor, disparó seis o siete veces directamente contra ella. Murió en el acto. La planeación fue meticulosa: comunicaciones interceptadas, vehículos prestados, acciones para garantizar la huida y la impunidad. Zavala proporcionó los medios y la orden; su sobrino Jair lo facilitó todo. La Fiscalía de Puebla, presionada por la indignación nacional e internacional, logró acreditar el entramado.Pero la justicia llegó tarde y a rastras. El proceso estuvo plagado de obstáculos. Las defensas de los acusados recurrieron a todo: alegatos de tortura en confesiones, peticiones de sobreseimiento, amparos que frenaban sentencias paralelas por violencia familiar. En uno de esos episodios, un tribunal colegiado llegó incluso a revocar una condena previa de seis años contra Zavala por violencia familiar, argumentando tecnicismos procesales absurdos. Helena Monzón, hermana de la víctima y abogada que lideró la batalla legal desde España –donde la familia tuvo que exiliarse parcialmente por amenazas–, denunció una y otra vez estas maniobras como complicidad institucional.El juicio oral inició finalmente en abril de 2025, tras años de retrasos. Más de 80 audiencias, testimonios, peritajes, pruebas telefónicas que demostraron la coordinación del ataque. La defensa pidió penas mínimas de 40 años; la Fiscalía y la familia exigieron la máxima. El tribunal, al fin, optó por lo segundo, agravando la sanción por el comportamiento impune de los acusados incluso durante el proceso. Además de los 60 años, multa de mil UMAs, reparación del daño moral por tres mil UMAs, indemnización por mil 200 más, privación de derechos políticos y una obligación inédita: la Secretaría de Salud estatal deberá garantizar tratamiento psicológico especializado al hijo menor de Cecilia, mientras la Fiscalía vigilará el cumplimiento.Este caso no queda en la mera condena. De las cenizas de Cecilia surgió la "Ley Monzón", aprobada primero en Puebla y replicada en varias entidades: una reforma que suspende automáticamente la patria potestad a padres vinculados a proceso por feminicidio contra la madre de sus hijos, y la retira definitivamente si hay condena. Un padre que mata a la madre no puede ser tutor ni convivir con el menor desde prisión. Es un precedente que protege a las víctimas indirectas –los huérfanos de feminicidio– y que nació precisamente de la lucha de Helena Monzón y colectivos feministas que no bajaron la guardia.En un país donde nueve de cada diez feminicidios quedan impunes, donde diez mujeres son asesinadas al día por razón de género, el caso Monzón representa una excepción dolorosa pero esperanzadora. Excepción porque llegó a sentencia máxima contra un poderoso expolítico; dolorosa porque tardó años, desgastó a una familia, obligó al exilio y expuso las grietas del sistema judicial poblano, heredero de aquel marinismo autoritario. Pero esperanzadora porque demuestra que la presión social sostenida –de colectivos, de medios, del Consulado de España, de organizaciones internacionales– puede romper la impunidad.Helena Monzón, al salir de la audiencia final, lo dijo claro: "Sirva el legado de Cecilia para una justicia más cercana y digna para todas las mujeres". Un legado que trasciende Puebla: la sentencia marca un antes y un después en la persecución de feminicidios con perspectiva de género, en un México donde la violencia machista sigue siendo pandemia.Sin embargo, no todo es celebración. Quedan apelaciones posibles, reservas de acciones civiles para cuantificar daños materiales y lucro cesante. El hijo de Cecilia crecerá sin madre, con un padre en prisión por ordenar su asesinato. Y mientras tanto, en las calles de Puebla y del país entero, otras mujeres siguen denunciando, enfrentando a sus agresores, arriesgando la vida por exigir lo básico: respeto, manutención, libertad.El caso Monzón cierra un capítulo, pero abre muchos otros. Recordatorio crudo de que en México la justicia para las mujeres no es regalo del Estado: se arranca con lucha, con dolor, con años de batalla. Cecilia no volverá, pero su nombre ya es ley, y su ejemplo –el de una mujer que no se calló– perdurará como advertencia para los poderosos que creen que pueden eliminar a quien les incomoda.