Antonio Valente Martínez Fuentes, conocido como "El Toñín", enfrenta investigaciones federales y estatales por su presunta participación en un intento de linchamiento contra elementos de la Marina en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, ocurrido en diciembre de 2024.
El incidente involucró la retención de marinos, el incendio de una unidad naval y la privación ilegal de la libertad, hechos revelados por el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles durante una conferencia de prensa. La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), solicitando intervención federal para la detención de "El Toñín", quien se ostenta como agricultor en la región pero es señalado como líder de actividades ilícitas relacionadas con el huachicol. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ejercido presión sobre la FGR para avanzar en las indagatorias, destacando los vínculos de Martínez Fuentes con bloqueos carreteros y disputas por la Ley de Aguas, lo que ha generado tensiones en la zona de la autopista Puebla-Orizaba. Estas acciones han derivado en acusaciones adicionales por violencia política de género contra periodistas y funcionarios, sumándose a carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.Los antecedentes de Antonio Valente Martínez Fuentes incluyen múltiples señalamientos por liderazgo en grupos dedicados al robo de combustibles en la región de Puebla, con episodios documentados desde 2017, como enfrentamientos con el Ejército Mexicano en operativos contra el huachicol que dejaron saldos fatales. Su reaparición en bloqueos recientes, como el de diciembre de 2025 contra la Ley de Aguas, lo posiciona como vocero de grupos de campesinos y agricultores en Quecholac, aunque autoridades lo vinculan a redes delictivas que utilizan estas protestas para encubrir actividades ilegales. Conflictos históricos abarcan choques con administraciones estatales previas, incluyendo acusaciones de corrupción y persecución política durante periodos de 2005 a 2022, donde se le identifica como figura central en bandas extractoras de hidrocarburos. Su hija, Guadalupe Martínez, alcaldesa de Quecholac, ha sido mencionada en contextos de influencia familiar, con amagos de acciones legales contra medios de comunicación que reportan estos hechos. No se registran auditorías formales en los registros públicos consultados, pero las indagatorias en curso por la FGR y la Fiscalía estatal mantienen abierto el escrutinio sobre sus operaciones, enfocadas en desmantelar redes de huachicol que operan en múltiples estados, incluyendo Puebla, con impactos en la seguridad y la economía local.
El incidente involucró la retención de marinos, el incendio de una unidad naval y la privación ilegal de la libertad, hechos revelados por el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles durante una conferencia de prensa. La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), solicitando intervención federal para la detención de "El Toñín", quien se ostenta como agricultor en la región pero es señalado como líder de actividades ilícitas relacionadas con el huachicol. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ejercido presión sobre la FGR para avanzar en las indagatorias, destacando los vínculos de Martínez Fuentes con bloqueos carreteros y disputas por la Ley de Aguas, lo que ha generado tensiones en la zona de la autopista Puebla-Orizaba. Estas acciones han derivado en acusaciones adicionales por violencia política de género contra periodistas y funcionarios, sumándose a carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.Los antecedentes de Antonio Valente Martínez Fuentes incluyen múltiples señalamientos por liderazgo en grupos dedicados al robo de combustibles en la región de Puebla, con episodios documentados desde 2017, como enfrentamientos con el Ejército Mexicano en operativos contra el huachicol que dejaron saldos fatales. Su reaparición en bloqueos recientes, como el de diciembre de 2025 contra la Ley de Aguas, lo posiciona como vocero de grupos de campesinos y agricultores en Quecholac, aunque autoridades lo vinculan a redes delictivas que utilizan estas protestas para encubrir actividades ilegales. Conflictos históricos abarcan choques con administraciones estatales previas, incluyendo acusaciones de corrupción y persecución política durante periodos de 2005 a 2022, donde se le identifica como figura central en bandas extractoras de hidrocarburos. Su hija, Guadalupe Martínez, alcaldesa de Quecholac, ha sido mencionada en contextos de influencia familiar, con amagos de acciones legales contra medios de comunicación que reportan estos hechos. No se registran auditorías formales en los registros públicos consultados, pero las indagatorias en curso por la FGR y la Fiscalía estatal mantienen abierto el escrutinio sobre sus operaciones, enfocadas en desmantelar redes de huachicol que operan en múltiples estados, incluyendo Puebla, con impactos en la seguridad y la economía local.
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