Despiden a trabajadores del Registro Civil

Despido masivo sin previo aviso en el Registro Civil de PueblaLa Dirección General del Registro del Estado Civil en Puebla procedió al despido de aproximadamente 50 trabajadores durante los primeros días de enero de 2026, en una medida que se ejecutó de manera inmediata y sin notificación previa a los afectados. Los empleados, que desempeñaban funciones administrativas y operativas en diversas oficialías del registro civil estatal, se presentaron a sus centros de trabajo habituales para encontrar que ya no tenían acceso a los sistemas institucionales ni autorización para ingresar a las instalaciones. La decisión, adoptada en el contexto de una reestructuración administrativa no detallada públicamente, dejó a los trabajadores sin oportunidad de preparación ni de respuesta inmediata ante la terminación de su relación laboral. Este procedimiento generó confusión entre el personal, ya que no se les proporcionó documentación formal que justificara la medida ni se les informó sobre posibles indemnizaciones o derechos laborales derivados de la Ley Federal del Trabajo y la normativa estatal aplicable a servidores públicos.Los afectados, en su mayoría personal de base o con antigüedad considerable en la dependencia, manifestaron que la acción se llevó a cabo de forma abrupta, sin que mediara un proceso de evaluación individual o colectiva que permitiera argumentar o impugnar la resolución. La falta de preaviso impidió que pudieran organizar su situación económica o buscar alternativas laborales en un plazo razonable, situación que se agravó por el impacto en familias dependientes de estos ingresos. En el ámbito del servicio público estatal, despidos de esta magnitud requieren, según la legislación vigente, procedimientos que garanticen el debido proceso, incluyendo notificaciones formales y la posibilidad de audiencia previa, elementos que en este caso no se observaron. La medida coincide con el inicio del año fiscal y administrativo, periodo en el que frecuentemente se ajustan plantillas en dependencias gubernamentales para alinearse a presupuestos o directrices de eficiencia, aunque en esta ocasión no se ha precisado el motivo oficial que sustente la reducción de personal. Hasta el momento, no se han reportado acciones formales de protesta colectiva ni intervenciones de instancias laborales como la Secretaría del Trabajo o tribunales competentes, pero el caso pone de manifiesto las vulnerabilidades que enfrentan los trabajadores del sector público cuando las decisiones administrativas se implementan sin mecanismos de transparencia y protección laboral adecuados.[9 de enero de 2026]