Condena máxima por feminicidio en PueblaEl Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el penal de San Miguel dictó el 31 de diciembre de 2025 la sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, exfuncionario y excandidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional, como autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez.
La misma pena se impuso a sus cómplices: Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político y responsable de la logística del ataque, y Silvestre Vargas Ruiz, identificado como el ejecutor material que disparó contra la víctima. Además de la privación de libertad, los tres condenados deberán cubrir una multa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 113 mil pesos, así como 3,000 UMA por reparación del daño moral y 1,200 UMA por indemnización, lo que suma una carga económica significativa dirigida a las víctimas indirectas, incluyendo al hijo menor de edad que Monzón compartía con López Zavala.
Esta resolución cierra un proceso judicial que se extendió por más de tres años, marcado por múltiples recursos dilatorios interpuestos por la defensa, y que incluyó más de 80 audiencias en ocho meses de juicio oral.
El crimen ocurrió el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, cuando Cecilia Monzón fue interceptada mientras conducía su vehículo y recibió múltiples disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta.
La investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla estableció la premeditación y alevosía en los hechos, acreditando que López Zavala planeó el ataque en un contexto de conflictos legales previos con la víctima, relacionados con demandas de pensión alimenticia y derechos parentales sobre su hijo en común.
La carga probatoria incluyó evidencia científica, testimonios y datos técnicos que permitieron al tribunal desestimar los argumentos de la defensa y confirmar la responsabilidad penal de los tres implicados.
Previo a esta sentencia, López Zavala había sido condenado a seis años de prisión por violencia familiar contra Monzón, lo que agravó su situación como reincidente. El fallo representa la aplicación de la pena máxima prevista en el Código Penal estatal para el delito de feminicidio, y pone fin a la prisión preventiva de los acusados, iniciando la fase de ejecución penal con su traslado definitivo a centros de reinserción social. El caso adquirió relevancia nacional por el perfil político de Javier López Zavala, quien ocupó cargos como secretario de Gobernación estatal durante la administración de Mario Marín, director general del DIF estatal y diputado local, además de haber contendido por la gubernatura en 2010.
La sentencia ha sido calificada como un precedente en el juzgamiento de exfuncionarios de alto nivel involucrados en delitos de violencia de género, al incorporar perspectiva de género en el proceso y considerar agravantes como el actuar impune de los condenados antes y durante el juicio. El asesinato de Monzón impulsó reformas legislativas, entre ellas la aprobación de la llamada "Ley Monzón" en Puebla y otros estados, que establece la suspensión automática y eventual pérdida definitiva de la patria potestad para padres vinculados o condenados por feminicidio contra la madre de sus hijos. Con esta resolución, el sistema judicial poblano concluye uno de los procesos más prolongados y complejos en materia de feminicidio, destacando la solidez de la investigación fiscal y la priorización de la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.
[31 de diciembre de 2025] | Redacción EPrensa:
La misma pena se impuso a sus cómplices: Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político y responsable de la logística del ataque, y Silvestre Vargas Ruiz, identificado como el ejecutor material que disparó contra la víctima. Además de la privación de libertad, los tres condenados deberán cubrir una multa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 113 mil pesos, así como 3,000 UMA por reparación del daño moral y 1,200 UMA por indemnización, lo que suma una carga económica significativa dirigida a las víctimas indirectas, incluyendo al hijo menor de edad que Monzón compartía con López Zavala.
Esta resolución cierra un proceso judicial que se extendió por más de tres años, marcado por múltiples recursos dilatorios interpuestos por la defensa, y que incluyó más de 80 audiencias en ocho meses de juicio oral.
El crimen ocurrió el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, cuando Cecilia Monzón fue interceptada mientras conducía su vehículo y recibió múltiples disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta.
La investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla estableció la premeditación y alevosía en los hechos, acreditando que López Zavala planeó el ataque en un contexto de conflictos legales previos con la víctima, relacionados con demandas de pensión alimenticia y derechos parentales sobre su hijo en común.
La carga probatoria incluyó evidencia científica, testimonios y datos técnicos que permitieron al tribunal desestimar los argumentos de la defensa y confirmar la responsabilidad penal de los tres implicados.
Previo a esta sentencia, López Zavala había sido condenado a seis años de prisión por violencia familiar contra Monzón, lo que agravó su situación como reincidente. El fallo representa la aplicación de la pena máxima prevista en el Código Penal estatal para el delito de feminicidio, y pone fin a la prisión preventiva de los acusados, iniciando la fase de ejecución penal con su traslado definitivo a centros de reinserción social. El caso adquirió relevancia nacional por el perfil político de Javier López Zavala, quien ocupó cargos como secretario de Gobernación estatal durante la administración de Mario Marín, director general del DIF estatal y diputado local, además de haber contendido por la gubernatura en 2010.
La sentencia ha sido calificada como un precedente en el juzgamiento de exfuncionarios de alto nivel involucrados en delitos de violencia de género, al incorporar perspectiva de género en el proceso y considerar agravantes como el actuar impune de los condenados antes y durante el juicio. El asesinato de Monzón impulsó reformas legislativas, entre ellas la aprobación de la llamada "Ley Monzón" en Puebla y otros estados, que establece la suspensión automática y eventual pérdida definitiva de la patria potestad para padres vinculados o condenados por feminicidio contra la madre de sus hijos. Con esta resolución, el sistema judicial poblano concluye uno de los procesos más prolongados y complejos en materia de feminicidio, destacando la solidez de la investigación fiscal y la priorización de la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.
[31 de diciembre de 2025] | Redacción EPrensa:
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